Tema 22 — El sistema financiero

Derecho Civil y Mercantil. Economía · Anexo I.1.1 Cuerpo Técnico de Hacienda · Ingreso libre y promoción interna

1. El sistema financiero: concepto, elementos y estructura española.
2. El Banco Central: el Eurosistema, el BCE y el Banco de España.
3. Los bancos comerciales y otros intermediarios financieros.

Epígrafe 1 — El sistema financiero: concepto, elementos y estructura española

1. El problema económico que resuelve un sistema financiero

Toda economía se enfrenta cada año a una descoordinación elemental: quien ahorra no es, por lo general, quien invierte. Un matrimonio de Girona que aparta 300 euros al mes no tiene ni la intención ni el tamaño para levantar una nave industrial, y la empresa que quiere levantarla no dispone del dinero. En términos macroeconómicos, las unidades de gasto con superávit (las que ingresan más de lo que gastan en consumo e inversión, típicamente los hogares) coexisten con unidades de gasto con déficit (las que gastan más de lo que ingresan, típicamente las empresas y las Administraciones públicas). La contabilidad nacional garantiza que, a posteriori, el ahorro agregado iguale a la inversión agregada, pero esa identidad no dice nada de lo que de verdad importa: cómo viaja el ahorro desde el primer bolsillo hasta el segundo.

Sistema financiero · instituciones, mercados y activos

El sistema financiero de un país es el conjunto de instituciones, mercados y activos financieros cuya finalidad es canalizar el ahorro de las unidades de gasto con superávit hacia la inversión de las unidades de gasto con déficit, en las condiciones de plazo, importe y riesgo que unas y otras desean.

De la definición se extraen ya los tres elementos que este epígrafe desarrolla, y que se fijan en este orden porque cada uno se apoya en el anterior:

2. Las funciones del sistema financiero

La función genérica —canalizar el ahorro— se despliega en cinco funciones concretas que hay que saber enumerar y, más importante, saber distinguir.

a) Canalizar el ahorro hacia la inversión, y hacerlo eficientemente. No basta con que el dinero llegue: tiene que llegar a los proyectos más rentables para el nivel de riesgo asumido. El sistema financiero cumple así una función asignativa: el precio al que cada proyecto obtiene financiación (el tipo de interés que paga, la valoración de sus acciones) actúa como filtro. Un sistema que financia con la misma facilidad al proyecto bueno y al malo está fallando aunque mueva mucho dinero, y la crisis inmobiliaria española de 2008 es el ejemplo doméstico de manual.

b) Transformar plazos e importes. El ahorrador quiere corto plazo y disponibilidad; el inversor necesita largo plazo y compromiso. El intermediario se coloca en medio y asume esa discrepancia: capta depósitos a la vista y concede hipotecas a treinta años. Simultáneamente transforma importes, agregando miles de aportaciones pequeñas en una financiación grande. Esta doble transformación es la razón de ser económica de un banco, y también su fragilidad congénita: si todos los depositantes reclaman su dinero el mismo día, el activo no se puede liquidar a tiempo.

c) Transformar, diversificar y distribuir riesgos. El ahorrador que compra una participación de un fondo de inversión asume el riesgo medio de una cartera de doscientas empresas, no el riesgo concreto de una. El sistema no hace desaparecer el riesgo —alguien lo soporta siempre—, sino que lo reparte entre quienes están mejor dispuestos a asumirlo y a un precio. Los seguros y los derivados son la manifestación más pura de esta función.

d) Proveer liquidez y gestionar los sistemas de pago. El sistema financiero pone a disposición de la economía medios de pago aceptados por todos y la maquinaria para moverlos: transferencias, adeudos directos, tarjetas, el sistema TARGET del Eurosistema para los pagos de gran importe, Bizum para los pequeños. Es la función más invisible y la más crítica: un país puede sobrevivir unos días sin crédito nuevo, no sin sistema de pagos.

e) Transmitir la política monetaria. El banco central fija el precio del dinero a un día, pero no presta directamente a las empresas ni a las familias. Su decisión llega a la economía real porque los intermediarios y los mercados la propagan: sube el tipo de las operaciones principales de financiación, sube el euríbor, suben las hipotecas nuevas y se encarece el crédito empresarial. El sistema financiero es, en esta faceta, la correa de transmisión de la política monetaria única, y su estado de salud determina la potencia de esa transmisión.

3. Los activos financieros

Activo financiero · derecho para uno, obligación para otro

Un activo financiero es un título o anotación contable que incorpora, para quien lo posee (la unidad con superávit), un derecho de cobro frente a quien lo ha emitido, y que constituye, para este último (la unidad con déficit), un pasivo financiero por el mismo importe.

El derecho positivo español recoge esta idea con una precisión notable en la contabilidad.

Norma de registro y valoración 9.ª del Plan General de Contabilidad · instrumento financiero

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.

3.1 Las tres características de un activo financiero

Todo activo financiero se describe con tres coordenadas. Un opositor debe poder situar cualquier activo en las tres sin dudar.

Liquidez · convertir en dinero sin pérdida

La liquidez de un activo es la facilidad y la certeza con que puede convertirse en dinero a corto plazo y sin pérdida apreciable de valor. Los dos requisitos son acumulativos: no es líquido lo que se vende rápido pero con quebranto, ni lo que se vende a buen precio pero al cabo de meses.

Riesgo · dispersión del resultado esperado

El riesgo de un activo es la probabilidad de que su rendimiento efectivo difiera del esperado. Se descompone al menos en riesgo de crédito o insolvencia (el emisor no paga), riesgo de mercado o de precio (el valor del activo cae antes de venderlo), riesgo de tipo de interés, riesgo de tipo de cambio y riesgo de liquidez (no encontrar contrapartida).

Rentabilidad · rendimiento por euro invertido

La rentabilidad de un activo es el rendimiento que produce por unidad monetaria invertida y unidad de tiempo, sumando los pagos periódicos que genera (intereses, dividendos) y la ganancia o pérdida de capital obtenida al venderlo o amortizarlo.

La relación entre las tres es el eje del análisis y se enuncia así: la rentabilidad es la compensación que el mercado exige por renunciar a liquidez y por soportar riesgo. A igualdad del resto, un activo menos líquido debe ofrecer más rentabilidad, y un activo más arriesgado también. Dicho al revés: ningún activo puede ser simultáneamente muy líquido, muy seguro y muy rentable. Si alguien ofrece las tres cosas, lo que está ocultando es riesgo.

La recta dibujada es r = 1 + 0,375·σ, con σ el riesgo medido en puntos de desviación típica. Un activo sin riesgo (σ = 0) rinde el 1 %; con σ = 8 la recta exige el 4 % (1 + 0,375·8) y con σ = 16 exige el 7 % (1 + 0,375·16). El punto marcado en (8; 2,5) está por debajo de la recta: soporta el mismo riesgo que el activo del 4 % y sólo paga el 2,5 %, luego es una mala inversión.

4. Los mercados financieros

Mercado financiero · mecanismo de intercambio de activos

Un mercado financiero es el mecanismo o conjunto de mecanismos —no necesariamente un lugar físico— a través del cual se ponen en contacto oferentes y demandantes de activos financieros y se fija el precio de esos activos.

Sus funciones son cuatro y se deducen de la definición: poner en contacto a las partes, fijar el precio de los activos, proporcionar liquidez a quien ya los posee y reducir los plazos y los costes de la operación. Cuanto mejor cumple un mercado estas cuatro funciones, más eficiente es.

4.1 Las clasificaciones que hay que dominar

4.2 Las características de un mercado eficiente

Un mercado se aproxima al ideal —el mercado perfecto— en la medida en que reúne cinco características. La forma más segura de retenerlas es asociar cada una a la pregunta que responde.

• Amplitud: ¿hay variedad y volumen de activos negociados? Un mercado amplio ofrece títulos de muchos plazos, riesgos y emisores, y permite a cada inversor encontrar el perfil que busca.
• Profundidad: ¿hay órdenes de compra y de venta por encima y por debajo del precio actual? Un mercado profundo absorbe una orden grande sin que el precio salte, porque el libro está poblado.
• Transparencia: ¿la información sobre precios, volúmenes y emisores es accesible, rápida y barata para todos? Es la característica que la regulación española protege con más intensidad, mediante las obligaciones de información periódica y de comunicación de la información privilegiada.
• Libertad: ¿pueden entrar y salir libremente compradores y vendedores, sin barreras ni límites de precio o cantidad?
• Flexibilidad: ¿reaccionan los precios con rapidez cuando aparece información nueva?

La curva normal dibujada es i = 3,5 − 2/(1 + t), con t el plazo en años: a un año exige el 2,50 % (3,5 − 2/2), a tres años el 3,00 % (3,5 − 2/4) y a diez años el 3,32 % (3,5 − 2/11). La curva invertida es i = 2,5 + 1/(1 + t): parte del 3,50 % a plazo cero y baja hasta el 2,59 % a diez años. Ambas coinciden a los dos años en el 2,83 %.

La curva anterior explica de un golpe por qué la distinción entre mercado monetario y mercado de capitales no es formal: el tramo corto y el tramo largo de la curva se mueven por razones distintas —el corto lo gobierna la política monetaria del Banco Central Europeo, el largo las expectativas de inflación y de crecimiento— y por eso los activos de uno y otro tramo tienen perfiles de riesgo incomparables.

4.3 El mapa de mercados en España

Los mercados españoles se articulan hoy en torno al grupo BME (Bolsas y Mercados Españoles) y a un conjunto de plataformas especializadas:

• Mercado de renta variable: las cuatro Bolsas de Valores (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia), integradas mediante el Sistema de Interconexión Bursátil (el mercado continuo). Junto a él, BME Growth como sistema multilateral de negociación para empresas en expansión.
• Mercado de renta fija: AIAF para la deuda corporativa, el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones para la deuda del Estado —con SENAF como plataforma mayorista— y el MARF para las emisiones de empresas medianas.
• Mercado de derivados: MEFF, donde se negocian futuros y opciones sobre el IBEX 35 y sobre acciones.
• Post-contratación: Iberclear, depositario central de valores, que lleva el registro contable y liquida las operaciones. Sin una infraestructura de registro y liquidacion solvente, un mercado no puede liquidar lo que negocia.

5. Los intermediarios financieros

Intermediario financiero · transforma activos primarios en indirectos

Un intermediario financiero es la institución que adquiere activos financieros primarios emitidos por las unidades con déficit y emite a cambio activos financieros indirectos, ajustados a las preferencias de las unidades con superávit. Su rasgo definitorio no es acercar a las partes —eso lo hace un mediador—, sino transformar el activo, asumiendo en su balance la diferencia de plazo, de importe y de riesgo.

La distinción entre mediador e intermediario es la siguiente. Una agencia de valores que ejecuta la orden de compra de un cliente media: el activo que llega al cliente es el mismo que salió del emisor, y la agencia no lo pone en su balance. Un banco que capta un depósito y concede un préstamo intermedia: el ahorrador tiene un depósito (activo indirecto), el prestatario debe un préstamo (activo primario), y son dos contratos distintos con plazos, importes y riesgos distintos.

5.1 Intermediarios bancarios: los que crean dinero

Son los intermediarios cuyos pasivos son aceptados como medio de pago. Comprenden el Banco Central —en España, el Banco de España, integrado en el Eurosistema, que se estudia en el Epígrafe 2— y las entidades de crédito, entre las que destacan los bancos comerciales, objeto del Epígrafe 3. La particularidad que los aparta del resto es de primera magnitud: su actividad crea dinero. Cuando un banco concede un préstamo, no entrega billetes que tuviera guardados: abona el importe en una cuenta, y ese abono es un depósito, es decir, dinero. La cantidad de dinero de la economía aumenta con el crédito y disminuye con su amortización.

Esta creación de dinero permite separar dos clases de depósito. El depósito primario nace cuando un cliente entrega al banco dinero legal —billetes, un cheque a su favor— y este se limita a custodiarlo: aparece un pasivo nuevo, pero la cantidad de dinero de la economía no cambia. El depósito derivado, en cambio, lo genera el propio banco como contrapartida de una operación activa —conceder un préstamo, comprar valores—, abonando el importe en una cuenta sin que nadie lo haya ingresado antes. Es el depósito derivado, y no el primario, el que expande la oferta monetaria: la cascada del Ejemplo ② no es sino el encadenamiento de depósitos derivados que un único depósito primario pone en marcha.

Multiplicador monetario · cuánto dinero por euro de base

El multiplicador monetario es el número de unidades de oferta monetaria que el sistema bancario genera por cada unidad de base monetaria creada por el banco central. Si c es el coeficiente de reservas sobre depósitos y e la proporción de efectivo que el público mantiene sobre sus depósitos:

m = (1 + e) / (c + e), de modo que M = m · B.

El estatuto jurídico de estas entidades está en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que traspone la normativa europea de requisitos prudenciales y constituye, junto con el Reglamento (UE) n.º 575/2013, la columna vertebral del régimen bancario español.

Artículo 1 de la Ley 10/2014 · concepto de entidad de crédito

1. Son entidades de crédito:

a) Las empresas autorizadas cuya actividad consiste en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder créditos por cuenta propia;

b) Las empresas autorizadas referidas en el artículo 4.1.1.b) del Reglamento (UE) n.º 575/2013 […]

2. Tienen la consideración de entidades de crédito a efectos de la letra a) del apartado anterior:

a) Los bancos. b) Las cajas de ahorros. c) Las cooperativas de crédito. d) El Instituto de Crédito Oficial.

Dos ideas del precepto son las decisivas. La primera, que la definición es funcional y acumulativa: hay que captar fondos reembolsables del público y conceder créditos por cuenta propia. Quien sólo hace lo segundo —un establecimiento financiero de crédito— no es entidad de crédito. La segunda, que la lista del apartado 2 es cerrada: bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito e ICO, y nada más.

Artículo 3 de la Ley 10/2014 · reserva de actividad y denominación

1. Queda reservada a las entidades de crédito que hayan obtenido la preceptiva autorización y se hallen inscritas en el correspondiente registro, la captación de fondos reembolsables del público, cualquiera que sea su destino, en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas.

2. Se prohíbe a toda persona, física o jurídica, no autorizada ni registrada como entidad de crédito el ejercicio de las actividades legalmente reservadas a las entidades de crédito y la utilización de las denominaciones propias de las mismas o cualesquiera otras que puedan inducir a confusión con ellas.

La autorización corresponde al Banco de España conforme al artículo 6.1, previo informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. El artículo 6.8 fija los plazos y el sentido del silencio: la solicitud «deberá ser resuelta dentro de los seis meses siguientes a su recepción en el Banco de España, o al momento en que se complete la documentación exigible y, en todo caso, dentro de los doce meses siguientes a su recepción», y si no se resuelve «podrá entenderse desestimada». Silencio, por tanto, negativo. El artículo 7 enumera las causas de denegación —entre ellas carecer del capital mínimo, que el Real Decreto 84/2015 cifra en 18 millones de euros para un banco— y el artículo 8, las de revocación.

Artículo 39 de la Ley 10/2014 · qué es la normativa de solvencia

Constituye normativa de solvencia de las entidades de crédito la prevista en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.

Sobre esa base, la Ley articula la solvencia en tres piezas. Los requisitos mínimos de recursos propios los fija el Reglamento europeo: un 8 % del importe total de la exposición al riesgo, del que al menos 4,5 puntos han de ser capital de nivel 1 ordinario. La autoevaluación del capital (artículo 41) obliga a cada entidad a mantener «estrategias y procedimientos sólidos, eficaces y exhaustivos» para fijar su capital interno según sus propios riesgos. Y los colchones de capital añaden exigencias por encima del mínimo:

Artículo 44 de la Ley 10/2014 · colchón de conservación del capital

Las entidades de crédito deberán mantener un colchón de conservación de capital consistente en capital de nivel 1 ordinario igual al 2,5 por ciento del importe total de su exposición al riesgo, calculado de conformidad con el artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 […]

A este colchón se suman, cuando procede, el anticíclico (artículo 45), el de entidades de importancia sistémica (artículo 46) y el de riesgos sistémicos (artículo 47), cuyo incumplimiento conjunto activa la restricción de las distribuciones del artículo 48: la entidad no puede repartir dividendos ni pagar retribución variable mientras no reponga el capital, y debe presentar un plan de conservación del capital (artículo 49).

5.2 Intermediarios no bancarios

Son aquellos cuyos pasivos no son dinero: nadie paga la compra del supermercado con una participación de un fondo de inversión o con una póliza de vida. Su actividad es igualmente esencial, pero no altera la oferta monetaria.

6. La estructura del sistema financiero español y su supervisión

El sistema financiero español responde a un modelo institucional de supervisión: hay tres supervisores, uno por cada sector clásico —crédito, valores y seguros—, y no un supervisor único ni un modelo por objetivos. Por encima de los tres se sitúa el Gobierno —a través del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa—, titular de la potestad normativa y responsable político del sistema. Y por encima del conjunto, desde 1999 y sobre todo desde 2014, el encuadre europeo.

6.1 Los tres supervisores nacionales

El Banco de España. Regulado por la Ley 13/1994, de 1 de junio, de autonomía del Banco de España, e integrado desde el 1 de enero de 1999 en el Sistema Europeo de Bancos Centrales y en el Eurosistema. Su doble condición se refleja con nitidez en la propia Ley 10/2014.

Artículo 4.1 de la Ley 10/2014 · competencias del Banco de España y del BCE

Corresponde al Banco de España el ejercicio de las competencias que le atribuyan las normas de ordenación y disciplina sobre las entidades de crédito […]

El Banco de España ejercerá sus competencias sin perjuicio de las funciones atribuidas al Banco Central Europeo y en cooperación con esta institución, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito.

Artículo 50.1 de la Ley 10/2014 · función supervisora

El Banco de España es la autoridad responsable de la supervisión de las entidades de crédito y de las demás entidades previstas en el artículo 56, para garantizar el cumplimiento de la normativa de ordenación y disciplina. Para el ejercicio de esta función podrá desarrollar las actuaciones y ejercer las facultades previstas en esta Ley y cualesquiera otras que le atribuya el ordenamiento jurídico.

El artículo 50.2 concreta esas facultades: recabar información, requerir por medios electrónicos, llevar a cabo investigaciones —exigir documentos, examinar libros y registros, obtener explicaciones— y «realizar cuantas inspecciones sean necesarias». A ello se añaden, fuera de la supervisión, la Central de Información de Riesgos, el Servicio de Reclamaciones, la elaboración de las estadísticas monetarias y financieras, la prestación del servicio de tesorería del Estado y la puesta en circulación de billetes.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores. Organismo público con personalidad jurídica propia, creado en 1988 y regulado hoy por la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. Supervisa los mercados de valores y su transparencia, la conducta de quienes operan en ellos, las empresas de servicios de inversión, las instituciones de inversión colectiva y sus gestoras, y las entidades de capital riesgo. Su lógica es distinta de la del Banco de España: mientras este vigila sobre todo la solvencia del balance, la CNMV vigila sobre todo la conducta, la información al inversor y la integridad del precio.

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. A diferencia de las dos anteriores, no es un organismo autónomo, sino un órgano directivo integrado en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Supervisa las entidades aseguradoras y reaseguradoras conforme a la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras, y los planes y fondos de pensiones y sus gestoras conforme al texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002.

6.2 El encuadre europeo: unión bancaria y autoridades sectoriales

Desde 2014 el supervisor español actúa dentro de una arquitectura europea que hay que saber describir con sus nombres exactos.

• Mecanismo Único de Supervisión (MUS), creado por el Reglamento (UE) n.º 1024/2013: el Banco Central Europeo supervisa directamente a las entidades significativas —esencialmente, activos superiores a 30.000 millones de euros, activos superiores al 20 % del PIB nacional, o pertenencia a las tres entidades más significativas del Estado miembro—, mientras el Banco de España supervisa las menos significativas, bajo la vigilancia indirecta del BCE. En ambos casos la supervisión se articula en equipos conjuntos con personal de las dos instituciones.
• Mecanismo Único de Resolución (MUR), creado por el Reglamento (UE) n.º 806/2014: la Junta Única de Resolución (JUR) decide la resolución de las entidades significativas y cuenta con un Fondo Único de Resolución financiado por las propias entidades. La resolución no es un concurso de acreedores: es un procedimiento administrativo que permite mantener las funciones críticas de la entidad y hacer que las pérdidas las soporten accionistas y acreedores, no el contribuyente.
• Sistema Europeo de Supervisión Financiera, con tres autoridades sectoriales —EBA para la banca (París), ESMA para los mercados de valores (París) y EIOPA para seguros y pensiones (Fráncfort)— más la Junta Europea de Riesgo Sistémico para la vigilancia macroprudencial. Estas autoridades no supervisan entidades concretas: elaboran normas técnicas, guías y pruebas de resistencia, y armonizan la práctica de los supervisores nacionales.
• Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), hoy regulado por la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión: es la autoridad de resolución ejecutiva española. Ejecuta las decisiones de la JUR y actúa como autoridad de resolución de las entidades menos significativas. Junto a él, las autoridades de resolución preventiva —una unidad específica del Banco de España para las entidades de crédito y la CNMV para las empresas de servicios de inversión— aprueban los planes de resolución antes de que haya crisis. El caso español de referencia es la resolución del Banco Popular en junio de 2017: la decidió la JUR y la ejecutó el FROB.
• Cierra el cuadro el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, que cubre hasta 100.000 euros por depositante y entidad y es la pieza que, al proteger al pequeño ahorrador, evita el pánico que la transformación de plazos hace siempre posible.

Epígrafe 2 — El Banco Central: el Eurosistema, el BCE y el Banco de España

1. Qué es un banco central: naturaleza y razón de ser

Banco central · emisor único y banco de los bancos

El banco central es la institución pública que tiene el monopolio de emisión del dinero legal de un área monetaria, actúa como banco de las entidades de crédito y del Estado, y utiliza su control sobre la liquidez para dirigir la política monetaria con el fin de mantener la estabilidad del valor de la moneda.

Tres rasgos definen su naturaleza. El primero es que su pasivo es dinero: los billetes que emite y los depósitos que las entidades de crédito mantienen en él constituyen la base monetaria, la materia prima con la que el resto del sistema financiero fabrica los medios de pago que usamos.

Base monetaria · efectivo más reservas

Base monetaria (BM) = Efectivo en manos del público + Reservas de las entidades de crédito en el banco central

El segundo rasgo es que no persigue lucro. Obtiene beneficios —el señoreaje, que es la diferencia entre lo que rinden los activos que compra y el coste casi nulo de los pasivos monetarios que emite—, pero ese beneficio es un subproducto, no un objetivo: se ingresa en el Tesoro. Un banco central puede permitirse asumir pérdidas si con ello cumple su mandato, algo impensable en un banco comercial.

El tercero es que no puede quebrar por falta de liquidez en su propia moneda, porque la crea. Esa capacidad ilimitada de emitir es exactamente la razón por la que se le rodea de dos cautelas jurídicas que veremos más abajo: la independencia frente al poder político y la prohibición de financiar al sector público. Un emisor ilimitado sometido a las urgencias de caja de un Gobierno acaba, siempre, en inflación.

2. Las funciones clásicas del banco central

Antes de descender al caso europeo procede fijar el catálogo de funciones que la teoría atribuye a cualquier banco central.

De todas ellas, la que exige más precisión conceptual es la tercera.

Prestamista de última instancia · liquidez contra garantía a la entidad solvente

El banco central actúa como prestamista de última instancia cuando presta a una entidad solvente pero ilíquida, contra activos de garantía y a un tipo penalizador, para evitar que un problema de tesorería se convierta en una quiebra y arrastre al resto del sistema.

3. El SEBC y el Eurosistema

La entrada de España en la Unión Económica y Monetaria trasladó la política monetaria del Banco de España a un sistema supranacional. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) distingue en su artículo 282 dos conjuntos que el opositor debe separar con nitidez.

4. El BCE y su objetivo: la estabilidad de precios

El artículo 127.1 TFUE encabeza el mandato del SEBC con una frase de estructura jerárquica: el objetivo principal es mantener la estabilidad de precios y solo sin perjuicio de ese objetivo el SEBC apoyará las políticas económicas generales de la Unión. La subordinación es deliberada y es la marca de fábrica del modelo europeo, heredado del Bundesbank: hay un objetivo primero y unos objetivos secundarios que ceden ante él.

El Tratado no cuantifica la estabilidad de precios. Esa concreción la hace el propio BCE en el ejercicio de su autonomía, y ha cambiado con el tiempo. La definición vigente procede de la revisión estratégica de julio de 2021.

Estabilidad de precios · 2 % simétrico a medio plazo

El Consejo de Gobierno del BCE entiende por estabilidad de precios un aumento interanual del 2 % del Índice Armonizado de Precios de Consumo (IAPC) de la zona del euro, considerado a medio plazo y con un compromiso simétrico: las desviaciones por debajo del objetivo son tan indeseables como las desviaciones por encima.

Cada elemento de la definición tiene consecuencias prácticas:

• El 2 %, y no el 0 %. Un objetivo de inflación nula dejaría al banco central sin margen: con tipos nominales muy próximos a cero no se pueden bajar mucho más, y ante una recesión la política monetaria se queda sin munición. Además, los índices de precios tienden a sobrestimar ligeramente la inflación real porque tardan en recoger las mejoras de calidad, y una inflación baja pero positiva engrasa el ajuste de los salarios relativos sin necesidad de recortes nominales.
• Simétrico. Antes de 2021 el objetivo se formulaba como «por debajo, pero cerca, del 2 %», redacción que se leía como un techo y que sesgaba la política monetaria hacia la contención. Hoy quedarse en el 1 % de forma persistente es tan incumplimiento como estar en el 3 %.
• A medio plazo. El BCE no persigue el 2 % mes a mes. Una subida del precio del gas o una mala cosecha desplazan la inflación un trimestre y desaparecen solas: reaccionar a cada dato con los tipos oficiales introduciría más volatilidad de la que corrige. El horizonte relevante es de uno a dos años, que es el tiempo que tardan los tipos en llegar a los precios.
• El IAPC, y no el índice nacional. Es un índice armonizado, construido con metodología común por los institutos nacionales de estadística —en España, el INE— y agregado por Eurostat, precisamente para que las cifras de veintiún países sean comparables. El objetivo se define sobre el índice general del conjunto de la zona del euro, no sobre el de cada Estado: que la inflación española esté un punto por encima de la media no obliga al BCE a nada.

5. La independencia del BCE y la prohibición de financiar el déficit

Un emisor con capacidad ilimitada de crear dinero solo puede cumplir un mandato de estabilidad si nadie puede ordenarle lo contrario. De ahí las dos piezas jurídicas centrales del diseño europeo.

La primera es la independencia, consagrada en el artículo 130 TFUE y reiterada en el artículo 7 de los Estatutos del SEBC. El precepto opera en doble dirección: prohíbe al BCE y a los bancos centrales nacionales solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones de la Unión, de los Gobiernos de los Estados miembros o de cualquier otro organismo, y prohíbe a la vez a esas instituciones y Gobiernos tratar de influir en los miembros de sus órganos de decisión. La doctrina desglosa esa independencia en cuatro dimensiones:

• Institucional: ni el BCE ni los bancos centrales nacionales reciben órdenes, ni sus decisiones monetarias necesitan aprobación ni pueden ser suspendidas por ninguna autoridad política.
• Personal: los mandatos son largos y en buena medida no renovables, para que quien decide no dependa de gustar a quien nombra. Los miembros del Comité Ejecutivo del BCE tienen un mandato de ocho años no renovable, y los gobernadores nacionales, de cinco años como mínimo, con causas de cese tasadas y control jurisdiccional.
• Funcional: el BCE decide con qué instrumentos persigue su objetivo y dispone de potestad normativa propia (reglamentos, decisiones, recomendaciones y dictámenes).
• Financiera: el BCE tiene presupuesto y contabilidad separados de los de la Unión, y un capital suscrito por los bancos centrales nacionales conforme a una clave de capital calculada por población y producto interior bruto —la participación del Banco de España ronda el 10 % de la clave de capital del BCE, la cuarta por tamaño—.

La segunda pieza es la prohibición de financiación monetaria del déficit, del artículo 123 TFUE. Prohíbe al BCE y a los bancos centrales nacionales autorizar descubiertos o conceder cualquier otro tipo de crédito a instituciones y organismos de la Unión, a Gobiernos centrales, a autoridades regionales o locales y a empresas públicas, así como adquirir directamente de ellos instrumentos de deuda. Su corolario práctico es el art. 124 TFUE, que prohíbe además cualquier medida que otorgue al sector público acceso privilegiado a las entidades financieras.

6. Los órganos del BCE

El BCE es la única institución con personalidad jurídica del sistema, y sus órganos son los que gobiernan tanto el Eurosistema como el SEBC.

El Consejo General es el residuo institucional del SEBC ampliado. No decide política monetaria: recopila estadísticas, informa, contribuye a los preparativos para fijar los tipos de conversión irrevocables de las monedas de los Estados que se incorporen y ejerce las funciones consultivas del BCE. Se disolverá cuando todos los Estados miembros hayan adoptado el euro.

Junto a estos tres órganos, y sin ser un órgano decisorio del BCE, opera el Consejo de Supervisión del Mecanismo Único de Supervisión, creado por el Reglamento (UE) n.º 1024/2013. Planifica y ejecuta las tareas de supervisión bancaria y eleva proyectos de decisión al Consejo de Gobierno, que los aprueba o los objeta. El diseño responde a la exigencia de separación entre la función monetaria y la supervisora: quien fija los tipos no debe estar condicionado por la salud de los bancos que supervisa.

7. Los instrumentos de la política monetaria

El Eurosistema no controla directamente la cantidad de dinero ni los precios. Controla el precio de las reservas bancarias a muy corto plazo, y desde ahí propaga su decisión al resto de la economía. Sus instrumentos convencionales son tres: operaciones de mercado abierto, facilidades permanentes y reservas mínimas.

a) Operaciones de mercado abierto. Son las operaciones que el Eurosistema realiza por iniciativa propia, normalmente mediante subasta y en forma de operaciones temporales (cesión temporal de activos o préstamo con garantía). Se clasifican en cuatro tipos:

b) Facilidades permanentes. A diferencia de las anteriores, se activan por iniciativa de la entidad, que acude a la ventanilla de su banco central nacional al final de la jornada. Son dos y su función es acotar el tipo del mercado interbancario a un día:

• La facilidad marginal de crédito permite obtener liquidez a un día contra garantías. Ninguna entidad pagará en el mercado más que ese tipo, porque siempre puede ir a la ventanilla: es el techo.
• La facilidad de depósito permite colocar excedentes a un día en el banco central. Ninguna entidad prestará en el mercado por debajo de ese tipo: es el suelo.

Corredor de tipos · suelo, referencia y techo

El corredor o pasillo de tipos está formado por el tipo de la facilidad de depósito (límite inferior), el tipo de las operaciones principales de financiación (referencia) y el tipo de la facilidad marginal de crédito (límite superior). El tipo de interés del mercado interbancario a un día se mueve dentro de ese corredor.

Demanda de reservas i = 7 − R en su tramo intermedio, con techo del 4 % en la facilidad marginal de crédito y suelo del 2 % en la facilidad de depósito. Con una oferta de reservas R = 4 el tipo a un día se sitúa en el 3 %; si el banco central amplía la oferta hasta R = 5, el tipo cae al 2 % y queda pegado al suelo.

c) Reservas mínimas. Toda entidad de crédito de la zona del euro está obligada a mantener en su banco central nacional un depósito proporcional a determinados pasivos.

Reservas mínimas exigidas · base de reservas por coeficiente

Reservas exigidas = Base de reservas × Coeficiente de reservas − Franquicia

La base de reservas la integran, básicamente, los depósitos y valores de deuda de la entidad con plazo de hasta dos años. El coeficiente es del 1 % desde enero de 2012 (antes era del 2 %), y de cada entidad se deduce una franquicia de 100.000 euros.

El cumplimiento no es diario sino en promedio a lo largo de un período de mantenimiento de unas seis semanas, lo que convierte a las reservas en un colchón: un día la entidad puede quedarse por debajo y compensarlo al siguiente, y ese margen amortigua las tensiones del interbancario. Desde el 20 de septiembre de 2023, las reservas mínimas no se remuneran, de modo que mantenerlas tiene un coste de oportunidad explícito.

8. Del tipo oficial a los precios: el mecanismo de transmisión

Que el BCE mueva un tipo a un día no explica por sí solo que la inflación baje dos años después. Entre ambos extremos hay una cadena de canales de transmisión:

• Canal de los tipos de interés. El tipo oficial arrastra al interbancario, el interbancario a los índices de referencia (el euríbor), y estos a los tipos de los préstamos y depósitos que los bancos ofrecen a empresas y familias. Un tipo real más alto vuelve inviables los proyectos de inversión menos rentables y encarece el consumo a crédito.
• Canal del crédito. Tipos más altos deterioran la solvencia de los prestatarios y el valor de las garantías, y las entidades endurecen los criterios de concesión. El efecto es cuantitativo, no solo de precio: se presta menos, no solo más caro.
• Canal del precio de los activos. Al subir el tipo de descuento caen los precios de bonos, acciones e inmuebles, y con ellos la riqueza de los hogares, que ajustan su consumo.
• Canal del tipo de cambio. Tipos más altos atraen capitales, el euro se aprecia y las importaciones se abaratan, lo que reduce directamente la inflación importada.
• Canal de expectativas. Si los agentes creen que el banco central mantendrá la inflación en el 2 %, fijarán precios y salarios coherentes con ese 2 %, y la profecía se cumple casi sin necesidad de mover los tipos. Es el canal más barato y el que sostiene el valor de la credibilidad.

Demanda de inversión i = 9 − I. Con un tipo real del 3 % las empresas invierten 6 mm de euros; si el tipo sube al 5 %, solo siguen siendo rentables proyectos por 4 mm, dos mil millones menos.

9. Los instrumentos no convencionales

Cuando los tipos oficiales llegan a valores muy próximos a cero, bajarlos más deja de ser eficaz y el banco central se queda sin su herramienta habitual. La respuesta del Eurosistema desde 2009 fue ampliar el instrumental:

• Compras de activos a gran escala. Adquisición en mercado secundario de deuda pública y privada (los programas agrupados en el APP y, durante la pandemia, el PEPP). Al comprar títulos a largo plazo el banco central presiona a la baja los tipos a plazos que las operaciones a una semana no alcanzan, y empuja a los inversores hacia activos de más riesgo. Es lo que coloquialmente se llama expansión cuantitativa.
• Operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico (TLTRO). Préstamos a los bancos a plazos de años, con un coste que depende de cuánto crédito concedan a empresas y hogares. Añaden un condicionante de comportamiento a lo que de otro modo sería liquidez sin más.
• Orientación sobre la trayectoria futura de los tipos (forward guidance). Comunicar de antemano en qué condiciones se mantendrán o cambiarán los tipos. Es un instrumento gratuito que actúa por el canal de expectativas, y cuyo único activo es la credibilidad de quien lo emplea.

10. El Banco de España

El Banco de España conserva, tras la cesión de la política monetaria, un papel doble: es parte del Eurosistema y es, a la vez, la autoridad supervisora bancaria nacional y el banco del Estado.

Naturaleza y régimen. Su norma de cabecera es la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, profundamente reformada por la Ley 12/1998 para adaptarla a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Su artículo 1 lo configura como entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada: no es un departamento ministerial ni un organismo autónomo ordinario, actúa con autonomía respecto de la Administración General del Estado y, en su actividad patrimonial y en sus relaciones con terceros, se rige por el Derecho privado, salvo cuando ejerce potestades administrativas.

Autonomía. En el desempeño de las funciones que derivan de su integración en el Eurosistema, el Banco de España no está sometido a instrucciones del Gobierno ni del Ministerio de Economía, por exigencia del artículo 130 TFUE. Su Gobernador es nombrado por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno, por un mandato de seis años no renovable, con causas de cese tasadas. Junto a él, el Subgobernador, el Consejo de Gobierno —integrado además por seis consejeros, y con presencia sin voto del Secretario General del Tesoro y de la Vicepresidencia de la CNMV— y la Comisión Ejecutiva completan su estructura de gobierno.

Funciones como parte del Eurosistema. Son las que ejerce siguiendo las orientaciones del BCE, y son esencialmente de ejecución: definir y ejecutar la política monetaria en su ámbito, realizar las operaciones de cambio de divisas, poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas no transferidas al BCE, promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago, emitir los billetes de curso legal por cuenta del BCE y poner en circulación la moneda metálica, y elaborar y publicar las estadísticas que le correspondan.

Funciones propias. Las que conserva con independencia de su pertenencia al Eurosistema:

La función supervisora tiene hoy una base legal específica en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

Artículo 50.1 de la Ley 10/2014 · Función supervisora del Banco de España

El Banco de España es la autoridad responsable de la supervisión de las entidades de crédito y de las demás entidades previstas en el artículo 56, para garantizar el cumplimiento de la normativa de ordenación y disciplina. Para el ejercicio de esta función podrá desarrollar las actuaciones y ejercer las facultades previstas en esta Ley y cualesquiera otras que le atribuya el ordenamiento jurídico.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las competencias que el ordenamiento jurídico atribuya a otras instituciones u órganos administrativos.

Esa reserva final del segundo párrafo no es retórica. El artículo 4.1 de la misma Ley precisa que el Banco de España ejerce sus competencias «sin perjuicio de las funciones atribuidas al Banco Central Europeo y en cooperación con esta institución», conforme al Reglamento (UE) n.º 1024/2013. El reparto que resulta del Mecanismo Único de Supervisión es el siguiente: el BCE supervisa directamente a las entidades significativas —por tamaño, importancia para la economía nacional o volumen de actividad transfronteriza— y el Banco de España a las menos significativas, siempre bajo el marco y las orientaciones del BCE, que además conserva en exclusiva algunas decisiones sobre todas las entidades, como la autorización para operar y la evaluación de participaciones significativas.

Epígrafe 3 — Los bancos comerciales y otros intermediarios financieros

1. El banco comercial como entidad de crédito

Entidad de crédito · captar depósitos y conceder créditos

Entidad de crédito es la empresa autorizada cuya actividad consiste en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder créditos por cuenta propia.

Artículo 1 de la Ley 10/2014 · Entidades de crédito

1. Son entidades de crédito:

a) Las empresas autorizadas cuya actividad consiste en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder créditos por cuenta propia;

b) Las empresas autorizadas referidas en el artículo 4.1.1.b) del Reglamento (UE) n.º 575/2013 […]

2. Tienen la consideración de entidades de crédito a efectos de la letra a) del apartado anterior:

a) Los bancos. b) Las cajas de ahorros. c) Las cooperativas de crédito. d) El Instituto de Crédito Oficial.

La lista del apartado 2 es cerrada y hay que retenerla literalmente, porque en ella caben cuatro figuras y no cinco: los tres tipos clásicos de la banca española más el ICO. La contrapartida de esa condición privilegiada es la reserva de actividad.

Artículo 3 de la Ley 10/2014 · Reserva de actividad y denominación

1. Queda reservada a las entidades de crédito que hayan obtenido la preceptiva autorización y se hallen inscritas en el correspondiente registro, la captación de fondos reembolsables del público, cualquiera que sea su destino, en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas.

2. Bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito: la reestructuración de las cajas

Las tres familias hacen el mismo negocio y están sujetas a la misma regulación prudencial. Lo que las separa es la forma jurídica y, con ella, quién es su dueño y qué se hace con el beneficio.

El resultado es el mapa actual: de cuarenta y cinco cajas se pasó a dos que conservan la condición de caja de ahorros (Caixa Ontinyent y Colonya Caixa Pollença), mientras el resto del negocio vive dentro de bancos cotizados o participados por fundaciones bancarias. La consecuencia agregada es un sistema mucho más concentrado, con menos oficinas y menos empleados, y con un peso muy alto de un puñado de grupos.

3. El negocio bancario: operaciones pasivas, activas y de servicios

La clasificación tradicional del negocio bancario mira al balance y pregunta dónde aparece cada operación.

La lógica económica de las dos primeras es la transformación: el banco no se limita a poner en contacto al ahorrador y al inversor —eso lo hace un mercado—, sino que cambia las características del dinero que atraviesa su balance.

Transformación bancaria · importes, plazos y riesgos

El banco realiza tres transformaciones simultáneas: de importes (agrega muchos depósitos pequeños en pocos préstamos grandes), de plazos (financia a largo con pasivo a corto) y de riesgos (ofrece al depositante un activo prácticamente seguro mientras asume en su balance el riesgo de impago del prestatario).

De las tres, la que sostiene la cuenta de resultados y a la vez la pone en peligro es la de plazos. La curva de tipos suele ser creciente —el dinero a diez años cuesta más que el dinero a tres meses—, y el banco gana precisamente por situarse a caballo entre los dos extremos.

Con la curva creciente i(t) = 1 + 0,3·t el banco paga el 1,3 % por un depósito a un año y cobra el 4 % por un préstamo a diez años: 2,7 puntos de diferencial. Con la curva invertida i(t) = 3,5 − 0,15·t pagaría el 3,35 % a un año y cobraría solo el 2 % a diez, y el diferencial se vuelve negativo en 1,35 puntos.

El gráfico explica también por qué una inversión de la curva de tipos angustia a los bancos: si el pasivo a corto se encarece por encima del rendimiento del activo a largo ya concedido, el margen se estrecha o desaparece, y no hay manera rápida de renegociar una cartera hipotecaria firmada años antes.

4. El balance bancario y la cascada del resultado

La cuenta de resultados bancaria se lee en cascada, y cada escalón tiene nombre propio:

1. Margen de intereses (o margen de intermediación): ingresos por intereses menos gastos por intereses.
2. Margen bruto: el anterior más comisiones netas, resultados de operaciones financieras y dividendos.
3. Resultado de la actividad de explotación: margen bruto menos gastos de administración y amortizaciones, y menos dotaciones por deterioro de la cartera de crédito.
4. Resultado antes y después de impuestos, del que salen las dos ratios de rentabilidad: ROA (resultado sobre activo total medio) y ROE (resultado sobre fondos propios).

Margen de intereses · lo que se cobra menos lo que se paga

Margen de intereses = ingresos financieros − costes financieros. Expresado en porcentaje del activo total medio se obtiene el margen sobre activos totales medios, que mide cuántos céntimos de margen genera cada euro de balance.

ROE = ROA × apalancamiento. Con un ROA del 1 % (recta continua, y = x) un banco apalancado 15 veces obtiene un ROE del 15 %; si el ROA cae al 0,5 % (recta discontinua, y = 0,5·x), el mismo apalancamiento rinde solo el 7,5 %.

5. Los riesgos bancarios

La regulación prudencial no persigue que el banco no pierda dinero, sino que mida sus riesgos y tenga capital suficiente para absorberlos. La taxonomía canónica distingue cuatro grandes familias.

6. La solvencia: Basilea III y los requisitos de capital

Ratio de capital · capital sobre activos ponderados por riesgo

Ratio de capital = recursos propios computables / activos ponderados por riesgo (APR). Los APR se obtienen multiplicando cada exposición por una ponderación que refleja su riesgo (0 % para deuda pública de la zona del euro en moneda propia, 35 % o menos para hipotecas residenciales con garantía suficiente, 75 % para minoristas, 100 % para empresas sin calificación, más para las exposiciones dudosas).

El numerador se ordena en tres escalones de calidad decreciente:

Sobre esa base, el Reglamento (UE) 575/2013 exige de forma permanente CET1 ≥ 4,5 %, capital de nivel 1 (CET1 + AT1) ≥ 6 % y capital total (nivel 1 + T2) ≥ 8 % de los APR. Eso es el Pilar 1. Encima se apilan tres capas más:

• El requisito de Pilar 2 (artículo 69 de la Ley 10/2014), que el supervisor impone entidad por entidad tras el proceso de revisión y evaluación supervisora, más una orientación de Pilar 2 que no es exigible pero cuyo incumplimiento activa el diálogo supervisor.
• El requisito combinado de colchones, íntegramente en CET1.
• Los requisitos de absorción de pérdidas exigidos por la normativa de resolución, que se estudian en el apartado 8.

Artículo 43 de la Ley 10/2014 · Requisito combinado de colchones de capital

1. Las entidades de crédito deberán cumplir en todo momento el requisito combinado de colchones de capital, entendido como el total del capital de nivel 1 ordinario necesario para cumplir con la obligación de disponer de un colchón de conservación de capital, y, si procede:

a) Un colchón de capital anticíclico específico de cada entidad. b) Un colchón para las entidades de importancia sistémica mundial. c) Un colchón para otras entidades de importancia sistémica. d) Un colchón contra riesgos sistémicos.

Artículo 44 de la Ley 10/2014 · Colchón de conservación del capital

Las entidades de crédito deberán mantener un colchón de conservación de capital consistente en capital de nivel 1 ordinario igual al 2,5 por ciento del importe total de su exposición al riesgo, calculado de conformidad con el artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 […]

Basilea III añadió, además, dos exigencias que no se calculan sobre activos ponderados por riesgo:

• La ratio de apalancamiento: capital de nivel 1 sobre la exposición total sin ponderar (balance más partidas fuera de balance), con un mínimo del 3 %, y un recargo adicional para las entidades de importancia sistémica mundial. Es una red de seguridad frente a la manipulación de las ponderaciones internas.
• Las dos ratios de liquidez: la LCR (ratio de cobertura de liquidez), que exige mantener activos líquidos de alta calidad suficientes para cubrir las salidas netas de caja de un escenario de tensión de 30 días, con un mínimo del 100 %, y la NSFR (ratio de financiación estable neta), que exige que la financiación estable disponible cubra al menos el 100 % de la financiación estable requerida a un horizonte de un año, es decir, que la transformación de plazos no sea desmedida.

La culminación del acuerdo —el llamado Basilea III finalizado— limita el beneficio que un banco puede obtener de sus modelos internos mediante un suelo de resultados del 72,5 % respecto del cálculo estándar, y se ha incorporado al Derecho de la Unión mediante la reforma del Reglamento 575/2013 aprobada en 2024, con aplicación escalonada desde 2025.

7. La red de seguridad: el Fondo de Garantía de Depósitos

Si el pánico bancario nace de la desconfianza, la forma más barata de evitarlo es garantizar el depósito por ley, para que al depositante no le compense correr.

Cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos · 100.000 euros por depositante y entidad

El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito garantiza los depósitos en dinero hasta un límite de 100.000 euros por depositante y por entidad, con independencia del número de cuentas que el depositante tenga en ella, y con un límite equivalente para los valores confiados a la entidad.

El Fondo español, regulado por el Real Decreto-ley 16/2011, tiene personalidad jurídica propia y dos compartimentos estancos: el de garantía de depósitos y el de garantía de valores. Se financia con aportaciones anuales de las propias entidades adheridas, calculadas sobre los depósitos garantizados y ajustadas por el perfil de riesgo de cada entidad, hasta alcanzar un nivel objetivo fijado por la normativa europea como porcentaje de los depósitos cubiertos. No es, por tanto, dinero público, aunque puede endeudarse. El plazo de pago al depositante se ha ido acortando en las sucesivas reformas hasta los siete días hábiles desde que se hace exigible la garantía.

Quedan fuera de la cobertura, entre otros, los depósitos de otras entidades financieras por cuenta propia, los recursos propios de la entidad, los valores de renta fija que ella misma haya emitido, los fondos sobre los que haya recaído condena por blanqueo de capitales y los productos que no son depósitos aunque se hayan comprado en la ventanilla del banco: participaciones en fondos de inversión, acciones, seguros de ahorro o planes de pensiones no están garantizados por el Fondo, porque no son deuda de la entidad sino patrimonios ajenos o riesgos de mercado del cliente.

8. La resolución bancaria: Ley 11/2015, FROB, JUR y recapitalización interna

Garantizar los depósitos evita la carrera del depositante, pero no resuelve la pregunta incómoda de la crisis anterior: ¿quién paga cuando un banco grande quiebra? Entre 2008 y 2012 la respuesta fue, con demasiada frecuencia, el contribuyente. El marco europeo de resolución se construyó para invertir ese orden.

Recapitalización interna · que paguen accionistas y acreedores

La recapitalización interna (bail-in) consiste en absorber las pérdidas y recapitalizar la entidad amortizando o convirtiendo en capital los instrumentos de sus accionistas y acreedores, siguiendo el orden inverso al de prelación, en lugar de inyectar fondos públicos (bail-out).

La Ley 11/2015, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión —que traspone la directiva europea— establece tres fases: actuación temprana (la entidad incumple o va a incumplir requisitos, pero es viable), reestructuración y resolución (la entidad es o va a ser inviable, no cabe solución privada y el interés público exige intervenir en lugar de liquidarla). Las funciones se reparten entre autoridades de resolución preventiva —Banco de España y CNMV, que aprueban los planes de resolución— y la autoridad de resolución ejecutiva, el FROB, que ejecuta la medida. Sobre ambas se superpone, para las entidades significativas de la zona del euro, la Junta Única de Resolución (JUR), segundo pilar de la Unión Bancaria, con su Fondo Único de Resolución nutrido por las aportaciones de la banca hasta un nivel objetivo próximo al 1 % de los depósitos garantizados de la zona.

Los instrumentos de resolución son cuatro: la venta del negocio a un tercero, la transmisión a una entidad puente, la segregación de activos a una sociedad de gestión de activos y la recapitalización interna. Para que esta última sea posible, cada entidad debe mantener en todo momento un volumen suficiente de pasivos susceptibles de ser convertidos: es el MREL (requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles), que se calcula entidad por entidad y que ha llevado a los bancos a emitir deuda específicamente diseñada para absorber pérdidas. El orden de sacrificio es estricto —primero el capital ordinario, después el AT1, luego el T2, después la deuda subordinada no de capital, la deuda sénior no preferente, la sénior preferente y, en último lugar, los depósitos no garantizados— y está limitado por el principio de que ningún acreedor puede quedar peor que en una liquidación ordinaria. El uso del Fondo Único de Resolución solo se permite después de que accionistas y acreedores hayan absorbido pérdidas por un importe mínimo del pasivo total.

El caso español de referencia es la resolución del Banco Popular en junio de 2017: ante una fuga masiva de depósitos, la JUR lo declaró inviable, el FROB ejecutó la decisión, se amortizaron íntegramente las acciones y los instrumentos de nivel 1 adicional, se convirtió la deuda subordinada y la entidad resultante se vendió al Banco Santander por un euro en una sola noche. Ningún depositante perdió un euro y no hubo dinero público, pero los accionistas y los tenedores de instrumentos híbridos lo perdieron todo. Es el ejemplo perfecto de que el capital regulatorio absorbe las primeras pérdidas en la resolución.

9. Otros intermediarios: EFC, entidades de pago y de dinero electrónico, y el ICO

Alrededor de la banca opera un conjunto de intermediarios que hacen parte del negocio bancario, y que precisamente por no captar depósitos quedan fuera del concepto de entidad de crédito.

• Establecimientos financieros de crédito (EFC). Conceden crédito —consumo, tarjetas, factoring, leasing, confirming, avales— pero no pueden captar fondos reembolsables del público, de modo que se financian en el mercado o en su matriz bancaria. Perdieron la condición de entidad de crédito con la reforma de 2013-2014 y su régimen está hoy en la Ley 5/2015, de fomento de la financiación empresarial, con supervisión del Banco de España y un régimen prudencial muy próximo al bancario. Si un EFC quiere ofrecer servicios de pago o emitir dinero electrónico necesita ser autorizado, además, como EFC híbrido.
• Entidades de pago. Prestan servicios de pago —transferencias, adeudos, adquirencia de tarjetas, envío de dinero, iniciación de pagos e información sobre cuentas— sin conceder crédito con carácter general (solo accesorio y a corto plazo). Su marco es el Real Decreto-ley 19/2018, que traspone la segunda directiva de servicios de pago, la que abrió la banca abierta: con el consentimiento del cliente, un tercero puede acceder a la información de su cuenta o iniciar un pago desde ella.
• Entidades de dinero electrónico. Emiten un valor monetario almacenado electrónicamente, aceptado como medio de pago por terceros, contra la entrega de fondos (Ley 21/2011). No captan depósitos: los fondos recibidos deben salvaguardarse en cuentas separadas o cubrirse con seguro, precisamente porque no están amparados por el Fondo de Garantía de Depósitos.
• Instituto de Crédito Oficial (ICO). Es la excepción del sistema: entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía que tiene a la vez la condición de entidad de crédito (artículo 1.2.d de la Ley 10/2014) y la de agencia financiera del Estado. Se financia emitiendo deuda en los mercados con la garantía explícita del Estado y no compite por los depósitos del público. Trabaja de dos maneras: mediación, poniendo líneas a disposición de las pymes a través de los bancos, que asumen el riesgo de impago y aplican las condiciones de la línea, y financiación directa para grandes proyectos. Como agencia financiera ejecuta operaciones por cuenta del Estado —el Fondo de Reserva para Avales, la gestión de créditos a la exportación, los avales masivos articulados durante la pandemia—.

10. Los intermediarios de la inversión, la previsión y el seguro

La otra gran familia no transforma depósitos en créditos: canaliza el ahorro hacia los mercados o hacia la cobertura de riesgos, y su rasgo común es que el riesgo de la inversión lo soporta el cliente, no el intermediario.

Empresas de servicios de inversión (ESI). Reguladas por la Ley 6/2023, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y supervisadas por la CNMV, prestan servicios sobre instrumentos financieros por cuenta de terceros. La distinción clásica que hay que retener:

Instituciones de inversión colectiva (IIC). Reguladas por la Ley 35/2003, son el vehículo por el que el pequeño ahorrador accede a una cartera diversificada y gestionada profesionalmente. Adoptan dos formas jurídicas:

• El fondo de inversión es un patrimonio separado sin personalidad jurídica, dividido en participaciones, que pertenece a una pluralidad de partícipes. No tiene órganos: lo administra y representa una sociedad gestora (SGIIC) y los activos los custodia una entidad depositaria distinta de ella. El partícipe entra y sale suscribiendo o reembolsando al valor liquidativo, que es el patrimonio neto dividido entre el número de participaciones.
• La SICAV es una sociedad anónima de inversión de capital variable con personalidad jurídica propia, accionistas y junta general, cuyo capital oscila dentro de un rango estatutario según entren o salgan inversores.

La normativa exige un número mínimo de partícipes o accionistas y un patrimonio o capital mínimo, y somete a las IIC a reglas de diversificación y de liquidez que limitan la concentración en un mismo emisor. Su atractivo fiscal es doble: la institución tributa en el Impuesto sobre Sociedades a un tipo reducido del 1 %, y el partícipe puede traspasar su inversión de un fondo a otro sin tributar por la ganancia hasta el reembolso definitivo, lo que convierte al fondo en un instrumento de diferimiento. Junto a las de carácter financiero existen las IIC inmobiliarias y las IIC de inversión libre, dirigidas a inversores con mayor tolerancia al riesgo.

Fondos de pensiones. Regulados por el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (Real Decreto Legislativo 1/2002), son patrimonios sin personalidad jurídica creados para dar cumplimiento a planes de pensiones. Hay que separar los dos conceptos: el plan es el contrato que define las aportaciones y las prestaciones, y el fondo es el patrimonio donde se invierten. Intervienen el promotor, los partícipes que aportan, los beneficiarios que cobran, una entidad gestora y una depositaria, con una comisión de control vigilando. Los planes se clasifican por su promotor —sistema de empleo, asociado e individual— y por sus compromisos —de aportación definida, de prestación definida o mixtos—. Los derechos consolidados solo se pueden recuperar en las contingencias previstas (jubilación, incapacidad, dependencia, fallecimiento) y en supuestos excepcionales de liquidez. La supervisión corresponde a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, no a la CNMV.

Entidades aseguradoras. Su función es la transferencia y mutualización del riesgo: cobran primas de muchos asegurados para pagar los siniestros de unos pocos. Financieramente son inversores institucionales de primer orden, porque las provisiones técnicas que respaldan sus compromisos —sobre todo en el ramo de vida— se materializan en carteras de deuda a largo plazo. Se rigen por la Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, que incorpora Solvencia II, un marco de tres pilares paralelo al bancario en el que el capital exigido (capital de solvencia obligatorio, calibrado para resistir un escenario adverso con una probabilidad muy elevada, y capital mínimo obligatorio como umbral último) se calcula sobre un balance valorado a mercado. Adoptan la forma de sociedad anónima, mutua, cooperativa o mutualidad de previsión social, y el sistema cuenta con su propia red de seguridad en el Consorcio de Compensación de Seguros.

Capital riesgo. Regulado por la Ley 22/2014, financia con recursos propios —no con deuda— empresas no cotizadas en fases tempranas o de expansión, tomando participaciones temporales con vocación de venta con plusvalía. Se articula en sociedades de capital riesgo y fondos de capital riesgo, gestionados por sociedades gestoras, con la obligación de mantener un porcentaje elevado del activo invertido en empresas objetivo. Cubre un hueco que la banca no puede cubrir: proyectos sin garantías reales ni flujos de caja estables.

Titulización. Consiste en agrupar activos que generan flujos de caja —hipotecas, préstamos al consumo, derechos de crédito— en un fondo de titulización sin personalidad jurídica que emite bonos respaldados por ellos, ordenados en tramos de distinta prelación y calificación. La entidad cedente obtiene liquidez y libera balance, y el inversor elige el nivel de riesgo. Es una técnica útil y a la vez el origen de la crisis de 2007, cuando la retitulización opaca de hipotecas de mala calidad rompió la relación entre quien concedía el crédito y quien soportaba su riesgo. La respuesta regulatoria europea exige hoy retención de riesgo por el originador, transparencia y criterios de titulización simple, transparente y normalizada.

Plataformas de financiación participativa. Ponen en contacto por medios electrónicos a promotores que buscan financiación con inversores que la ofrecen, en forma de préstamo o de participación en el capital. Nacieron en España con la Ley 5/2015 y hoy se rigen por el Reglamento (UE) 2020/1503, que las convirtió en proveedores de servicios de financiación participativa con pasaporte europeo, autorizados y supervisados por la CNMV. El modelo se apoya en dos ideas: la plataforma no capta fondos reembolsables ni asume el riesgo —solo intermedia, y de ahí que no sea entidad de crédito—, y el inversor minorista recibe advertencias y límites orientativos en función de su patrimonio, además de un tope al importe que cada proyecto puede levantar en doce meses.

11. Cuadro de conjunto