Tema 7 — El contrato: concepto, clases y elementos. Perfección, forma e interpretación. Ineficacia

Derecho Civil y Mercantil. Economía · Anexo I.1.1 Cuerpo Técnico de Hacienda · Ingreso libre y promoción interna

1. El contrato: concepto, clases y elementos.
2. Generación, perfección y consumación. Forma e interpretación.
3. La ineficacia de los contratos.

Epígrafe 1 — El contrato: concepto, clases y elementos

1. El concepto de contrato y la autonomía de la voluntad

El Código Civil no ofrece una definición doctrinal del contrato, sino algo más útil para el intérprete: dice cuándo existe. El art. 1254 abre el Título II del Libro IV y sitúa el nacimiento del contrato en un momento muy concreto, el del consentimiento.

Artículo 1254 del Código Civil · Existencia del contrato

El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio.

De este precepto se extraen los tres rasgos que definen la figura. Primero, el contrato es un acuerdo de voluntades: no basta una declaración aislada, hacen falta dos o más partes que consientan. Segundo, ese acuerdo tiene una finalidad obligacional: las partes «consienten en obligarse», de modo que el contrato es fuente de obligaciones —así lo confirma el art. 1089, que enumera entre ellas los contratos— y no un simple pacto de cortesía. Y tercero, el contenido de esa obligación se describe con las mismas categorías que el art. 1088 emplea para toda obligación: dar, hacer o no hacer.

Contrato y obligación no son lo mismo. El contrato es el acto de creación; la obligación es el vínculo creado. Un solo contrato puede generar una obligación (la donación aceptada), dos recíprocas (la compraventa) o un haz complejo de deberes principales y accesorios que se prolongan en el tiempo (el arrendamiento). Por eso el contrato pertenece a la teoría del negocio jurídico: es una declaración de voluntad dirigida a producir los efectos jurídicos que las propias partes quieren.

El siguiente artículo es la pieza central de todo el Derecho de contratos español, porque consagra el principio de autonomía de la voluntad.

Artículo 1255 del Código Civil · Autonomía de la voluntad y sus límites

Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público.

El precepto reconoce a los particulares un verdadero poder de autorregulación: pueden decidir si contratan, con quién contratan y, sobre todo, con qué contenido. Esta última dimensión —la libertad de configuración interna— es la que permite que existan contratos que el Código no regula, que se combinen elementos de varios tipos legales o que se desplacen las normas dispositivas por un pacto distinto.

La autonomía no es ilimitada. El art. 1255 fija tres límites, y los tres funcionan como frontera exterior, no como autorización previa:

• Las leyes, entendidas como normas imperativas o prohibitivas. Las normas dispositivas, en cambio, no limitan nada: existen precisamente para suplir el silencio de las partes.
• La moral, es decir, las convicciones éticas socialmente asentadas en cada momento.
• El orden público, que engloba los principios estructurales del ordenamiento, señaladamente los derechos fundamentales y la dignidad de la persona.

A esos tres límites generales el Código añade uno específico, dirigido a preservar la bilateralidad del vínculo.

Artículo 1256 del Código Civil · Prohibición del arbitrio de una parte

La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.

Si una de las partes pudiera decidir por sí sola si el contrato vale o si lo cumple, no habría vínculo alguno: la obligación quedaría vacía. El art. 1256 no prohíbe, en cambio, que el contrato quede sujeto a una condición que dependa de circunstancias externas, ni que se conceda a una parte una facultad de desistimiento expresamente pactada y delimitada.

Junto a la libertad de contenido, el Código consagra la libertad de forma. El contrato se perfecciona por el simple acuerdo, sin necesidad de ritual alguno.

Artículo 1258 del Código Civil · Perfección por el mero consentimiento

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.

Artículo 1278 del Código Civil · Libertad de forma

Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez.

El sistema español es, por tanto, espiritualista: lo que obliga es la voluntad, no el documento. El contrato verbal vincula igual que el escrito, y el escrito privado igual que el otorgado en escritura pública. La forma solo se vuelve determinante en los contados supuestos en que la ley la exige como requisito de validez —la donación de inmuebles, por ejemplo—, cuestión que se desarrolla al tratar la forma de los contratos.

2. Clases de contratos

Cada par de categorías arrastra un régimen jurídico distinto, de modo que calificar bien el contrato es el primer paso para saber qué normas se le aplican.

Unilaterales y bilaterales. El criterio es el número de partes que quedan obligadas, no el número de partes que intervienen (que siempre son dos o más, pues el contrato es por definición bilateral en su formación). Es unilateral el contrato del que nacen obligaciones para una sola de las partes: el comodato, la donación aceptada, el préstamo sin interés. Es bilateral o sinalagmático aquel del que surgen obligaciones recíprocas: la compraventa, el arrendamiento, la permuta. La distinción es decisiva porque solo los bilaterales admiten la excepción de contrato no cumplido, la resolución por incumplimiento del art. 1124 y las reglas sobre riesgos.

Onerosos y gratuitos. Aquí el criterio es la existencia de sacrificios patrimoniales recíprocos. En el contrato oneroso cada parte recibe algo a cambio de lo que da; en el gratuito o lucrativo una parte se enriquece sin contraprestación. El Código utiliza esta clasificación al definir la causa (art. 1274), y de ella dependen consecuencias importantes: el rigor con que se interpretan las cláusulas dudosas (art. 1289), la protección del tercero adquirente o el régimen de la acción rescisoria por fraude de acreedores.

Conmutativos y aleatorios. Es una subdivisión de los onerosos. En el conmutativo las prestaciones están determinadas desde el principio y las partes conocen el alcance de su sacrificio. En el aleatorio la prestación de una de ellas —o su misma existencia— depende de un acontecimiento incierto.

Artículo 1790 del Código Civil · El contrato aleatorio

Por el contrato aleatorio, una de las partes, o ambas recíprocamente, se obligan a dar o hacer alguna cosa en equivalencia de lo que la otra parte ha de dar o hacer para el caso de un acontecimiento incierto, o que ha de ocurrir en tiempo indeterminado.

El seguro, la renta vitalicia, el juego y la apuesta o el contrato de alimentos del art. 1791 son los ejemplos clásicos. La consecuencia práctica del carácter aleatorio es que el desequilibrio sobrevenido no es vicio: quien contrata asumiendo el álea no puede después invocar la desproporción entre lo dado y lo recibido.

Típicos y atípicos. Son típicos los contratos que cuentan con una regulación legal propia —compraventa, arrendamiento, mandato, depósito, préstamo, sociedad, fianza—; atípicos, los que carecen de ella y nacen al amparo del art. 1255. Los atípicos se rigen, en primer lugar, por lo pactado; después, por las reglas generales de obligaciones y contratos; y, por analogía, por las normas del contrato típico más afín. Junto a ellos aparecen los mixtos, que combinan prestaciones propias de dos o más tipos legales.

Consensuales, reales y formales. El criterio es el modo de perfeccionarse. El contrato consensual se perfecciona por el mero consentimiento (art. 1258), y esta es la regla general en nuestro sistema: la compraventa queda perfeccionada aunque no se haya entregado la cosa ni pagado el precio.

Artículo 1445 del Código Civil · La compraventa, contrato consensual

Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente.

El contrato real exige, además del consentimiento, la entrega de la cosa para quedar perfeccionado: es el caso del préstamo (art. 1740, «una de las partes entrega a la otra»), del depósito, del comodato o de la prenda.

Artículo 1863 del Código Civil · La prenda, contrato real

Además de los requisitos exigidos en el artículo 1.857, se necesita, para constituir el contrato de prenda, que se ponga en posesión de ésta al acreedor, o a un tercero de común acuerdo.

El contrato formal o solemne, en fin, requiere una forma determinada ad solemnitatem, de manera que su ausencia impide que el contrato llegue a existir. Es la excepción al principio del art. 1278.

A estas cinco parejas suelen añadirse otras dos de uso frecuente. Por su duración, los contratos son instantáneos —se agotan en un solo acto de cumplimiento— o de tracto sucesivo, cuando las prestaciones se prolongan o repiten en el tiempo (arrendamiento, suministro), con la consecuencia de que su ineficacia sobrevenida opera hacia el futuro y no destruye lo ya ejecutado. Y por su autonomía, se distinguen los principales de los accesorios, que existen en función de otra obligación a la que garantizan y siguen su suerte: la fianza, la prenda y la hipoteca.

El cuadro resume las clasificaciones y su efecto práctico:

3. Los elementos esenciales del contrato: el artículo 1261

El Capítulo II del Título II se abre con una disposición general que enumera los requisitos sin los cuales el contrato ni siquiera llega a nacer.

Artículo 1261 del Código Civil · Requisitos esenciales para la validez

No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes:

1.º Consentimiento de los contratantes.

2.º Objeto cierto que sea materia del contrato.

3.º Causa de la obligación que se establezca.

La fórmula empleada —«no hay contrato sino cuando»— es deliberadamente radical. La falta de cualquiera de los tres requisitos no produce una simple anulabilidad, sino la inexistencia o nulidad de pleno derecho del contrato: no hay nada que convalidar, ni plazo que transcurra, ni confirmación posible.

Junto a estos elementos esenciales comunes a todo contrato, la doctrina distingue otras dos categorías que no deben confundirse con ellos:

• Los elementos naturales son los efectos que la ley atribuye al contrato salvo pacto en contrario, como el saneamiento por evicción o por vicios ocultos en la compraventa. Son disponibles: si las partes callan, se aplican; si los excluyen, desaparecen.
• Los elementos accidentales son los que solo existen si las partes los incorporan: la condición, el término y el modo.

A los tres requisitos del art. 1261 se añade, en determinados contratos, la forma exigida legalmente como requisito de validez. No es un cuarto elemento general —el art. 1278 lo impide—, pero sí un requisito esencial en los contratos solemnes.

4. El consentimiento y sus vicios (arts. 1262 a 1270)

El consentimiento es el encuentro de dos declaraciones de voluntad coincidentes. El Código describe cómo se forma ese encuentro y precisa el momento exacto en que se produce, que es también el momento en que el contrato nace.

Artículo 1262 del Código Civil · Formación del consentimiento

El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato.

Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta.

En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación.

El precepto resuelve tres cuestiones distintas. La primera es qué debe abarcar el acuerdo: la cosa y la causa, es decir, los elementos que identifican el contrato. La segunda es cuándo se perfecciona el contrato entre ausentes, para lo que el Código adopta una teoría del conocimiento matizada por la buena fe: no basta con emitir la aceptación, pero tampoco puede el oferente escudarse en un desconocimiento culpable. La tercera es la contratación por dispositivos automáticos, en la que se anticipa el momento perfectivo al de la manifestación de la aceptación.

Prestar consentimiento válido exige, además, capacidad. El Código no formula ya una regla de incapacidades, sino que delimita positivamente lo que los menores pueden hacer.

Artículo 1263 del Código Civil · Contratación por menores de edad

Los menores de edad no emancipados podrán celebrar aquellos contratos que las leyes les permitan realizar por sí mismos o con asistencia de sus representantes y los relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad de conformidad con los usos sociales.

Artículo 1264 del Código Civil · Prohibiciones y requisitos especiales

Lo previsto en el artículo anterior se entiende sin perjuicio de las prohibiciones legales o de los requisitos especiales de capacidad que las leyes puedan establecer.

Aun existiendo capacidad y aun habiendo declaración, el consentimiento puede estar viciado: la voluntad se ha formado mal, porque el contratante se equivocó o porque fue forzado o engañado. El art. 1265 enumera los cuatro vicios con carácter cerrado.

Artículo 1265 del Código Civil · Enumeración de los vicios del consentimiento

Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.

Pese a la literalidad («será nulo»), la jurisprudencia y el art. 1300 entienden que los vicios del consentimiento dan lugar a la anulabilidad: el contrato produce efectos mientras no se impugne, la acción caduca a los cuatro años (art. 1301) y el contrato es confirmable.

El error. Es la falsa representación de la realidad que determina la voluntad de contratar. No cualquier equivocación invalida.

Artículo 1266 del Código Civil · Requisitos del error invalidante

Para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo.

El error sobre la persona sólo invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiere sido la causa principal del mismo.

El simple error de cuenta sólo dará lugar a su corrección.

El artículo exige, por tanto, que el error sea esencial, esto es, que recaiga sobre la sustancia o sobre las cualidades determinantes. El error de cuenta —el simple fallo aritmético— no anula nada: se rectifica. Y la jurisprudencia añade un requisito no escrito, la excusabilidad: no puede ampararse en su error quien pudo evitarlo con una diligencia normal.

La violencia y la intimidación. Ambas actúan sobre la libertad, no sobre el conocimiento.

Artículo 1267 del Código Civil · Violencia e intimidación

Hay violencia cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible.

Hay intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes, o en la persona o bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes.

Para calificar la intimidación debe atenderse a la edad y a la condición de la persona.

El temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto no anulará el contrato.

La violencia es física, la intimidación, moral. La intimidación exige un temor racional y fundado —criterio que se valora atendiendo a la edad y condición del sujeto—, referido a un mal inminente y grave y proyectado sobre un círculo de personas que el propio artículo acota: el contratante, su cónyuge, sus descendientes y sus ascendientes. Queda expresamente fuera el simple temor reverencial.

Artículo 1268 del Código Civil · Violencia o intimidación causadas por tercero

La violencia o intimidación anularán la obligación, aunque se hayan empleado por un tercero que no intervenga en el contrato.

El dolo. Es el engaño: se induce a contratar mediante artificios.

Artículo 1269 del Código Civil · Concepto de dolo

Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho.

Artículo 1270 del Código Civil · Dolo grave y dolo incidental

Para que el dolo produzca la nulidad de los contratos, deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes.

El dolo incidental sólo obliga al que lo empleó a indemnizar daños y perjuicios.

Aparecen aquí dos distinciones capitales. La primera es la que separa el dolo grave o causante —el que determina la celebración del contrato, y por eso lo invalida— del dolo incidental, que solo influye en las condiciones y no da lugar a anulación, sino a indemnización. La segunda es la compensación del dolo: si ambas partes engañan, ninguna puede ampararse en el engaño ajeno.

El trato difiere respecto del tercero. La violencia y la intimidación invalidan aunque provengan de un tercero (art. 1268); el dolo, en cambio, ha de proceder «de parte de uno de los contratantes» (art. 1269).

5. El objeto del contrato (arts. 1271 a 1273)

El objeto es la realidad sobre la que recae el contrato: las cosas o los servicios que constituyen la materia de las prestaciones. El Código exige de él tres cualidades —posibilidad, licitud y determinación—, repartidas entre tres artículos.

Artículo 1271 del Código Civil · Cosas y servicios que pueden ser objeto de contrato

Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, aun las futuras.

Sobre la herencia futura no se podrá, sin embargo, celebrar otros contratos que aquéllos cuyo objeto sea practicar entre vivos la división de un caudal y otras disposiciones particionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 1056.

Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres.

El artículo consagra la licitud del objeto por partida doble: las cosas han de estar dentro del comercio —quedan excluidos los bienes de dominio público, los derechos de la personalidad o las sustancias estupefacientes— y los servicios no han de ser contrarios a las leyes ni a las buenas costumbres. Admite además expresamente las cosas futuras, lo que permite figuras como la venta de cosecha o la compraventa de vivienda en construcción, con la única excepción, y muy relevante, de los pactos sobre la herencia futura, prohibidos salvo los de contenido particional.

Artículo 1272 del Código Civil · Imposibilidad del objeto

No podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles.

La imposibilidad que impide el contrato es la originaria —existente ya al contratar— y absoluta u objetiva, no la dificultad particular del deudor concreto. La imposibilidad sobrevenida no afecta a la validez, sino al cumplimiento, y se resuelve por las reglas de la extinción de las obligaciones.

Artículo 1273 del Código Civil · Determinación del objeto

El objeto de todo contrato debe ser una cosa determinada en cuanto a su especie. La indeterminación en la cantidad no será obstáculo para la existencia del contrato, siempre que sea posible determinarla sin necesidad de nuevo convenio entre los contratantes.

Aquí está la clave del requisito: la ley no exige una determinación absoluta, sino que el objeto sea determinado o determinable. Basta con que esté fijada la especie y con que la cantidad pueda concretarse después mediante un criterio ya pactado —una referencia objetiva, un índice, la decisión de un tercero— sin un nuevo acuerdo de las partes. Si hiciera falta volver a negociar, no habría objeto y el contrato no llegaría a existir.

6. La causa del contrato (arts. 1274 a 1277)

La causa es el elemento más discutido de los tres. En la construcción del Código es la función económico-social que el contrato cumple, la razón objetiva por la que el ordenamiento le presta su protección. No debe confundirse con los motivos individuales, que son subjetivos, variables y, en principio, jurídicamente irrelevantes.

Artículo 1274 del Código Civil · Concepto de causa según la clase de contrato

En los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhechor.

El precepto no da una definición única, sino tres, ajustadas a la clase de contrato. En el oneroso, la causa de cada parte es la contraprestación de la otra. En el remuneratorio, el servicio previo que se retribuye sin estar obligado a ello. Y en el gratuito, la mera liberalidad de quien da. La conexión con la clasificación del epígrafe anterior es directa: saber si un contrato es oneroso o gratuito es el paso previo para identificar su causa.

Artículo 1275 del Código Civil · Contratos sin causa o con causa ilícita

Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral.

La sanción es la más grave del ordenamiento contractual: nulidad de pleno derecho. El contrato no produce «efecto alguno», la acción para declararlo es imprescriptible y el contrato no es confirmable. La ilicitud se mide por dos parámetros —las leyes y la moral—, que enlazan con los límites del art. 1255.

Aquí es donde la causa deja de ser una abstracción. La doctrina de la causa concreta permite que los motivos, cuando son comunes a ambas partes y se han incorporado al propósito negocial, se incrusten en la causa y la contaminen: el contrato aparentemente correcto se vuelve nulo porque la finalidad perseguida por las partes era ilícita.

Artículo 1276 del Código Civil · Causa falsa y simulación

La expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita.

Este artículo es el soporte legal de la simulación. La simulación absoluta se da cuando tras el contrato aparente no hay ninguna causa real: el contrato es nulo. La simulación relativa se produce cuando bajo el contrato aparente late otro disimulado con causa verdadera y lícita, y entonces vale el contrato disimulado si reúne sus propios requisitos —el caso típico de la compraventa sin precio que encubre una donación.

Artículo 1277 del Código Civil · Presunción de existencia y licitud de la causa

Aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario.

El art. 1277 cierra la Sección con una regla de enorme peso práctico, porque desplaza la carga de la prueba. Quien alega la inexistencia o la ilicitud de la causa debe probarla, al que reclama el cumplimiento le basta con el contrato. Se trata, además, de una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. De este precepto se deduce también que nuestro Derecho admite los contratos con causa no expresada —los llamados abstractos en sentido impropio—, que no son contratos sin causa: simplemente no la declaran, y la ley la presume.

Epígrafe 2 — Generación, perfección y consumación. Forma e interpretación

1. Las tres fases de la vida del contrato

El contrato no nace de golpe. Entre el primer contacto de dos personas que exploran un negocio y el momento en que ese negocio queda agotado porque cada uno ha recibido lo suyo media un recorrido que la doctrina clásica ordena en tres fases: generación, perfección y consumación. El Código Civil no las nombra con esas palabras en un precepto único —solo el art. 1301.2.º menciona expresamente la «consumación»—, pero las presupone en todo el Título II del Libro IV y las hace descansar sobre la regla del art. 1254: el contrato existe desde que hay consentimiento.

Cada fase aporta algo distinto, y las tres se confunden con facilidad:

La distinción no es escolástica. De ella dependen cosas muy concretas: desde cuándo se puede exigir el cumplimiento, desde cuándo corren los riesgos de la cosa, cuándo empieza a contarse el plazo de cuatro años de la acción de nulidad por error o dolo (art. 1301.2.º) y qué responsabilidad cabe si alguien rompe unas negociaciones avanzadas.

2. La generación: tratos preliminares, oferta y aceptación

2.1. Los tratos preliminares

Los tratos preliminares —también llamados tratos previos o negociaciones— son los actos preparatorios mediante los cuales las partes tantean el negocio: se intercambian información, se piden presupuestos, se discuten condiciones, se redactan borradores. Su nota característica es negativa: no vinculan. Quien negocia no está obligado a contratar, porque la libertad de no contratar es el reverso de la autonomía de la voluntad que consagra el art. 1255.

Ahora bien, que no obliguen a contratar no significa que sean un territorio sin reglas. Quien negocia debe hacerlo de buena fe, y el art. 7.1 impone ese estándar a todo el ejercicio de los derechos.

Artículo 7 del Código Civil · Buena fe y abuso del derecho (ap. 1)

1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.

De la conjunción del art. 7.1 con el art. 1902 nace la llamada responsabilidad precontractual o culpa in contrahendo: quien crea en la otra parte una confianza razonable en la celebración del contrato y después rompe las negociaciones sin justa causa, o quien negocia sin intención real de contratar, o quien oculta información determinante, responde de los daños causados.

Artículo 1902 del Código Civil · Responsabilidad extracontractual

El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.

El daño indemnizable no es lo que la parte habría ganado con el contrato frustrado —eso presupondría un contrato que nunca existió—, sino el interés negativo o de confianza: los gastos hechos en la negociación (informes, viajes, proyectos, honorarios) y las ocasiones perdidas por haber confiado en que el contrato se celebraría.

2.2. La oferta y la aceptación

El consentimiento contractual —primero de los requisitos esenciales del art. 1261— no se manifiesta de cualquier modo, sino por el encuentro de dos declaraciones de voluntad.

Artículo 1262 del Código Civil · Formación del consentimiento

El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato.

Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta.

En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación.

La oferta es una declaración de voluntad dirigida a otro, completa —debe contener todos los elementos esenciales del contrato proyectado, de modo que baste un «sí» para cerrarlo— y hecha con voluntad seria de obligarse. Si le falta alguno de esos rasgos no hay oferta, sino invitación a negociar (invitatio ad offerendum): el escaparate, el catálogo o el anuncio genérico suelen ser meras invitaciones.

La aceptación debe ser pura y coincidente con la oferta. Una aceptación que introduce modificaciones no cierra el contrato: constituye una contraoferta que invierte los papeles y que necesita, a su vez, ser aceptada. Puede ser expresa o tácita —deducida de actos concluyentes—, pero el silencio, por regla general, no vale como aceptación, salvo cuando entre las partes existan relaciones previas o usos que permitan interpretarlo como asentimiento conforme a la buena fe.

La oferta es revocable mientras no ha sido aceptada, y caduca por el transcurso del plazo fijado en ella o de un plazo razonable, así como por su rechazo. Cuestión distinta —y clásica en el temario— es determinar en qué momento exacto la aceptación produce efecto cuando oferente y aceptante no están cara a cara.

3. El contrato entre ausentes: el art. 1262.2 y los dispositivos automáticos

El párrafo segundo del art. 1262 resuelve el problema del contrato entre ausentes, es decir, el celebrado por quienes se hallan en lugares distintos y no pueden intercambiar declaraciones de forma instantánea. La doctrina había manejado cuatro teorías sucesivas para fijar el instante de la perfección: la de la emisión (basta declarar la aceptación), la de la expedición o remisión (basta enviarla), la de la recepción (que llegue al círculo del oferente) y la del conocimiento o cognición (que el oferente la conozca efectivamente).

El Código adopta la teoría del conocimiento, pero atenuada: hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El segundo inciso —introducido por la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico— corrige el defecto obvio de la cognición pura, que dejaba la perfección al arbitrio del oferente: le bastaría con no abrir el correo. Al añadir el estándar de la buena fe, el Código convierte la recepción en el momento decisivo en la práctica, porque quien ha recibido la aceptación en su ámbito de control ya no puede alegar desconocimiento sin faltar a aquel deber.

El mismo párrafo fija el lugar de celebración mediante una presunción: el contrato se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. La regla no es menor, porque de ella dependen la competencia territorial y, en el tráfico internacional, la determinación de la ley aplicable.

El párrafo tercero atiende a los dispositivos automáticos —una máquina expendedora, un formulario web de compra, un cajero—, donde no hay dos personas intercambiando declaraciones, sino una persona que actúa sobre un mecanismo predispuesto. Aquí la regla es más simple: hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación, esto es, desde la emisión. No tiene sentido exigir el conocimiento de quien no está.

4. La perfección: el art. 1258 y la integración del contrato

Alcanzado el acuerdo, el contrato se perfecciona. El precepto capital es el art. 1258, uno de los artículos más citados de todo el Código.

Artículo 1258 del Código Civil · Perfección e integración del contrato

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.

El artículo contiene en realidad dos reglas de alcance distinto, que deben separarse.

La primera es el principio consensualista: basta el consentimiento. Nuestro sistema abandona el formalismo romano y sitúa la regla general en los contratos consensuales, que se perfeccionan por el acuerdo. Solo por excepción existen contratos reales, que exigen además la entrega de la cosa para nacer (el préstamo, el depósito, la prenda o el comodato), y contratos formales o solemnes, en los que la ley impone una forma determinada bajo pena de nulidad. La proyección más conocida del consensualismo está en la compraventa.

Artículo 1450 del Código Civil · Perfección de la compraventa

La venta se perfeccionará entre comprador y vendedor, y será obligatoria para ambos, si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado.

La segunda regla del art. 1258 es la integración del contenido contractual. El contrato obliga a más de lo que las partes escribieron: se le añaden todas las consecuencias conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Esos tres criterios operan como fuentes de deberes accesorios —de información, de custodia, de colaboración, de no hacer inútil la prestación de la otra parte— que ningún contrato necesita mencionar porque vienen impuestos desde fuera. La integración no es interpretación: no se trata de averiguar qué quisieron decir las partes, sino de completar lo que no dijeron.

Esa fuerza vinculante es la que el Código, en sede de obligaciones, expresa con una fórmula célebre.

Artículo 1091 del Código Civil · Fuerza de ley del contrato

Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos.

Corolario inmediato de la perfección es que el contrato deja de estar en manos de uno solo. Lo dice el art. 1256: «La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.» Desde la perfección, cada parte puede exigir judicialmente el cumplimiento y, en las obligaciones recíprocas, resolver el contrato si la otra incumple (art. 1124).

5. La consumación

La consumación es la fase final: el contrato se agota porque las partes han cumplido íntegramente las prestaciones y se han realizado los fines económicos perseguidos. No es la extinción por incumplimiento, ni la resolución, ni la nulidad: es el desenlace normal y satisfactorio de la relación.

En los contratos de tracto único la consumación suele coincidir con la ejecución de las prestaciones —entrega de la cosa y pago del precio en la compraventa—. En los de tracto sucesivo (arrendamiento, suministro, contrato de obra por fases) la consumación se difiere al agotamiento de todas las prestaciones periódicas, es decir, al término de la relación.

En materia traslativa, la consumación entronca con la teoría del título y el modo que consagra el art. 609: el contrato es solo el título, y hace falta la tradición —el modo— para que la propiedad se transmita.

Artículo 609 del Código Civil · Modos de adquirir la propiedad (párrafo segundo)

La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten por la ley, por donación, por sucesión testada e intestada, y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición.

El Código lo repite en sede de obligaciones y de compraventa.

Artículo 1095 del Código Civil · Frutos y adquisición del derecho real

El acreedor tiene derecho a los frutos de la cosa desde que nace la obligación de entregarla. Sin embargo, no adquirirá derecho real sobre ella hasta que le haya sido entregada.

Artículo 1462 del Código Civil · Entrega y escritura pública

Se entenderá entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y posesión del comprador.

Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario.

El párrafo segundo del art. 1462 recoge la tradición instrumental: el otorgamiento de la escritura vale, por sí solo, como entrega, salvo pacto o deducción en contrario del propio documento. Es la vía por la que en la práctica española se consuma la inmensa mayoría de las compraventas inmobiliarias.

La consumación tiene además una consecuencia procesal de primer orden: es el día inicial del cómputo de la caducidad de la acción de nulidad —que es en rigor la acción de anulabilidad— en los casos de error, dolo o falsedad de la causa.

Artículo 1301 del Código Civil · Caducidad de la acción de nulidad

La acción de nulidad caducará a los cuatro años. Ese tiempo empezará a correr:

1.º En los casos de intimidación o violencia, desde el día en que estas hubiesen cesado.

2.º En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato.

3.º Cuando la acción se refiera a los contratos celebrados por los menores, desde que salieren de la patria potestad o la tutela.

4.º Cuando la acción se refiera a los contratos celebrados por personas con discapacidad prescindiendo de las medidas de apoyo previstas cuando fueran precisas, desde la celebración del contrato.

5.º Si la acción se dirigiese a invalidar actos o contratos realizados por uno de los cónyuges sin consentimiento del otro, cuando este consentimiento fuere necesario, desde el día de la disolución de la sociedad conyugal o del matrimonio salvo que antes hubiese tenido conocimiento suficiente de dicho acto o contrato.

6. La forma de los contratos: el principio espiritualista (arts. 1278 a 1280)

El Capítulo III del Título II («De la eficacia de los contratos») abre con la regla que gobierna toda la materia: el principio espiritualista o de libertad de forma.

Artículo 1278 del Código Civil · Libertad de forma

Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez.

El contrato vale por lo que las partes quisieron, no por cómo lo vistieron. Un contrato verbal es tan obligatorio como uno escrito en escritura pública, siempre que concurran consentimiento, objeto y causa (art. 1261). El precio de la libertad de forma es de prueba, no de validez: quien contrata de palabra tendrá más difícil acreditar lo pactado.

El art. 1279 completa el cuadro con la llamada acción de elevación a forma pública.

Artículo 1279 del Código Civil · Facultad de compelerse a la forma

Si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella forma desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez.

El precepto presupone un contrato ya válido y perfecto: precisamente por eso puede cada parte exigir a la otra que lo formalice. La forma aquí no es requisito de existencia, sino una obligación más nacida del contrato ya nacido. De ahí la relación entre los dos artículos: el 1278 dice que el contrato vale sin forma, y el 1279 añade que, pese a ello, cualquiera de las partes puede exigir la forma legalmente prevista.

El art. 1280 enumera los negocios que deberán constar en documento público.

Artículo 1280 del Código Civil · Contratos que deben constar en documento público

Deberán constar en documento público:

1.º Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles.

2.º Los arrendamientos de estos mismos bienes por seis o más años, siempre que deban perjudicar a tercero.

3.º Las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones.

4.º La cesión, repudiación y renuncia de los derechos hereditarios o de los de la sociedad conyugal.

5.º El poder para contraer matrimonio, el general para pleitos y los especiales que deban presentarse en juicio; el poder para administrar bienes, y de cualquier otro que tenga por objeto un acto redactado o que deba redactarse en escritura pública, o haya de perjudicar a tercero.

6.º La cesión de acciones o derechos procedentes de un acto consignado en escritura pública.

También deberán hacerse constar por escrito, aunque sea privado, los demás contratos en que la cuantía de las prestaciones de uno o de los dos contratantes exceda de 1.500 pesetas.

La cuestión decisiva es qué valor tiene ese «deberán». La jurisprudencia lo ha resuelto poniendo el art. 1280 en relación con los arts. 1278 y 1279: la lista no impone una forma esencial cuyo incumplimiento acarree la nulidad, sino una forma ad probationem o ad utilitatem. El contrato es válido y obligatorio sin escritura, y lo único que la lista concede es la facultad del art. 1279 de compelerse a otorgarla, más el plus probatorio que el art. 1218 reconoce al documento público, que «hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste».

Frente a ello, sí existen supuestos de forma ad solemnitatem, en los que la ley impone la forma bajo pena de nulidad, y esos supuestos están fuera del art. 1280, en preceptos concretos: la donación de inmuebles, que «para que sea válida… ha de hacerse en escritura pública» (art. 633), la donación verbal de muebles, que exige entrega simultánea (art. 632), las capitulaciones matrimoniales, cuyo art. 1327 dispone que «para su validez, las capitulaciones habrán de constar en escritura pública», o la hipoteca, que necesita inscripción constitutiva en el Registro de la Propiedad (art. 1875).

7. La interpretación de los contratos (arts. 1281 a 1289)

Interpretar un contrato es fijar el sentido y alcance de las declaraciones de voluntad de las partes. No debe confundirse con la integración del art. 1258 —que añade lo no pactado— ni con la calificación, que consiste en decidir a qué tipo contractual pertenece lo pactado, con independencia del nombre que le dieran las partes (los contratos «son lo que son», no lo que las partes dicen que son).

Las reglas están en el Capítulo IV del Título II (arts. 1281 a 1289) y funcionan de manera jerárquica y escalonada: solo se desciende al peldaño siguiente cuando el anterior no resuelve la duda.

7.1. La regla primera: literalidad e intención (art. 1281)

Artículo 1281 del Código Civil · Sentido literal e intención de los contratantes

Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.

Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.

El artículo condensa las dos grandes escuelas interpretativas. El párrafo primero acoge la interpretación literal o gramatical, y contiene un doble requisito acumulativo: los términos han de ser claros y no dejar duda sobre la intención. El párrafo segundo acoge la interpretación espiritualista o subjetiva y fija el criterio rector de todo el sistema: cuando la letra contradice la intención evidente, prevalece la intención. El Código busca la voluntad real de las partes, no la literalidad por la literalidad.

Para averiguar esa intención, el art. 1282 aporta un instrumento probatorio.

Artículo 1282 del Código Civil · Actos coetáneos y posteriores

Para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato.

La conducta de las partes tras firmar —cómo cumplieron, qué facturaron, qué reclamaron y qué toleraron— es la mejor prueba de qué entendieron que habían pactado. El artículo dice «principalmente», de modo que la jurisprudencia admite también los actos anteriores: los tratos preliminares, los borradores y la correspondencia previa son igualmente valiosos.

7.2. Las reglas subsidiarias (arts. 1283 a 1287)

Descartada la claridad y no bastando la conducta de las partes, entran en juego cinco reglas de apoyo.

Artículo 1283 del Código Civil · Los términos generales no amplían el objeto

Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar.

Artículo 1284 del Código Civil · Interpretación útil

Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto.

Artículo 1285 del Código Civil · Interpretación sistemática

Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.

Artículo 1286 del Código Civil · Interpretación de las palabras según la naturaleza del contrato

Las palabras que puedan tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato.

Artículo 1287 del Código Civil · El uso y la costumbre

El uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos, supliendo en éstos la omisión de cláusulas que de ordinario suelen establecerse.

Cada una cumple un papel distinto. El art. 1283 es una regla restrictiva: por muy amplias que sean las palabras, no se extienden a lo que las partes no se propusieron. El art. 1284 consagra el principio de conservación del negocio (favor negotii): entre un sentido que hace útil la cláusula y otro que la deja vacía, se prefiere el primero. El art. 1285 impone la lectura sistemática del contrato como un todo. El art. 1286 resuelve la polisemia acudiendo a la naturaleza y objeto del contrato. Y el art. 1287 llama al uso, con una doble función que el propio texto distingue: interpretar ambigüedades y suplir cláusulas omitidas —esta segunda función, en rigor, es integración más que interpretación, y enlaza directamente con el «uso» del art. 1258—.

7.3. La interpretación contra proferentem (art. 1288)

Artículo 1288 del Código Civil · Cláusulas oscuras

La interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad.

Es la regla contra proferentem («contra quien la propuso»). No es una regla técnica de averiguación del sentido, sino una regla de sanción fundada en la buena fe: quien redacta con oscuridad soporta las consecuencias de su propia redacción. Su terreno natural son los contratos de adhesión y las condiciones generales de la contratación, donde una parte impone el clausulado y la otra se limita a firmar. Por eso el art. 1288 ha sido el precedente civil de las reglas específicas de la legislación de consumo y de condiciones generales.

7.4. La regla de cierre (art. 1289)

Cuando todas las reglas anteriores fracasan, el Código no deja el problema sin salida.

Artículo 1289 del Código Civil · Regla de cierre

Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y éste fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses. Si el contrato fuere oneroso, la duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad de intereses.

Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o voluntad de los contratantes, el contrato será nulo.

El artículo distribuye las soluciones según sobre qué recaiga la duda:

La lógica es coherente con el resto del Código: en el contrato gratuito se presume que el disponente quiso obligarse lo menos posible, porque nada recibe a cambio, y en el oneroso se busca el equilibrio entre las prestaciones. Y si la duda alcanza al objeto principal, no hay contrato que interpretar: falta el «objeto cierto» del art. 1261.2.º y el negocio es nulo de pleno derecho.

Epígrafe 3 — La ineficacia de los contratos

Un contrato válidamente celebrado despliega la fuerza que le reconoce el art. 1091: es ley entre las partes y debe cumplirse a tenor de lo pactado. Hablar de ineficacia es hablar de lo contrario: de las situaciones en que el contrato no produce los efectos que las partes buscaban, sea porque nació mal, sea porque, habiendo nacido bien, sobreviene una circunstancia que justifica privarle de eficacia.

El Código Civil no ofrece una teoría general de la ineficacia. Regula por separado la rescisión (Capítulo V del Título II del Libro IV, arts. 1290 a 1299), la nulidad (Capítulo VI, arts. 1300 a 1314) y, en sede de obligaciones condicionales, la resolución por incumplimiento (art. 1124). A esa dispersión se añade un problema terminológico de primer orden: el Capítulo VI se rotula «De la nulidad de los contratos», pero lo que allí se disciplina es, en rigor, la anulabilidad. La nulidad radical o de pleno derecho hay que reconstruirla a partir de los arts. 1261, 1271 a 1276 y 6.3. Este epígrafe ordena las cuatro figuras, fija sus efectos y marca las fronteras que más se confunden.

1. El mapa de la ineficacia: cuatro figuras que no se confunden

La distinción clásica separa dos grandes bloques según dónde está el defecto.

• Invalidez (o ineficacia estructural). El defecto es originario y está en el propio contrato: le falta un elemento esencial, o lo tiene pero viciado. Comprende la nulidad absoluta y la anulabilidad.
• Ineficacia en sentido estricto (o funcional). El contrato es válido: reúne todos sus elementos y ninguno está viciado. Lo que ocurre es que un dato externo —un perjuicio patrimonial injusto, un incumplimiento posterior— justifica privarle de efectos. Comprende la rescisión y la resolución.

El punto de partida de todo el sistema es el art. 1261, porque marca el umbral por debajo del cual no hay contrato en absoluto.

Artículo 1261 del Código Civil · Requisitos esenciales del contrato

No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes:

1.º Consentimiento de los contratantes.

2.º Objeto cierto que sea materia del contrato.

3.º Causa de la obligación que se establezca.

Ese precepto ordena todo el epígrafe. Si falta alguno de los tres requisitos, no hay contrato: nulidad radical. Si los tres concurren pero alguno adolece de un vicio, hay contrato y solo puede atacarse por la vía de la anulabilidad, tal como dice el art. 1300 al remitirse expresamente al art. 1261. Y si concurren sin vicio alguno, el contrato es válido, de modo que únicamente cabrá rescindirlo o resolverlo.

2. La nulidad absoluta o de pleno derecho

Es la sanción máxima del ordenamiento: el contrato no produce efecto alguno, ni siquiera de forma provisional. La doctrina la llama también nulidad radical, nulidad de pleno derecho o, en la versión más extrema, inexistencia.

Causas de nulidad absoluta. Se agrupan en tres bloques.

a) Falta de un elemento esencial del art. 1261. No hay consentimiento en absoluto (contrato firmado por quien no tiene voluntad negocial, o firma falsificada, o el consentimiento que se declara es meramente aparente en la simulación absoluta), o falta el objeto, o falta la causa.

b) Ilicitud o inidoneidad del objeto o de la causa. El Código las trata en las Secciones 2.ª y 3.ª del Capítulo II.

Artículos 1271 y 1272 del Código Civil · El objeto del contrato

Artículo 1271. Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, aun las futuras.

Sobre la herencia futura no se podrá, sin embargo, celebrar otros contratos que aquéllos cuyo objeto sea practicar entre vivos la división de un caudal y otras disposiciones particionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 1056.

Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres.

Artículo 1272. No podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles.

Artículos 1275 y 1276 del Código Civil · Causa ilícita y causa falsa

Artículo 1275. Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral.

Artículo 1276. La expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita.

La fórmula «no producen efecto alguno» del art. 1275 es la definición misma de la nulidad radical. El art. 1276, por su parte, es la sede legal de la simulación: si tras la causa aparente se descubre otra verdadera y lícita, el contrato disimulado se salva (simulación relativa); si no hay ninguna causa verdadera detrás, la nulidad es plena (simulación absoluta).

c) Contravención de norma imperativa o prohibitiva. Es la cláusula de cierre del sistema, y no está en el Libro IV, sino en el Título Preliminar.

Artículo 6.3 del Código Civil · Actos contrarios a normas imperativas

Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.

Se completa con el límite general de la autonomía de la voluntad del art. 1255, que permite a los contratantes establecer los pactos que tengan por conveniente siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. Traspasado ese límite, opera el art. 6.3.

Caracteres de la nulidad absoluta. Son cuatro, y todos se deducen de la idea de que el contrato nulo nunca llegó a existir jurídicamente:

• Opera ipso iure. La nulidad no la produce la sentencia: la sentencia se limita a declararla. Por eso la acción es declarativa y el juez puede apreciarla de oficio cuando resulta con evidencia de los propios hechos del pleito.
• Es imprescriptible. Ningún precepto le fija plazo, y el transcurso del tiempo no convalida lo que nunca nació. El plazo de cuatro años del art. 1301 se refiere, como se ha visto, a la anulabilidad.
• Es insanable. No cabe confirmación, y así se lee a contrario en el art. 1310: solo son confirmables los contratos que reúnan los requisitos del art. 1261.
• Tiene legitimación amplia. Puede invocarla cualquiera que tenga un interés legítimo, incluidos terceros ajenos al contrato, y no solo las partes.

3. La anulabilidad

Es una invalidez de protección: el contrato tiene los tres requisitos del art. 1261, pero uno de ellos está afectado por un defecto que la ley considera atentatorio contra un interés privado y disponible. Por eso el contrato produce efectos mientras no se impugne y solo puede impugnarlo aquel a quien la ley quiere proteger.

Artículo 1300 del Código Civil · Contratos anulables

Los contratos en que concurran los requisitos que expresa el artículo 1.261 pueden ser anulados, aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley.

El precepto es doblemente revelador. Primero, porque exige que concurran los requisitos del art. 1261: se anula un contrato que existe. Segundo, porque advierte que no hace falta lesión alguna: aquí no se repara un perjuicio económico —eso es la rescisión—, sino que se protege la libertad y el conocimiento con que se contrató.

Causas de anulabilidad. Son dos familias:

a) Los vicios del consentimiento, enumerados en el art. 1265 y desarrollados en los arts. 1266 a 1270.

El error (art. 1266) debe recaer sobre la sustancia de la cosa o sobre las condiciones que principalmente hubiesen dado motivo a celebrar el contrato; el simple error de cuenta solo da lugar a su corrección. La violencia existe cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible, y la intimidación, cuando se inspira el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave (art. 1267), sin que baste «el temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto». El dolo (art. 1269) exige palabras o maquinaciones insidiosas y, para anular, ha de ser grave y no empleado por las dos partes (art. 1270): el dolo incidental solo obliga a indemnizar daños y perjuicios.

b) Los defectos de capacidad y de complemento de la voluntad: contratos celebrados por menores de edad fuera de lo que el art. 1263 les permite, contratos celebrados por personas con discapacidad prescindiendo de las medidas de apoyo precisas y actos de un cónyuge que requerían el consentimiento del otro.

Plazo. El plazo lo fija el art. 1301.

Artículo 1301 del Código Civil · Plazo de la acción y cómputo

La acción de nulidad caducará a los cuatro años. Ese tiempo empezará a correr:

1.º En los casos de intimidación o violencia, desde el día en que estas hubiesen cesado.

2.º En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato.

3.º Cuando la acción se refiera a los contratos celebrados por los menores, desde que salieren de la patria potestad o la tutela.

4.º Cuando la acción se refiera a los contratos celebrados por personas con discapacidad prescindiendo de las medidas de apoyo previstas cuando fueran precisas, desde la celebración del contrato.

5.º Si la acción se dirigiese a invalidar actos o contratos realizados por uno de los cónyuges sin consentimiento del otro, cuando este consentimiento fuere necesario, desde el día de la disolución de la sociedad conyugal o del matrimonio salvo que antes hubiese tenido conocimiento suficiente de dicho acto o contrato.

Dos precisiones. La primera: el plazo es de caducidad, no de prescripción, de modo que no se interrumpe y se aprecia de oficio. La segunda: el dies a quo del ordinal 2.º es la consumación del contrato, que no coincide con su perfección; en un contrato de tracto sucesivo o de ejecución diferida, la consumación llega cuando se agotan las prestaciones, criterio que la jurisprudencia ha afinado exigiendo además que el contratante haya podido conocer el error.

Legitimación. La define el art. 1302, que es el reverso exacto de la nulidad absoluta.

Artículo 1302 del Código Civil · Quién puede ejercitar la acción

1. Pueden ejercitar la acción de nulidad de los contratos los obligados principal o subsidiariamente en virtud de ellos.

2. Los contratos celebrados por menores de edad podrán ser anulados por sus representantes legales o por ellos cuando alcancen la mayoría de edad. Se exceptúan aquellos que puedan celebrar válidamente por sí mismos.

3. Los contratos celebrados por personas con discapacidad provistas de medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad de contratar prescindiendo de dichas medidas cuando fueran precisas, podrán ser anulados por ellas, con el apoyo que precisen. También podrán ser anulados por sus herederos durante el tiempo que faltara para completar el plazo […].

4. Los contratantes no podrán alegar la minoría de edad ni la falta de apoyo de aquel con el que contrataron; ni los que causaron la intimidación o violencia o emplearon el dolo o produjeron el error, podrán fundar su acción en estos vicios del contrato.

El apartado 4 es la clave del sistema: nadie puede invocar en su favor el vicio que él mismo causó, ni el contratante capaz puede escudarse en la incapacidad del otro. La acción se da únicamente al protegido.

4. La confirmación y la extinción de la acción de anulabilidad

Como la anulabilidad protege un interés disponible, su titular puede renunciar a impugnar. Esa renuncia tiene nombre propio: confirmación (arts. 1309 a 1313).

Artículos 1309 a 1313 del Código Civil · La confirmación

Artículo 1309. La acción de nulidad queda extinguida desde el momento en que el contrato haya sido confirmado válidamente.

Artículo 1310. Sólo son confirmables los contratos que reúnan los requisitos expresados en el artículo 1.261.

Artículo 1311. La confirmación puede hacerse expresa o tácitamente. Se entenderá que hay confirmación tácita cuando, con conocimiento de la causa de nulidad, y habiendo ésta cesado, el que tuviese derecho a invocarla ejecutase un acto que implique necesariamente la voluntad de renunciarlo.

Artículo 1312. La confirmación no necesita el concurso de aquel de los contratantes a quien no correspondiese ejercitar la acción de nulidad.

Artículo 1313. La confirmación purifica al contrato de los vicios de que adoleciera desde el momento de su celebración.

Los cinco preceptos encierran cinco reglas que deben distinguirse por separado.

• Solo cabe en la anulabilidad (art. 1310). Un contrato radicalmente nulo no se confirma porque no hay nada que confirmar.
• La confirmación puede ser expresa o tácita, pero la tácita exige dos condiciones acumulativas (art. 1311): que el vicio haya cesado y que quien confirma conozca la causa de invalidez. Quien paga el precio ignorando que fue engañado no confirma nada.
• Es un acto unilateral (art. 1312): la otorga el legitimado para impugnar, sin necesidad del concurso de la otra parte.
• Sus efectos son retroactivos (art. 1313): el contrato queda purificado desde el momento de su celebración, no desde la confirmación.
• Extingue la acción de manera definitiva (art. 1309), aunque no hayan transcurrido los cuatro años del art. 1301.

Junto a la confirmación, el art. 1314 añade una segunda causa de extinción: la pérdida de la cosa por dolo o culpa de quien podía ejercitar la acción. La regla se atempera cuando la causa de la acción es la minoría de edad o la falta de las medidas de apoyo precisas, supuestos en los que la pérdida no impide que la acción prevalezca.

5. Los efectos de la invalidez: la restitución del artículo 1303

Declarada la invalidez —sea nulidad radical, sea anulabilidad—, el efecto es el mismo y es retroactivo: hay que borrar las huellas del contrato y devolver a las partes a la situación anterior (restitutio in integrum).

Artículo 1303 del Código Civil · La restitución recíproca

Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes.

La restitución es automática —no necesita petición expresa de las partes— recíproca y completa: no basta con devolver la cosa y el precio, hay que devolver también los frutos y los intereses, para neutralizar el rendimiento que cada prestación produjo mientras estuvo en poder ajeno.

Los artículos siguientes introducen las excepciones y los ajustes:

• Art. 1304 — el contratante protegido. Cuando la nulidad procede de la minoría de edad, el menor «no estará obligado a restituir sino en cuanto se enriqueció con la prestación recibida». La misma regla se aplica cuando la nulidad procede de haber prescindido de las medidas de apoyo precisas, siempre que el contratante con derecho a la restitución fuera conocedor de su existencia o se hubiera aprovechado de la situación obteniendo una ventaja injusta.
• Arts. 1305 y 1306 — la causa torpe. Si la ilicitud de la causa o del objeto constituye delito común a ambos contratantes, «carecerán de toda acción entre sí» y las cosas o el precio reciben la aplicación prevista en el Código Penal para los efectos o instrumentos del delito. Si el delito es de uno solo, el no culpado podrá reclamar lo que hubiese dado y no estará obligado a cumplir lo prometido. Y si el hecho torpe no constituye delito (art. 1306), rige el mismo esquema: con culpa de ambos, ninguno repite lo dado ni reclama lo prometido; con culpa de uno solo, el culpable no repite lo dado, y el otro, extraño a la torpeza, sí puede reclamar lo que dio sin quedar obligado a cumplir.
• Art. 1307 — la cosa perdida. Siempre que el obligado a devolver no pueda hacerlo por haberse perdido la cosa, «deberá restituir los frutos percibidos y el valor que tenía la cosa cuando se perdió, con los intereses desde la misma fecha». La restitución in natura se convierte así en restitución por equivalente.
• Art. 1308 — la simultaneidad. «Mientras uno de los contratantes no realice la devolución de aquello a que en virtud de la declaración de nulidad esté obligado, no puede el otro ser compelido a cumplir por su parte lo que le incumba.» Es una excepción de incumplimiento aplicada a la fase restitutoria: nadie devuelve primero.

6. La rescisión (artículos 1290 a 1299)

Con la rescisión se cambia de bloque. Aquí el contrato es válido: no le falta ningún elemento y ninguno está viciado. Lo que la ley combate es el perjuicio económico injusto que ese contrato válido produce a una de las partes o a un tercero.

Artículos 1290 y 1291 del Código Civil · Concepto y contratos rescindibles

Artículo 1290. Los contratos válidamente celebrados pueden rescindirse en los casos establecidos por la ley.

Artículo 1291. Son rescindibles:

1.º Los contratos que hubieran podido celebrar sin autorización judicial los tutores o los curadores con facultades de representación, siempre que las personas a quienes representen hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte del valor de las cosas que hubiesen sido objeto de aquellos.

2.º Los celebrados en representación de los ausentes, siempre que éstos hayan sufrido la lesión a que se refiere el número anterior.

3.º Los celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba.

4.º Los contratos que se refieran a cosas litigiosas, cuando hubiesen sido celebrados por el demandado sin conocimiento y aprobación de las partes litigantes o de la Autoridad judicial competente.

5.º Cualesquiera otros en que especialmente lo determine la Ley.

A esa lista añade el art. 1292 los pagos hechos en estado de insolvencia por cuenta de obligaciones a cuyo cumplimiento no podía ser compelido el deudor al tiempo de hacerlos.

La enumeración deja ver los dos fundamentos de la rescisión. Los ordinales 1.º y 2.º responden a la lesión: un daño patrimonial superior a la cuarta parte del valor sufrido por quien no pudo defenderse por sí mismo. Los ordinales 3.º y 4.º responden al fraude: se protege a terceros —acreedores, litigantes— frente a un contrato que les burla. Y el art. 1293 cierra la puerta a cualquier ampliación de la vía lesiva: «Ningún contrato se rescindirá por lesión, fuera de los casos mencionados en los números 1.º y 2.º del artículo 1.291». En Derecho común no existe, por tanto, una rescisión general por lesión enorme, a diferencia de lo que ocurre en algunos Derechos forales.

Carácter subsidiario. Es el rasgo distintivo de la figura.

Artículo 1294 del Código Civil · Subsidiariedad

La acción de rescisión es subsidiaria; no podrá ejercitarse sino cuando el perjudicado carezca de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio.

Es decir, la rescisión es el último remedio. Si el perjudicado puede cobrar embargando otros bienes del deudor, o dispone de una acción de nulidad, de cumplimiento o de indemnización que le repare, la rescisión no procede.

Efectos. Los fija el art. 1295 y son restitutorios, con un límite importante.

Artículo 1295 del Código Civil · Efectos de la rescisión

La rescisión obliga a la devolución de las cosas que fueron objeto del contrato con sus frutos, y del precio con sus intereses; en consecuencia, sólo podrá llevarse a efecto cuando el que la haya pretendido pueda devolver aquello a que por su parte estuviese obligado.

Tampoco tendrá lugar la rescisión cuando las cosas, objeto del contrato, se hallaren legalmente en poder de terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe.

En este caso podrá reclamarse la indemnización de perjuicios al causante de la lesión.

El párrafo segundo es la protección del tercero de buena fe: si la cosa ha llegado a manos de alguien que la adquirió legalmente y sin conocer el fraude, la rescisión se detiene y el remedio se transforma en indemnización frente al causante. El art. 1298 completa el cuadro por el lado contrario: «El que hubiese adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de acreedores, deberá indemnizar a éstos de los daños y perjuicios que la enajenación les hubiese ocasionado, siempre que por cualquier causa le fuera imposible devolverlas».

Presunciones de fraude. Probar la intención fraudulenta es muy difícil, y por eso el Código invierte la carga en dos supuestos.

Artículo 1297 del Código Civil · Presunciones de fraude de acreedores

Se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito.

También se presumen fraudulentas las enajenaciones a título oneroso, hechas por aquellas personas contra las cuales se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier instancia o expedido mandamiento de embargo de bienes.

Plazo. El art. 1299 lo fija en cuatro años, con un cómputo especial para los sujetos protegidos: para los menores sujetos a tutela, para las personas con discapacidad provistas de medidas de apoyo con facultades de representación y para los ausentes, los cuatro años «no empezarán a computarse hasta que se extinga la tutela o la medida representativa de apoyo, o cese la situación de ausencia legal». Se completa con el art. 1296: la rescisión del ordinal 2.º del art. 1291 no tendrá lugar respecto de los contratos celebrados con autorización judicial.

7. La resolución por incumplimiento (artículo 1124)

La cuarta figura tampoco ataca la validez del contrato: presupone un contrato válido y eficaz que, además, se ha empezado a cumplir. El hecho que desencadena la ineficacia es posterior y sobrevenido: el incumplimiento de una de las partes.

Artículo 1124 del Código Civil · La facultad resolutoria tácita

La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo.

Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo a los artículos 1.295 y 1.298 y a las disposiciones de la Ley Hipotecaria.

Del precepto se extraen cuatro ideas.

a) Es una facultad implícita y limitada a las obligaciones recíprocas. No hace falta pactarla: la ley la sobreentiende en todo contrato sinalagmático, donde cada prestación es causa de la contraria. En una donación o en un préstamo sin reciprocidad no hay resolución del art. 1124.

b) Requiere un incumplimiento cualificado. La jurisprudencia exige que se trate de un incumplimiento grave, esencial o que frustre el fin práctico del contrato y las legítimas expectativas del acreedor, imputable al deudor, y que quien resuelve haya cumplido lo que a él le incumbía o esté dispuesto a cumplirlo. El retraso irrelevante o el defecto de escasa entidad no bastan.

c) Confiere un ius variandi. El perjudicado escoge entre exigir el cumplimiento o resolver, y en ambos casos puede reclamar además daños e intereses. Puede pasar del cumplimiento a la resolución cuando aquel resulte imposible, pero no al revés: elegida la resolución, no cabe volver a exigir el cumplimiento.

d) Sus efectos son retroactivos, con el límite del tercero. Resuelto el contrato, las partes se restituyen recíprocamente lo entregado, con frutos e intereses, en aplicación analógica del art. 1303. Pero el párrafo final del art. 1124 salva expresamente a los terceros adquirentes, remitiéndose a los arts. 1295 y 1298 y a la Ley Hipotecaria: el tercero de buena fe que inscribió su derecho queda protegido.

8. Cuadro final de las cuatro figuras