Tema 33 — Tributación aduanera (I). La legislación aduanera y las decisiones aduaneras

Derecho Financiero y Tributario Español · Parte Especial Cuerpo Técnico de Hacienda · Ingreso libre y promoción interna

1. Fuentes de la legislación aduanera e integración con el Derecho nacional.
2. La representación aduanera y el operador económico autorizado (OEA).
3. El procedimiento para dictar decisiones aduaneras.
4. Suspensión, anulación, revocación y modificación de las decisiones favorables.

Epígrafe 1 — Fuentes de la legislación aduanera e integración con el Derecho nacional

1. Una materia regida por el Derecho de la Unión directamente aplicable

La tributación aduanera es, dentro del Derecho financiero, un cuerpo singular: a diferencia del IVA, de los impuestos especiales o de los tributos que integran el sistema estatal, la materia aduanera no se regula por ley española, sino por Derecho de la Unión Europea directamente aplicable. España, al integrarse en 1986 en lo que hoy es la Unión, pasó a formar parte de una unión aduanera: un territorio único frente al exterior, con un arancel aduanero común y sin aduanas interiores entre los Estados miembros. Las fronteras fiscales internas desaparecieron; la frontera aduanera se desplazó al perímetro exterior de la Unión.

Ese desplazamiento explica dos rasgos. Primero, que los derechos de aduana no son un tributo estatal, sino un recurso propio tradicional de la Unión: España los recauda y los transfiere a la Unión, reteniendo un porcentaje en concepto de gastos de recaudación. Segundo, que la norma reguladora no es una ley nacional que transponga una directiva, sino un reglamento de la Unión, que por su propia naturaleza se aplica de forma directa, uniforme y con primacía sobre el Derecho interno, sin necesidad de acto de transposición.

La norma de cabecera es el Reglamento (UE) 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el Código Aduanero de la Unión (en adelante, CAU), aplicable a partir del 1 de mayo de 2016. Su artículo 1 delimita qué regula y con qué alcance.

Artículo 1 del CAU · Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento establece el código aduanero de la Unión (en lo sucesivo, «código»), que contiene las disposiciones y procedimientos generales aplicables a las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión o que salgan del mismo.

Sin perjuicio del Derecho y de los convenios internacionales y de la normativa de la Unión aplicable a otros ámbitos, el código se aplicará de manera uniforme en todo el territorio aduanero de la Unión.

El precepto encierra la clave de todo el tema. El código contiene las reglas generales del tráfico exterior de mercancías —su entrada, su salida y los regímenes en que pueden incluirse— y ordena su aplicación uniforme en todo el territorio aduanero. Esa uniformidad es una exigencia estructural: si cada Estado miembro aplicara reglas distintas, la unión aduanera se desharía, porque la mercancía buscaría entrar por la aduana más benévola. De ahí que la norma sea un reglamento y no una directiva, y que su interpretación última corresponda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

2. Las fuentes: del Código a la norma española de complemento

El CAU es el reglamento de base, pero no agota por sí solo la regulación. Como toda norma marco, delega en la Comisión el desarrollo de sus aspectos técnicos y remite a los Estados miembros lo que la propia Unión decide dejar en su ámbito. El resultado es una jerarquía de fuentes de tres niveles que hay que manejar con precisión, porque muchas cuantías y plazos concretos no están donde el opositor espera encontrarlos.

En el primer nivel está el CAU. En el segundo, dos reglamentos de la Comisión, aplicables desde la misma fecha que el código:

• el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 (en adelante, RD-CAU), que completa el Código en los aspectos no esenciales en que este delega; y
• el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 (en adelante, RE-CAU), que fija las normas de desarrollo y de procedimiento para asegurar su aplicación uniforme.

Esta distinción entre acto delegado y acto de ejecución es el equivalente aduanero, en el Derecho de la Unión, de la clásica pareja ley/reglamento del Derecho interno. El propio CAU va marcando, artículo por artículo, dónde termina su regulación y empieza la del reglamento delegado o la del de ejecución: allí donde se lee «se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados» está la puerta al Reglamento Delegado 2015/2446; y donde se lee «la Comisión especificará, mediante actos de ejecución, las normas de procedimiento» está la puerta al Reglamento de Ejecución 2015/2447.

En el tercer nivel se sitúa la norma española de complemento, que rige solo en lo que el Derecho de la Unión reserva expresamente a los Estados. Tres piezas la componen:

• Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo —la más relevante para este tema—, sobre el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero.
• Ley 58/2003, General Tributaria (LGT) y Ley 47/2003, General Presupuestaria (LGP), que operan como Derecho supletorio en lo no previsto por la normativa aduanera de la Unión (por ejemplo, en recaudación de la deuda o en procedimiento).
• Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, que tipifica los delitos e infracciones administrativas de contrabando: la vertiente sancionadora que la Unión deja en manos de cada Estado.

La condición supletoria de la LGT se concreta en su disposición adicional vigésima («Tributos integrantes de la deuda aduanera»), incorporada por la Ley 34/2015, que ajusta la ley interna a la primacía del Derecho de la Unión. Interesan tres reglas. La primera: las liquidaciones de la deuda aduanera tienen carácter provisional hasta que transcurra el plazo máximo que la normativa de la Unión fija para notificarlas al obligado, sin que esa provisionalidad impida una regularización posterior. La segunda: los efectos del incumplimiento del plazo para resolver y de la falta de resolución son los de la normativa de la Unión y, cuando esta no prevea el efecto del silencio, este es siempre negativo (sin que quepa declarar la caducidad salvo que venza aquel plazo máximo). La tercera: la comprobación de valores de la LGT no rige para determinar el valor en aduana, que se fija por las normas de la Unión.

a) Las liquidaciones de la deuda aduanera […] tendrán carácter provisional mientras no transcurra el plazo máximo previsto en la normativa de la Unión Europea para su notificación al obligado tributario. […]

b) […] En el supuesto de no preverse en ella el efecto del silencio administrativo, éste se considerará siempre negativo. […]

c) La comprobación de valores […] no será de aplicación cuando se trate de determinar el valor en aduana, resultando de aplicación lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea.

El propio Código ofrece la definición legal de qué integra su cuerpo normativo, en el artículo 5.

Artículo 5 del CAU · Definiciones (punto 2: «legislación aduanera»)

A los efectos del presente código, se entenderá por:

[…] 2) «legislación aduanera»: el cuerpo legal integrado por:

a) el código y las disposiciones para completarlo o para su ejecución, adoptadas a nivel de la Unión o a nivel nacional;

b) el arancel aduanero común;

c) la legislación relativa al establecimiento de un régimen de la Unión de franquicias aduaneras; y

d) los acuerdos internacionales que contengan disposiciones aduaneras aplicables en la Unión;

e) el Reglamento (UE) 2022/2399 del Parlamento Europeo y del Consejo y las disposiciones que lo completen o ejecuten;

La definición confirma la arquitectura descrita. La «legislación aduanera» no es solo el CAU, sino un cuerpo legal de cinco componentes:

• letra a) — el código y sus normas de desarrollo, incluidas expresamente las adoptadas «a nivel nacional» (donde encaja el RD 335/2010).
• letra b) — el arancel aduanero común, el instrumento que fija los tipos de los derechos.
• letra c) — el régimen de franquicias aduaneras.
• letra d) — los acuerdos internacionales con contenido aduanero.
• letra e) — el entorno de ventanilla única aduanera de la Unión del Reglamento (UE) 2022/2399 y sus normas de desarrollo.

Todo ello forma un conjunto que se aplica como una unidad.

3. La misión de las autoridades aduaneras

Antes de entrar en las figuras concretas importa la razón de ser de la aduana. El artículo 3 del CAU fija la misión de las autoridades aduaneras, y esa misión explica el sentido de casi todas las instituciones que siguen: la representación, el operador económico autorizado o el régimen de las decisiones no son sino instrumentos al servicio de este mandato.

Artículo 3 del CAU · Misión de las autoridades aduaneras

Las autoridades aduaneras serán responsables de supervisar el comercio internacional de la Unión, debiendo contribuir a un comercio justo y abierto, a la aplicación de los aspectos externos del mercado interior y a la ejecución de la política comercial común y de las restantes políticas comunes de la Unión relacionadas con el comercio, así como a la seguridad global de la cadena de suministros. Las autoridades aduaneras adoptarán medidas destinadas, en particular, a:

a) proteger los intereses financieros de la Unión y de sus Estados miembros;

b) proteger a la Unión del comercio desleal e ilegal, apoyando al mismo tiempo las actividades comerciales legítimas;

c) garantizar la seguridad y protección de la Unión y de sus residentes, y la protección del medio ambiente, actuando, cuando proceda, en estrecha cooperación con otras autoridades; y

d) mantener un equilibrio adecuado entre los controles aduaneros y la facilitación del comercio legítimo.

La misión combina dos vectores que a primera vista tiran en sentidos opuestos: controlar y facilitar. La aduana protege los ingresos (los derechos son recurso propio de la Unión), defiende el mercado del comercio desleal e ilegal, y vela por la seguridad y el medio ambiente; pero, al mismo tiempo, debe apoyar el comercio legítimo y no entorpecerlo con trabas innecesarias. La letra d) eleva ese equilibrio a principio rector. De él nacen instituciones como el operador económico autorizado (Epígrafe 2), que premia con menos controles a quien demuestra ser fiable, o la gestión de riesgos, que concentra los controles donde el peligro es mayor.

4. El territorio aduanero de la Unión

El artículo 4 delimita el espacio físico en el que se aplica el código: el territorio aduanero de la Unión (TAU). No es una lista de países, sino un perímetro que no coincide con las fronteras políticas de los Estados miembros, porque tiene exclusiones e inclusiones.

En líneas generales, el TAU lo forman los territorios de los Estados miembros, incluidos su mar territorial, sus aguas interiores y su espacio aéreo. Pero el precepto ajusta ese perímetro en dos sentidos:

• Exclusiones (territorio de un Estado miembro que queda fuera del TAU): Ceuta y Melilla (territorio del Reino de España, pero excluido: «el territorio del Reino de España, salvo Ceuta y Melilla»), las Islas Feroe y Groenlandia (Dinamarca), Heligoland y Büsingen (Alemania) o el municipio de Livigno (Italia).
• Inclusiones (territorio situado fuera de los Estados miembros que sí entra en el TAU): el Principado de Mónaco (a través de Francia) o las zonas de soberanía de Akrotiri y Dhekelia (a través de Chipre).

5. Las definiciones clave del artículo 5

El artículo 5 es el diccionario del código: define los cuarenta y un términos que después manejan todos sus preceptos. Fijar los más relevantes para este tema evita confusiones posteriores, sobre todo entre figuras que se parecen (operador económico, declarante, representante) y el concepto central de los Epígrafes 3 y 4: la decisión.

Artículo 5 del CAU · Definiciones (extracto)

A los efectos del presente código, se entenderá por:

1. «autoridades aduaneras»: las administraciones de aduanas de los Estados miembros competentes para aplicar la legislación aduanera, así como cualquier otra autoridad que esté facultada con arreglo al Derecho nacional para aplicar determinadas disposiciones de esa legislación;

2. «persona»: toda persona física o jurídica, así como cualquier asociación de personas que no sea una persona jurídica pero cuya capacidad para realizar actos jurídicos esté reconocida por el Derecho de la Unión o el nacional;

3. «operador económico»: toda persona que, en el ejercicio de su actividad profesional, efectúe actividades a las que se aplique la legislación aduanera;

4. «representante aduanero»: toda persona nombrada por otra persona para ejecutar los actos y formalidades necesarios en virtud de la legislación aduanera en sus relaciones con las autoridades aduaneras;

5. «formalidades aduaneras»: todas las operaciones que tengan que ser efectuadas por las personas y por las autoridades aduaneras para cumplir con la legislación aduanera;

6. «decisión»: todo acto de las autoridades aduaneras relativo a la legislación aduanera, mediante el que se pronuncien sobre un caso concreto y que conlleve efectos jurídicos para el interesado;

Cuatro precisiones ordenan el conjunto. La «persona» (punto 4) es un concepto amplio: no solo la física y la jurídica, sino también la asociación de personas sin personalidad jurídica pero con capacidad para actuar; casi cualquier sujeto puede, pues, relacionarse con la aduana. El «operador económico» (punto 5) es la persona que actúa en el ejercicio de su actividad profesional —el comerciante, el transportista, el fabricante—, categoría de la que partirá el operador económico autorizado del Epígrafe 2. El «representante aduanero» (punto 6) es quien es nombrado por otro para cumplir por él las formalidades ante la aduana, y protagoniza el Epígrafe 2. Y la «decisión» (punto 39) es el concepto sobre el que giran los Epígrafes 3 y 4: todo acto de las autoridades aduaneras, relativo a la legislación aduanera, que resuelve un caso concreto y produce efectos jurídicos para el interesado. Esta definición es la que permite unificar bajo un mismo régimen procedimental cosas tan distintas como una autorización de despacho, una información arancelaria vinculante —una consulta en la que la aduana fija con carácter obligatorio la clasificación arancelaria de una mercancía— o el propio estatuto de operador económico autorizado: todas son «decisiones».

Epígrafe 2 — La representación aduanera y el operador económico autorizado (OEA)

1. La representación aduanera en el Código: modalidades directa e indirecta

Quien se relaciona con la aduana puede hacerlo por sí mismo o nombrar a un representante aduanero que cumpla por él las formalidades del despacho aduanero —el conjunto de trámites ante la aduana para que la mercancía sea admitida en un régimen y liberada—. La figura responde a una necesidad práctica: el tráfico exterior exige un conocimiento técnico —clasificación arancelaria, valoración, regímenes— del que el importador o exportador medio carece, y que profesionales especializados (los tradicionales agentes de aduanas) aportan. El CAU regula la representación en los artículos 18 a 21, dentro del capítulo dedicado a los derechos y obligaciones de las personas.

Artículo 18 del CAU · Representante aduanero

1. Toda persona podrá nombrar a un representante aduanero.

Esta representación podrá ser directa, en cuyo caso el representante aduanero actuará en nombre y por cuenta de otra persona, o indirecta, en cuyo caso actuará en su propio nombre pero por cuenta de otra persona.

2. Los representantes aduaneros deberán estar establecidos en el territorio aduanero de la Unión.

Salvo que se disponga lo contrario, los representantes aduaneros estarán dispensados de ese requisito cuando actúen por cuenta de personas que no tengan obligación de estar establecidas en el territorio aduanero de la Unión.

3. Los Estados miembros podrán determinar, de conformidad con el Derecho de la Unión, las condiciones en las que un representante aduanero podrá prestar servicios en el Estado miembro en que esté establecido. No obstante, sin perjuicio de la aplicación de criterios menos estrictos por parte de los Estados miembros en cuestión, todo representante aduanero que cumpla los criterios establecidos en el artículo 39, letras a) a d), estará autorizado a prestar tales servicios en otro Estado miembro distinto de aquel en que esté establecido.

Las dos modalidades se diferencian en un punto sustantivo: quién responde como deudor de la deuda aduanera. En la representación directa, el representante actúa en nombre y por cuenta del representado: el declarante es el propio representado y, por tanto, es este quien responde como deudor de la deuda aduanera. En la representación indirecta, el representante actúa en su propio nombre (aunque por cuenta ajena): el representante es el declarante y, por ello, también es deudor de la deuda aduanera, en régimen de solidaridad con el representado. La elección de modalidad decide, por adelantado, contra quién podrá dirigirse la Administración si los derechos se liquidaron de menos.

El apartado 2 impone que el representante esté establecido en el territorio aduanero de la Unión, con una dispensa: cuando actúe por cuenta de personas que no tengan obligación de estar establecidas en ese territorio. Y el apartado 3 añade una regla de mercado interior: todo representante que cumpla los criterios del artículo 39, letras a) a d) —los exigidos al operador económico autorizado, salvo el de seguridad y protección de la letra e)— podrá prestar servicios en otro Estado miembro distinto de aquel en que esté establecido. Es la libre prestación de servicios aplicada a la representación aduanera.

Artículo 19 del CAU · Poder de representación

1. En su relación con las autoridades aduaneras, el representante aduanero declarará estar actuando por cuenta de la persona representada e indicará si la representación es directa o indirecta.

Quien omita declarar que está actuando como representante aduanero o declare estar actuando en tal condición sin poseer un poder de representación para ello, se considerará que actúa en su propio nombre y por cuenta propia.

2. Las autoridades aduaneras podrán exigir a cualquier persona que declare estar actuando como representante aduanero la presentación de la prueba del poder de representación que le haya otorgado la persona representada.

En casos específicos, las autoridades aduaneras no exigirán la presentación de dicha prueba.

El precepto impone al representante una carga de declaración: debe manifestar que actúa por cuenta ajena e indicar si la representación es directa o indirecta. La sanción por no hacerlo es contundente y automática: quien omita declarar su condición, o diga representar sin tener poder, se considera que actúa en su propio nombre y por cuenta propia, con lo que carga él solo con todas las consecuencias, incluida la de deudor. La aduana puede exigir la prueba del poder (apartado 2), aunque a quien actúa con carácter habitual no se le exige presentarla en cada ocasión, siempre que pueda aportarla a requerimiento (apartado 3). Cierran la sección los artículos 20 (delegación de poderes a la Comisión para actos delegados sobre las dispensas) y 21 (atribución de competencias de ejecución sobre la concesión y prueba de la autorización del art. 18.3).

2. El representante aduanero en España: el Real Decreto 335/2010

El CAU deja a cada Estado fijar las condiciones para ejercer como representante en su territorio (art. 18.3, primera frase). En España lo hace el Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero. Su art. 1 recoge los dos modos de actuar ante la aduana —en nombre propio y por cuenta propia (por sí o por apoderado) o valiéndose de un representante aduanero inscrito en el Registro—, y su art. 3 cierra el círculo: quien quiera hacerse representar ante la aduana deberá valerse de un representante aduanero. La condición de representante se regula en el art. 4.

Artículo 4 del RD 335/2010 · Condición de representante aduanero

1. Serán representantes aduaneros, pudiendo actuar en nombre y por cuenta ajena o en nombre propio y por cuenta ajena, las personas físicas o jurídicas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar establecidas, según la legislación aduanera de la Unión Europea, en España o en el territorio de cualquier otro Estado miembro de aquélla […].

b) Acreditar la capacitación necesaria para el desarrollo de la actividad de representante aduanero.

c) Estar inscrito en el Registro de Representantes Aduaneros del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Son tres requisitos acumulativos: establecimiento, capacitación e inscripción. El representante aduanero puede ser persona física o jurídica. —no solo física—, y que las dos modalidades de actuación reproducen las del art. 18 CAU (nombre ajeno = directa; nombre propio, cuenta ajena = indirecta). La capacitación de las personas físicas se acredita superando las pruebas de aptitud que convoca la AEAT (con periodicidad al menos bienal), que versan sobre:

• normativa tributaria y aduanera,
• impuestos especiales,
• contrabando,
• régimen económico y fiscal de Canarias,
• regímenes de Ceuta y Melilla, y
• contratación internacional.

Quedan eximidos de estas pruebas los Agentes y Comisionistas de Aduanas y otros supuestos tasados. La inscripción se practica en el Registro de Representantes Aduaneros, desarrollado por la Orden HAP/308/2013, de 26 de febrero.

3. El operador económico autorizado (OEA)

El operador económico autorizado (OEA) es una de las figuras centrales del CAU y expresión directa de la misión del art. 3: premiar con facilidades a quien demuestra ser un operador fiable. El OEA es un operador económico establecido en la Unión que, tras acreditar el cumplimiento de una serie de criterios, obtiene un estatuto que le confiere ventajas frente al resto. Se regula en los artículos 38 a 41.

Artículo 38 del CAU · Solicitud y autorización

1. Todo operador económico establecido en el territorio aduanero de la Unión que cumpla los criterios dispuestos en el artículo 39 podrá solicitar el estatuto de operador económico autorizado.

Dicho estatuto será concedido por las autoridades aduaneras, en su caso previa consulta a otras autoridades competentes, y se someterá a supervisión.

2. El estatuto de operador económico autorizado consistirá en los siguientes tipos de autorización:

a) la de operador económico autorizado de simplificaciones aduaneras que permitirá a su titular beneficiarse de determinados procedimientos simplificados en virtud de la legislación aduanera; o

b) la de operador económico autorizado de seguridad y protección que concederá a su titular facilidades en materia de seguridad y protección.

3. Ambos tipos de autorización mencionados en el apartado 2 son acumulables.

El precepto establece dos tipos de autorización, que suelen designarse por sus siglas. El OEAC —operador económico autorizado de simplificaciones aduaneras (letra a)— da acceso a procedimientos simplificados (por ejemplo, es requisito del despacho centralizado). El OEAS —operador económico autorizado de seguridad y protección (letra b)— otorga facilidades en el ámbito de la seguridad de la cadena de suministro. Son acumulables (apartado 3): un mismo operador puede ostentar los dos, obteniendo el estatuto pleno. La concesión corresponde a las autoridades aduaneras y queda sometida a supervisión continua.

El estatuto despliega ventajas concretas, recogidas en los apartados siguientes del art. 38:

• apartado 4 — reconocimiento del estatuto por todos los Estados miembros.
• apartado 5 — exención de volver a examinar los criterios ya comprobados cuando se conceden simplificaciones.
• apartado 6 — sobre todo, un trato más favorable en los controles aduaneros: menos controles físicos y documentales.
• apartado 7 — puerta al reconocimiento mutuo con operadores de terceros países, sobre la base de la reciprocidad y respaldado por un acuerdo internacional.

Artículo 39 del CAU · Concesión del estatuto

Los criterios para la concesión del estatuto de operador económico autorizado serán los siguientes:

a) inexistencia de infracciones graves o reiteradas de la legislación aduanera y de la normativa fiscal, en particular que no haya habido condena alguna por un delito grave en relación con la actividad económica del solicitante;

b) demostración, por el solicitante, de un alto nivel de control de sus operaciones y del flujo de mercancías, mediante un sistema de gestión de los registros comerciales y, en su caso, de los registros de transporte, que permita la correcta realización de los controles aduaneros;

c) solvencia financiera, la cual se considerará acreditada cuando el solicitante tenga un buen nivel financiero que le permita cumplir sus compromisos […];

d) por lo que respecta a la autorización contemplada en el artículo 38, apartado 2, letra a), un nivel adecuado de competencia o de cualificaciones profesionales directamente relacionadas con la actividad que ejerza; y

e) por lo que respecta a la autorización contemplada en el artículo 38, apartado 2, letra b), niveles de seguridad y protección adecuados […] para garantizar la seguridad y la protección de la cadena de suministro internacional […].

Los criterios son cinco, de la letra a) a la e), y su reparto entre los dos tipos de OEA es la clave del precepto. Los tres primeros —historial de cumplimiento (a), control de operaciones (b) y solvencia financiera (c)— son comunes a los dos tipos de autorización. Los dos últimos son específicos: la competencia o cualificación profesional (letra d) se exige solo al OEAC, y los niveles de seguridad y protección de la cadena de suministro (letra e) se exigen solo al OEAS. De ahí que un OEAC deba cumplir a), b), c) y d), y un OEAS, a), b), c) y e); el estatuto pleno reúne los cinco.

Este reparto conecta con lo visto en la representación: el art. 18.3 permitía prestar servicios en otro Estado miembro a quien cumpliera los criterios del art. 39 letras a) a d) —es decir, los del OEAC, sin el requisito de seguridad de la letra e)—, precisamente porque para representar ante la aduana importa la fiabilidad y la cualificación profesional, no la seguridad de la cadena logística. Cierran la sección el art. 40 (delegación de poderes a la Comisión para determinar las simplificaciones, las facilidades y el trato más favorable) y el art. 41 (atribución a la Comisión de la potestad de fijar, mediante actos de ejecución, las modalidades de aplicación de los criterios del art. 39).

Epígrafe 3 — El procedimiento para dictar decisiones aduaneras

1. El concepto de decisión y el punto de partida: la solicitud

Vimos en el Epígrafe 1 que una «decisión» es, en la definición del art. 5.39 CAU, todo acto de las autoridades aduaneras que resuelve un caso concreto con efectos jurídicos para el interesado. Bajo ese paraguas caben actos muy variados: una autorización de régimen especial, la concesión del estatuto de OEA, una información arancelaria vinculante o cualquier resolución individual. El CAU somete a todas ellas a un procedimiento común en los artículos 22 a 30, con la ventaja de que quien aprende ese procedimiento lo aplica a cualquier decisión aduanera.

El régimen distingue dos vías según cómo se inicie el procedimiento: las decisiones adoptadas previa solicitud del interesado (art. 22, el caso ordinario) y las decisiones adoptadas sin solicitud previa, de oficio (art. 29). El grueso de la regulación está en el art. 22, que es el precepto capital de este epígrafe.

Artículo 22 del CAU · Decisiones adoptadas previa solicitud (apartado 1)

1. Toda persona que solicite una decisión relacionada con la aplicación de la legislación aduanera deberá facilitar la información que las autoridades aduaneras competentes necesiten para poder adoptar esa decisión.

La decisión podrá también ser solicitada por varias personas y adoptarse para todas ellas […].

Salvo que se disponga lo contrario, la autoridad aduanera competente será la del lugar en que se lleve o se encuentre accesible la contabilidad principal del solicitante a efectos aduaneros, y en el que vaya a realizarse al menos una parte de las actividades a que se refiere la decisión.

El procedimiento arranca con una solicitud y con una carga de colaboración: el solicitante debe aportar toda la información que la aduana necesite. La decisión puede pedirse por varias personas conjuntamente (dato que reaparecerá al estudiar la revocación en el Epígrafe 4). Y la competencia territorial se fija con un doble criterio: el lugar donde se lleva o es accesible la contabilidad principal del solicitante a efectos aduaneros y donde vaya a desarrollarse al menos parte de la actividad a que se refiere la decisión.

2. Los plazos: aceptación de la solicitud y adopción de la decisión

El artículo 22 articula el procedimiento en dos fases con plazos tasados: primero un plazo breve de admisibilidad y luego uno más largo para resolver. Primero, un plazo breve para comprobar que la solicitud es admisible. Después, un plazo más largo para resolver.

Artículo 22 del CAU · Decisiones adoptadas previa solicitud (apartados 2 y 3)

2. Las autoridades aduaneras comprobarán, sin demora y a más tardar en el plazo de 30 días a partir de la recepción de la solicitud de decisión, si se satisfacen las condiciones de aceptación de dicha solicitud.

Cuando las autoridades aduaneras comprueben que la solicitud contiene toda la información requerida para adoptar la decisión, comunicarán su aceptación al solicitante en el plazo señalado en el párrafo primero.

3. Las autoridades aduaneras competentes tomarán las decisiones […] y las notificarán al solicitante, sin demora y a más tardar en el plazo de 120 días a partir de la fecha de aceptación de la solicitud, salvo que se disponga lo contrario.

Cuando las autoridades aduaneras no puedan cumplir el plazo para adoptar una decisión, informarán al solicitante de ello antes de que venza dicho plazo, exponiéndole los motivos de tal imposibilidad e indicándole el plazo suplementario que consideren necesario para adoptar una decisión. Salvo que se disponga lo contrario, dicho plazo suplementario no excederá de 30 días.

Los plazos se encadenan así:

Dos matices. Primero, que el plazo de 120 días no cuenta desde la solicitud, sino desde su aceptación, y entre ambos median hasta 30 días de comprobación de admisibilidad. Segundo, que la aduana, si no puede resolver en plazo, no queda liberada: debe avisar antes del vencimiento, motivar la demora y fijar un plazo suplementario (que, salvo excepción, no pasa de otros 30 días). Además, el propio art. 22.3 (párrafo tercero) contempla una prórroga a instancia del solicitante cuando este pida tiempo para hacer los ajustes necesarios que le permitan cumplir las condiciones y criterios de la decisión.

3. El derecho a ser oído antes de una decisión desfavorable

Seguimos aquí el orden lógico del expediente y no el numérico del artículo: primero la garantía que precede a la resolución —el trámite de audiencia (apartados 6 y 7)— y, a continuación, los efectos y la validez, que operan una vez adoptada (apartados 4 y 5). Una de las garantías centrales del procedimiento —trasunto del derecho de audiencia del Derecho administrativo español— es que la aduana no puede dictar una decisión que perjudique al interesado sin darle antes la oportunidad de defenderse. El art. 22.6 recoge este derecho a ser oído.

Artículo 22 del CAU · Decisiones adoptadas previa solicitud (apartados 6 y 7)

6. Antes de adoptar una decisión que perjudique al solicitante, las autoridades aduaneras comunicarán los motivos en los que pretenden basar su decisión a este último, el cual tendrá la oportunidad de presentar observaciones dentro de un plazo establecido, que comenzará a contar a partir de la fecha en que reciba o se considere que deba haber recibido la comunicación. Tras el vencimiento de ese plazo, se notificará al solicitante, del modo debido, la decisión adoptada.

El párrafo primero no será de aplicación en cualquiera de los casos siguientes:

a) cuando se refiera a una decisión prevista en el artículo 33, apartado 1;

b) en caso de denegación del beneficio de un contingente arancelario cuando se alcance el volumen del contingente […];

c) cuando así lo exija la naturaleza o el nivel de la amenaza para la seguridad y protección de la Unión […];

d) cuando la decisión tenga por objeto velar por la aplicación de otra decisión a la que se haya aplicado el párrafo primero […];

e) cuando pueda afectar a investigaciones iniciadas para luchar contra el fraude;

f) en otros casos específicos.

7. Cuando perjudique al solicitante, la decisión que se adopte deberá exponer los motivos que han llevado a su adopción y mencionará el derecho de recurso que dispone el artículo 44.

El mecanismo es un trámite de audiencia previo: si la aduana va a resolver en contra del interesado, primero le comunica los motivos en que piensa basarse y le abre un plazo para presentar observaciones, y solo después notifica la decisión. Es una garantía de contradicción que evita las resoluciones sorpresivas. El precepto tasa, sin embargo, excepciones en las que el trámite no se aplica:

• a) informaciones vinculantes (art. 33.1),
• b) contingentes arancelarios ya agotados,
• c) amenazas para la seguridad y protección de la Unión,
• d) decisiones instrumentales de otra a la que ya se dio audiencia,
• e) riesgo para investigaciones antifraude, y
• f) otros casos específicos. Y el apartado 7 remata la garantía: toda decisión desfavorable debe motivarse y advertir del derecho de recurso del art. 44.

4. Efectos, validez temporal y territorial de la decisión

Adoptada la decisión, el art. 22 regula cuándo empieza a producir efectos y por cuánto tiempo vale.

Artículo 22 del CAU · Decisiones adoptadas previa solicitud (apartados 4 y 5)

4. Salvo que se disponga lo contrario en la legislación aduanera o en la propia decisión que se adopte, esta surtirá efecto desde la fecha en que el solicitante reciba, o se considere que ha recibido, la notificación de su adopción. Salvo en los casos previstos en el artículo 45, apartado 2, las decisiones adoptadas serán ejecutables por las autoridades aduaneras desde esa misma fecha.

5. Salvo que se disponga lo contrario en la legislación aduanera, la decisión será válida sin limitación temporal.

Dos reglas por defecto, ambas «salvo disposición contraria». Primera, la decisión surte efecto desde la notificación al solicitante y es ejecutable por la aduana desde esa misma fecha; el momento de referencia es, pues, la recepción de la notificación. Segunda, la decisión es válida sin límite temporal: no caduca por el mero transcurso del tiempo, a diferencia de las informaciones vinculantes del art. 33, que sí tienen una validez tasada de tres años. A esa validez temporal el art. 26 añade la validez territorial.

Artículo 26 del CAU · Validez de las decisiones en toda la Unión

A menos que el efecto de una decisión se limite a uno o varios Estados miembros, las decisiones relacionadas con la aplicación de la legislación aduanera serán válidas en todo el territorio aduanero de la Unión.

La regla es coherente con la unión aduanera y con la aplicación uniforme del art. 1: una decisión aduanera vale, por defecto, en todo el territorio aduanero de la Unión, no solo en el Estado que la dictó. Esto explica que el estatuto de OEA lo reconozcan todas las administraciones (art. 38.4) o que una información arancelaria vinculante despliegue efectos en cualquier aduana de la Unión.

5. La gestión de la decisión adoptada

Una vez dictada, la decisión no queda congelada: genera obligaciones para su titular y deberes de vigilancia para la aduana. Lo regula el art. 23, cuyo apartado 3 es la bisagra hacia el Epígrafe 4.

Artículo 23 del CAU · Gestión de las decisiones adoptadas previa solicitud

1. El titular de la decisión deberá cumplir las obligaciones que se derivan de esa decisión.

2. El titular de la decisión informará sin demora a las autoridades aduaneras de cualquier elemento que surja tras la adopción de la decisión, que pueda influir en su mantenimiento o su contenido.

3. Sin perjuicio de las disposiciones que regulan en otros ámbitos los casos de invalidez o de nulidad de las decisiones, las autoridades aduaneras que hayan adoptado una decisión podrán anularla, modificarla o revocarla en cualquier momento cuando no se ajuste a la legislación aduanera.

4. En casos específicos, las autoridades aduaneras: a) reexaminarán la decisión; b) suspenderán una decisión cuando no proceda anularla, revocarla o modificarla.

5. Las autoridades aduaneras supervisarán las condiciones y los criterios que debe cumplir el titular […]. Cuando el titular de la decisión lleve establecido menos de tres años, las autoridades aduaneras lo someterán a una estrecha supervisión durante el primer año posterior a la adopción de la decisión.

El artículo impone al titular dos deberes correlativos: cumplir las obligaciones de la decisión (apartado 1) e informar sin demora de cualquier hecho sobrevenido que afecte a su mantenimiento o contenido (apartado 2) —deber de comunicación que fundamenta muchas revocaciones posteriores—. A la aduana le corresponde la supervisión (apartado 5), con una cautela específica para el operador con menos de tres años de establecimiento, sometido a estrecha supervisión durante el primer año. Y el apartado 3 anuncia las cuatro potestades de reacción —anular, modificar, revocar y, por el apartado 4, suspender— que constituyen el objeto del Epígrafe 4. El art. 24 (delegación de poderes a la Comisión) y el art. 25 (atribución de competencias de ejecución) completan la sección remitiendo a los reglamentos delegado y de ejecución la concreción de plazos y normas de procedimiento.

6. Un tipo especial de decisión: las informaciones vinculantes (IAV e IVO)

Entre las decisiones adoptadas previa solicitud, el CAU regula con nombre propio una especie de enorme utilidad práctica: las informaciones vinculantes. Ya asomaron dos veces en lo estudiado —como ejemplo de «decisión» en el art. 5.39 y como primera excepción al derecho a ser oído del art. 22.6.a)—, y ahora reciben tratamiento propio en los artículos 33 a 35. Su razón de ser es dar certeza anticipada al operador: antes de importar o exportar, este pregunta a la aduana y obtiene una respuesta que la vincula. La consulta recae sobre las dos cuestiones que más pesan en cuántos derechos se pagarán: la clasificación arancelaria de la mercancía (información arancelaria vinculante, IAV) y su origen (información vinculante en materia de origen, IVO).

Artículo 33 del CAU · Decisiones relativas a las informaciones vinculantes (IAV e IVO)

1. Las autoridades aduaneras adoptarán, previa solicitud, decisiones relativas a informaciones arancelarias vinculantes («decisiones IAV») o decisiones relativas a informaciones vinculantes en materia de origen («decisiones IVO»). […]

2. Las decisiones IAV e IVO solo serán vinculantes en materia de clasificación arancelaria y de determinación del origen de las mercancías:

a) para las autoridades aduaneras, respecto del titular de la decisión, únicamente en relación con las mercancías cuyas formalidades aduaneras se cumplimenten después de la fecha en que la decisión surta efecto;

b) para el titular de la decisión, respecto de las autoridades aduaneras, únicamente desde la fecha en que reciba, o se considere que ha recibido, la notificación de la decisión.

3. Las decisiones IAV e IVO tendrán una validez de tres años a partir de la fecha en la que la decisión surta efecto.

Tres notas ordenan el precepto. Primera, la doble dirección del vínculo (apartado 2): la IAV o IVO obliga a la aduana frente al titular —solo respecto de las formalidades cumplimentadas después de que la decisión surta efecto— y también al titular frente a la aduana desde que recibe la notificación; no es un dictamen orientativo, sino una decisión que ata a ambas partes. Segunda, el límite temporal (apartado 3): a diferencia de la regla general del art. 22.5 —decisión válida sin límite de tiempo—, estas informaciones caducan a los tres años. Es la excepción que ya se anticipó al estudiar la validez temporal de las decisiones. Tercera, el vínculo no es incondicional: el apartado 4 (no transcrito) exige que el titular pueda probar que las mercancías declaradas se corresponden en todos sus aspectos con las descritas en la decisión (y, en la IVO, también las circunstancias determinantes del origen); si no coinciden, la información no ampara la operación.

Esta naturaleza explica la excepción del art. 22.6.a): como la IAV o IVO se dicta a solicitud del propio interesado y sobre los datos que él aporta, no tiene sentido el trámite de audiencia previo a una decisión desfavorable —no hay resolución sorpresiva que combatir por esa vía—.

Artículo 35 del CAU · Informaciones vinculantes relativas a otros elementos

En casos específicos, las autoridades aduaneras adoptarán, previa solicitud, decisiones acerca de las informaciones vinculantes en relación con otros elementos a los que se refiere el título II, que fundamenten la aplicación de derechos de importación o de exportación y otras medidas respecto del comercio de mercancías.

El art. 35 abre la puerta, «en casos específicos», a informaciones vinculantes sobre otros elementos del título II del CAU distintos de la clasificación y el origen —señaladamente el valor en aduana—, con la misma función de dar seguridad jurídica al operador sobre la base imponible de la que partirá su liquidación.

Entre ambos preceptos, el artículo 34 del CAU regula el cese de la validez de las decisiones IAV e IVO antes de que expire su plazo de tres años. Sin reproducir aquí su literal, basta retener su lógica: una información vinculante deja de ser válida cuando sobreviene un cambio que la desajusta del Derecho —una modificación de la normativa arancelaria o de origen, una sentencia del Tribunal de Justicia o una medida de la Unión que la contradiga—, además de por las causas generales de anulación, revocación o modificación de las decisiones. El mismo art. 34 contempla que, en determinadas condiciones y a instancia del titular de buena fe que hubiera concertado operaciones en firme confiando en ella, la información pueda seguir usándose durante un período de uso prorrogado limitado tras el cese. Es la manera de conciliar la primacía de la norma sobrevenida con la confianza legítima de quien ya había contratado.

Epígrafe 4 — Suspensión, anulación, revocación y modificación de las decisiones favorables

1. Cuatro potestades para revisar una decisión favorable

El art. 23.3, que cerraba el epígrafe anterior, habilitaba a la aduana para anular, modificar o revocar una decisión «en cualquier momento cuando no se ajuste a la legislación aduanera», y el art. 23.4 añadía la suspensión. El CAU desarrolla ese cuadro de potestades en los artículos 27 a 30, centrándolo en las decisiones favorables al titular —las que le reconocen un derecho o una ventaja: una autorización, un estatuto, una información vinculante—, porque son las que, al revisarse, pueden perjudicarle.

Las cuatro figuras responden a lógicas distintas y no deben confundirse. La anulación (art. 27) borra la decisión desde su origen, por un vicio inicial imputable al titular. La revocación y la modificación (art. 28) actúan hacia el futuro, cuando cambian las circunstancias o el titular lo pide. La suspensión (art. 23.4.b) es una medida provisional que paraliza los efectos sin extinguir la decisión. Distinguirlas por su causa y por sus efectos en el tiempo es la clave del epígrafe.

2. La anulación de decisiones favorables

Artículo 27 del CAU · Anulación de decisiones favorables

1. Las autoridades aduaneras anularán las decisiones que sean favorables al titular de la decisión, en caso de que concurran las tres circunstancias siguientes:

a) que la decisión adoptada se haya basado en información incorrecta o incompleta;

b) que el titular de la decisión supiera o debiera razonablemente haber sabido que la información era incorrecta o incompleta,

c) que la decisión habría sido diferente si la información hubiese sido correcta y completa.

2. La anulación de una decisión será notificada al titular de dicha decisión.

3. Salvo que se disponga lo contrario en la decisión conforme a la legislación aduanera, la anulación será efectiva desde la misma fecha en que haya comenzado a surtir efectos la decisión inicial.

La anulación sanciona un vicio de origen en la formación de la decisión, y exige que concurran las tres circunstancias de forma acumulativa. No basta con que la información fuera incorrecta o incompleta (letra a); hace falta, además, un elemento subjetivo —que el titular supiera o debiera haber sabido que lo era (letra b)— y un elemento de causalidad —que la decisión hubiera sido distinta con información correcta (letra c)—. Si falta cualquiera de las tres, no procede anular, sino, en su caso, revocar o modificar por la vía del art. 28.

El rasgo capital de la anulación está en el apartado 3: su efecto es retroactivo (ex tunc). La anulación se retrotrae al momento en que la decisión inicial empezó a surtir efectos, como si nunca hubiera existido. Tiene sentido: si el titular obtuvo la ventaja con información que sabía incorrecta, no merece conservar los efectos producidos en el intervalo.

3. La revocación y la modificación de decisiones favorables

Artículo 28 del CAU · Revocación y modificación de decisiones favorables

1. Una decisión favorable al interesado será revocada o modificada cuando, en casos distintos de los previstos en el artículo 27:

a) no se hayan cumplido o hayan dejado de cumplirse una o varias de las condiciones establecidas para su adopción; o

b) el titular de la decisión así lo solicite.

2. Salvo que se disponga lo contrario, la revocación de una decisión favorable a varias personas podrá afectar únicamente a aquella que haya incumplido las obligaciones impuestas por esa decisión.

3. La revocación o modificación de una decisión será notificada al titular de dicha decisión.

4. El artículo 22, apartado 4, se aplicará a la revocación o modificación de la decisión.

No obstante, en casos excepcionales en que así lo requieran los intereses legítimos del titular de la decisión, las autoridades aduaneras podrán aplazar la fecha en que la revocación o modificación deba comenzar a surtir efectos hasta un máximo de un año. Esa fecha deberá indicarse en la decisión de revocación o modificación.

La revocación y la modificación operan «en casos distintos de los previstos en el art. 27», es decir, cuando no concurre el vicio de origen de la anulación. Sus dos causas son: que dejen de cumplirse las condiciones que sostenían la decisión (letra a) —el supuesto típico: un OEA que deja de reunir un criterio, un titular que incumple sus obligaciones— o que lo pida el propio titular (letra b). La diferencia entre revocar y modificar es de intensidad: la revocación deja sin efecto toda la decisión; la modificación la ajusta parcialmente para adaptarla a la nueva situación.

Sobre los efectos temporales, el apartado 4 remite al art. 22.4: la revocación o modificación surte efecto, por defecto, desde su notificación —hacia el futuro (ex nunc), sin la retroactividad de la anulación—. Y añade una válvula de equidad: en casos excepcionales, para proteger los intereses legítimos del titular, la aduana puede aplazar la fecha de efectos hasta un máximo de un año, dándole tiempo a reorganizarse. El apartado 2 introduce la regla de las decisiones plurales: cuando la decisión favorecía a varias personas, su revocación puede afectar solo a la que incumplió, sin arrastrar a las demás. Cierran el bloque los arts. 31 (delegación de poderes) y 32 (competencias de ejecución para la anulación, revocación o modificación).

4. La suspensión: una medida provisional

Junto a la anulación y la revocación/modificación —que extinguen o alteran la decisión— el CAU prevé una reacción provisional: la suspensión. Se apoya en el art. 23.4.b), que ordena a la aduana suspender una decisión «cuando no proceda anularla, revocarla o modificarla». La suspensión no extingue la decisión ni la modifica: paraliza temporalmente sus efectos mientras se aclara una situación —por ejemplo, mientras se comprueba si un incumplimiento es subsanable o si concurren de verdad las causas de revocación—. Es, en la lógica del sistema, la medida menos gravosa: se acude a ella cuando todavía no está justificado dar el paso, más drástico, de anular o revocar. Sus condiciones y normas de procedimiento se remiten a los reglamentos delegado y de ejecución (arts. 24.h y 25 CAU).

Junto a esta suspensión de gestión —de oficio y a la espera de aclarar si procede anular, revocar o modificar— el Código regula una suspensión distinta, ligada a la impugnación de la decisión: la del artículo 45, situado en el capítulo de los recursos. Aquí la suspensión no la decide la aduana motu proprio, sino que se plantea cuando el interesado ha recurrido la decisión y pretende que sus efectos no se ejecuten mientras se resuelve el recurso. Esta es, además, la remisión anunciada por el art. 22.4, que declaraba las decisiones ejecutables desde la notificación «salvo en los casos previstos en el artículo 45, apartado 2».

Artículo 45 del CAU · Suspensión de decisiones (en vía de recurso)

1. La presentación de un recurso no determinará la suspensión de la decisión impugnada.

2. No obstante, las autoridades aduaneras ordenarán la suspensión total o parcial de la ejecución de dicha decisión cuando tengan razones fundadas para dudar de la conformidad de la decisión impugnada con la legislación aduanera o cuando pueda temerse un daño irreparable para el interesado.

3. En los casos mencionados en el apartado 2, cuando la decisión impugnada determine la obligación de pagar derechos de importación o de exportación, la suspensión de la aplicación de la decisión estará supeditada a la prestación de una garantía, salvo que se determine, basándose en una evaluación documentada, que podría causar al deudor graves dificultades económicas o sociales.

El artículo articula una regla y su excepción, con una cautela final. La regla (apartado 1) es la de todo el Derecho administrativo: recurrir no suspende por sí solo la decisión, que sigue siendo ejecutable. La excepción (apartado 2) obliga a la aduana a suspender —total o parcialmente— en dos supuestos alternativos: cuando existan razones fundadas para dudar de que la decisión se ajusta a la legislación aduanera, o cuando pueda temerse un daño irreparable para el interesado. Nótese que el precepto dice «ordenarán»: concurriendo cualquiera de las dos causas, la suspensión no es una facultad discrecional, sino un deber. La cautela del apartado 3 protege el crédito público: si lo impugnado es una liquidación de derechos, la suspensión se condiciona a prestar garantía, salvo que esta pueda acarrear al deudor graves dificultades económicas o sociales, en cuyo caso se dispensa.

Las dos suspensiones no deben confundirse. La del art. 23.4.b) es una medida de gestión que la aduana adopta de oficio cuando aún no procede anular, revocar ni modificar; la del art. 45 es una suspensión en vía de recurso, orientada a la tutela cautelar del recurrente mientras se decide su impugnación. Distinto presupuesto, distinta finalidad, aunque ambas compartan el rasgo de paralizar temporalmente los efectos de la decisión sin extinguirla.

5. Las decisiones favorables adoptadas sin solicitud previa

Todo el procedimiento estudiado parte de una solicitud del interesado, pero la aduana también dicta decisiones de oficio. El art. 29 tiende el puente para que esas decisiones no queden sin garantías.

Artículo 29 del CAU · Decisiones adoptadas sin solicitud previa

Excepto cuando una autoridad aduanera actúe en calidad de autoridad judicial, las disposiciones del artículo 22, apartados 4, 5, 6 y 7, del artículo 23, apartado 3, y de los artículos 26, 27 y 28 se aplicarán también a las decisiones que tomen las autoridades aduaneras sin solicitud previa de la persona interesada.

El precepto extiende a las decisiones de oficio el mismo régimen que a las adoptadas previa solicitud, en lo esencial: los efectos y la validez temporal (art. 22.4 y 5), el derecho a ser oído y la motivación (art. 22.6 y 7), la potestad de anular/modificar/revocar (art. 23.3), la validez en toda la Unión (art. 26) y, sobre todo, las reglas de anulación (art. 27) y de revocación y modificación (art. 28). Así, tanto da que una decisión favorable naciera a instancia del interesado o de oficio: su revisión se somete a las mismas causas y efectos. La única salvedad es cuando la aduana actúa como autoridad judicial, supuesto excluido (en línea con el art. 43, que también aparta del régimen de recursos las decisiones judiciales).

6. El límite de la revisión: las mercancías ya incluidas en un régimen

El poder de revisar decisiones favorables tiene un freno pensado para proteger la seguridad jurídica del tráfico ya iniciado: no puede volverse contra mercancías que, al amparo de la decisión, ya están circulando en un régimen aduanero —la situación jurídica que se da a la mercancía tras el despacho (importación, exportación, tránsito, depósito…), que se estudia con detalle en el tema siguiente; aquí basta con retener que es una situación ya en curso que la revisión no debe desbaratar—.

Artículo 30 del CAU · Limitaciones aplicables a las decisiones relativas a la inclusión de mercancías en un régimen aduanero o en depósito temporal

Salvo que la persona afectada lo solicite, la revocación, modificación o suspensión de una decisión favorable no afectará a las mercancías que en el momento en que surta efecto dicha revocación, modificación o suspensión hayan sido incluidas y se encuentren aún en un régimen aduanero o en depósito temporal en virtud de la decisión revocada, modificada o suspendida.

La regla protege lo ya hecho: si una mercancía se incluyó en un régimen aduanero (o en depósito temporal —la situación transitoria de la mercancía que, ya presentada en aduana, aún no ha recibido un destino y permanece almacenada bajo vigilancia aduanera—) al amparo de una decisión favorable, la posterior revocación, modificación o suspensión de esa decisión no la alcanza mientras siga en ese régimen, salvo que el propio afectado pida lo contrario. Es una manifestación del principio de que la revisión opera hacia el futuro y no debe desbaratar operaciones en curso amparadas por una decisión entonces vigente. Nótese que el precepto menciona la revocación, la modificación y la suspensión, pero no la anulación: coherente con que la anulación (art. 27) sí despliega efectos retroactivos, por el reproche que la fundamenta.