Tema 37 — Las Tasas. Los Precios Públicos

Derecho Financiero y Tributario Español · Parte Especial Cuerpo Técnico de Hacienda · Ingreso libre y promoción interna

1. Concepto y principios de las tasas.
2. Hecho imponible y devengo.
3. Sujeto pasivo y responsables. Gestión y liquidación.
4. Los precios públicos.

Epígrafe 1 — Concepto y principios de las tasas

1. El concepto de tasa: art. 2.2.a) LGT y art. 6 de la Ley 8/1989

La tasa es una de las tres categorías tributarias en que el ordenamiento español clasifica los tributos, junto con el impuesto y la contribución especial. Su régimen jurídico se reparte entre dos normas. Por un lado, la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT), que en su artículo 2.2.a) ofrece la definición general de tasa válida para todo el sistema tributario. Por otro, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos (LTPP), norma específica que regula el régimen jurídico de estos recursos de Derecho público del Estado (art. 1) y que, en su artículo 6, reproduce esa misma definición. Ambos preceptos manejan una fórmula idéntica, de modo que el concepto de tasa es único.

Artículo 2.2.a) de la Ley General Tributaria · Concepto, fines y clases de los tributos

a) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.

Artículo 6 de la Ley 8/1989 · Concepto

Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.

La definición encierra dos modalidades de hecho imponible, que responden a dos realidades distintas y que deben separarse.

La primera es la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público. Aquí no hay servicio ni actividad administrativa, sino que un particular obtiene un uso singularizado de un bien de titularidad pública que, por su propia naturaleza, es de todos: instalar una terraza en la acera, colocar un quiosco en la vía pública, tender cables o canalizaciones bajo el suelo, ocupar el subsuelo, vuelo o suelo del dominio público, o aprovechar una playa para una actividad económica. Lo que justifica la tasa es que ese uso excede del uso común general que corresponde a cualquier ciudadano y que, al detraer una porción del dominio público en beneficio particular, restringe o excluye el aprovechamiento por los demás.

La segunda modalidad es la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público referidos al obligado. Aquí la Administración presta un servicio o desarrolla una actividad que afecta de modo particular a un sujeto determinado —expedir un certificado, tramitar una licencia, practicar una inspección, prestar un servicio sanitario o académico—. Pero no basta con que exista el servicio, la ley exige además una nota de coactividad, que puede presentarse por dos vías alternativas —dos condiciones unidas por la conjunción disyuntiva «o»—, de modo que basta con que concurra una de ellas para que exista tasa.

La ley admite dos condiciones alternativas y basta con que concurra una de ellas para que exista tasa:

• Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para el obligado. La ley entiende que no hay verdadera voluntariedad cuando el servicio viene impuesto por normas legales o reglamentarias, o cuando el bien o servicio es imprescindible para la vida privada o social del solicitante, de forma que no tenga una alternativa real de rechazarlo.
• Que no se presten o realicen por el sector privado, es decir, que se trate de una actividad reservada de hecho o de derecho al ente público, sin que el particular pueda acudir al mercado para obtener lo mismo.

En cualquiera de los dos casos, el particular no está realmente ante una elección libre, y esa ausencia de libertad —esa coactividad— es lo que convierte la contraprestación en un tributo.

El otro rasgo estructural, común a las dos modalidades, es la referencia o afectación particular al obligado: el servicio, la actividad o el uso del dominio público debe referirse, afectar o beneficiar «de modo particular» a un sujeto concreto. Esta nota de individualización es la que aproxima la tasa a la idea de contraprestación y la aleja del impuesto, que se exige sin actividad administrativa alguna referida al contribuyente.

La propia Ley 8/1989 acota además su ámbito por vía negativa, enumerando en su artículo 2 los recursos que, aun teniendo apariencia próxima, quedan fuera de su regulación.

Artículo 2 de la Ley 8/1989 · Delimitación del ámbito de aplicación de la Ley

Los preceptos de esta Ley no serán aplicables a:

a) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social y las de naturaleza idéntica que se recauden conjuntamente con aquéllas.

b) La contraprestación por las actividades que realicen y los servicios que presten las Entidades u Organismos públicos que actúen según normas de derecho privado.

c) Los recursos de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, que continuarán regulándose por su legislación específica.

c) [Sic] Las tarifas que abonen los usuarios por la utilización de la obra o por la prestación del servicio a los concesionarios de obras y de servicios conforme a la legislación de contratos del sector público, que son prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias.

El precepto traza las fronteras externas de la figura. Quedan fuera de la Ley cuatro grupos de recursos:

• Las cotizaciones a la Seguridad Social —aunque son prestaciones coactivas— tienen su propio régimen y no se rigen por esta Ley.
• Las contraprestaciones de entes públicos que actúan sometidos al Derecho privado, porque entonces no hay ejercicio de potestad administrativa.
• Los recursos de las Cámaras de Comercio, con legislación específica.
• Las tarifas de los concesionarios de obras y servicios, calificadas expresamente como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias.

Esta última categoría es la más difícil y merece detenerse en ella. El usuario paga una contraprestación coactiva —no la elige con libertad—, pero quien la cobra no es la Administración, sino un concesionario privado que explota la obra o el servicio por cuenta de aquélla. Por eso no puede ser una tasa (tributo que percibe el ente público) ni un precio público (que también percibe la Administración): la ley la sitúa en una categoría propia, coactiva como un tributo pero cobrada por un particular. Es el caso, por ejemplo, del peaje que se abona al concesionario de una autopista.

2. Delimitación frente al impuesto y a la contribución especial

El artículo 2.2 de la LGT clasifica los tributos en tres categorías —tasas, contribuciones especiales e impuestos— y lo hace atendiendo, en todos los casos, a un único criterio: la estructura del hecho imponible. No es la denominación que la norma dé al tributo lo que decide su naturaleza —el propio precepto advierte que la clasificación opera «cualquiera que sea su denominación»—, sino qué presupuesto de hecho hace nacer la obligación de pagar. Las tres definiciones han de leerse en paralelo.

Artículo 2.2 de la Ley General Tributaria · Clases de tributos

Los tributos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos:

a) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario […].

b) Contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.

c) Impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.

La diferencia esencial se aprecia enseguida. En el impuesto no hay ninguna actividad administrativa singular referida al contribuyente: se paga «sin contraprestación», por la sola realización de un hecho que revela riqueza —obtener renta, poseer un patrimonio, consumir, adquirir un bien—. El impuesto es el tributo por excelencia, el que financia con carácter general el gasto público sin conexión con un servicio concreto.

En la tasa y en la contribución especial, en cambio, sí existe una actividad administrativa que se conecta con el obligado, por lo que ambas se agrupan a veces como tributos «causales» o «contraprestativos». La distinción entre ellas está en cómo se relaciona esa actividad con el sujeto. En la tasa, la actividad o el servicio se dirige, se refiere o afecta de modo particular al obligado, que es su destinatario individual (se le expide su certificado, se le tramita su licencia, ocupa él la porción de dominio público). En la contribución especial, la Administración realiza una obra pública o amplía un servicio público de alcance general —pavimentar una calle, instalar el alumbrado, extender una red de saneamiento—. Aquí el obligado no es el destinatario directo de esa actuación. Es quien resulta especialmente beneficiado por ella, o quien ve aumentar el valor de sus bienes como efecto reflejo. Piénsese en el propietario de un inmueble colindante con una calle recién urbanizada: no ha pedido nada para sí, pero su finca se revaloriza, y esa plusvalía singular es la que se grava.

3. Los principios de las tasas

El régimen de las tasas se ordena en torno a tres principios que la Ley 8/1989 recoge en sus artículos 7, 8 y 10, y que arrancan, en último término, de la propia Constitución.

a) Reserva de ley. Como todo tributo, la tasa está sujeta al principio de legalidad tributaria. La Constitución lo enuncia en su artículo 31.3, conforme al cual solo pueden establecerse prestaciones patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley, y en su artículo 133, que reserva a la ley la potestad originaria de establecer los tributos. La reserva no es absoluta —se admite la colaboración del reglamento—, pero sí cubre necesariamente la creación del tributo y la regulación de sus elementos esenciales. La Ley 8/1989 traduce esa exigencia constitucional en su artículo 10.

Artículo 10 de la Ley 8/1989 · Establecimiento y regulación

1. El establecimiento de las tasas, así como la regulación de los elementos esenciales de cada una de ellas, deberá realizarse con arreglo a Ley.

2. Son elementos esenciales de las tasas los determinados por la presente Ley en el capítulo siguiente.

3. Cuando se autorice por Ley, con subordinación a los criterios o elementos de cuantificación que determine la misma, se podrán concretar mediante norma reglamentaria las cuantías exigibles para cada tasa.

El precepto fija con nitidez el reparto. La ley crea la tasa y regula sus elementos esenciales —hecho imponible, sujetos, devengo, elementos de cuantificación—, mientras que el reglamento solo puede concretar las cuantías, y aun eso únicamente si una ley lo autoriza y le marca los criterios de cuantificación. Se trata, por tanto, de una reserva de ley relativa, que admite la remisión al reglamento para el detalle cuantitativo pero no para lo sustancial.

Ese reparto se completa con el sistema de fuentes del artículo 9, que ordena las normas aplicables a las tasas y fija su carácter supletorio.

Artículo 9 de la Ley 8/1989 · Fuentes normativas de las tasas

1. Las tasas se regirán:

a) Por los Tratados o Convenios Internacionales que contengan cláusulas en materia de tasas, publicados oficialmente en España.

b) Por la presente Ley, por la Ley General Tributaria y la Ley General Presupuestaria, en cuanto no preceptúen lo contrario.

c) En su caso, por la Ley propia de cada tasa.

d) Por las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de estas Leyes.

2. La presente Ley se aplicará supletoriamente respecto de la legislación que regula las tasas de las Comunidades Autónomas y las Haciendas Locales.

El orden de prelación es revelador. En la cúspide, los Tratados o Convenios internacionales, después, el bloque general formado por la propia LTPP, la LGT y la Ley General Presupuestaria; a continuación, la ley propia de cada tasa —recuérdese que cada tasa nace de su ley— y, por último, los reglamentos de desarrollo. El apartado 2 añade una nota capital para un Estado descentralizado: la LTPP es solo supletoria respecto de la legislación de tasas de las Comunidades Autónomas y de las Haciendas Locales, que tienen su propia regulación (señaladamente, para las locales, el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales).

A ello se suma una exigencia presupuestaria propia de la tasa fiscal, contenida en el artículo 11.

Artículo 11 de la Ley 8/1989 · Previsión presupuestaria

La exacción de las tasas ha de estar prevista en los Presupuestos de los Entes públicos.

Este precepto es la clave de una distinción clásica del temario de Hacienda: la que separa la tasa fiscal de la tasa parafiscal.

La tasa fiscal es la que figura en los Presupuestos —su exacción está prevista en ellos, como exige el art. 11— y se integra plenamente en la técnica presupuestaria.

La tasa parafiscal, en cambio, era aquella que se exigía al margen del presupuesto. La intuición es sencilla: se trataba de un tributo exigido al margen del presupuesto, que no figuraba en las cuentas públicas ni se rodeaba de las garantías de legalidad propias de un tributo; el ciudadano pagaba una exacción que, de hecho, escapaba al control presupuestario y parlamentario. Ese era el problema.

La Ley 8/1989 se inscribe precisamente en el esfuerzo histórico por acabar con la parafiscalidad, reconduciendo estas exacciones a los parámetros presupuestarios y fiscales ordinarios. Como dato de contexto, ese esfuerzo arranca de la vieja Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales de 1958, y las tradicionales «tasas fiscales» del Estado llegaron a recogerse en un Texto Refundido (Decreto 3059/1966).

b) Principio de equivalencia y límite del coste del servicio. La tasa es un tributo contraprestativo, y de ahí deriva su segundo gran principio: debe existir una equivalencia entre lo que se cobra y el coste de lo que se presta. El artículo 7 LTPP lo formula como una tendencia.

Artículo 7 de la Ley 8/1989 · Principio de equivalencia

Las tasas tenderán a cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya su hecho imponible.

Este principio tiene una doble cara. Por un lado, marca una finalidad: la tasa aspira a cubrir el coste del servicio, no a producir un beneficio para el ente público. Por otro, se traduce en un límite máximo de cuantía: la recaudación por la tasa no podrá exceder, en su conjunto, del coste del servicio. Esa traducción cuantitativa es obra del artículo 19, dedicado a los elementos cuantitativos de la tasa, que por su carácter aplicado se estudia con detalle —y con ejemplo numérico— en el epígrafe 3 de este tema. Baste anticipar aquí que ese tope es lo que impide que la tasa se convierta encubiertamente en un impuesto sobre quienes usan el servicio.

c) Principio de capacidad económica. El tercer principio matiza al anterior. Aunque la tasa se mide por el coste del servicio, no puede ignorar por completo la riqueza del obligado, porque el deber de contribuir del artículo 31.1 CE se ordena a un sistema justo inspirado en la capacidad económica. La Ley 8/1989 lo recoge, con la debida prudencia, en su artículo 8.

Artículo 8 de la Ley 8/1989 · Principio de capacidad económica

En la fijación de las tasas se tendrá en cuenta, cuando lo permitan las características del tributo, la capacidad económica de las personas que deben satisfacerlas.

La cautela «cuando lo permitan las características del tributo» es deliberada. En la tasa, el importe viene determinado ante todo por el coste del servicio o por el valor del aprovechamiento, magnitudes ajenas a la riqueza de quien paga. Por eso la capacidad económica no puede operar aquí con la intensidad con que lo hace en el impuesto, sino como un criterio corrector o modulador que actúa solo en la medida en que la estructura de la tasa lo consienta: exenciones y bonificaciones subjetivas, tarifas reducidas para determinados colectivos o la ponderación de circunstancias personales cuando el servicio lo permite.

4. Tasa y precio público: la doctrina de la STC 185/1995 (anticipo del epígrafe 4)

La distinción entre tasa y precio público es la frontera más delicada de esta materia, que se desarrolla en el epígrafe 4, porque de ella depende algo esencial: si la exacción es una tasa, queda sujeta a la reserva de ley (arts. 31.3 y 133 CE y art. 10 LTPP), mientras que el precio público, al no ser un tributo, puede fijarse con mayor libertad y sin las garantías propias del sistema tributario. Aquí basta con anticipar la clave doctrinal, cuya referencia obligada es la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995.

En su redacción originaria, la Ley 8/1989 había dibujado la frontera de forma muy amplia, calificando como precio público buena parte de las contraprestaciones por servicios que, aun prestados por la Administración, podían también ofrecerse por el sector privado o cuyos servicios no fueran de solicitud obligatoria. Con ese criterio, numerosas prestaciones quedaban fuera de la reserva de ley y de las garantías tributarias.

Tras esa reconfiguración, el criterio de deslinde quedó fijado en la coactividad: hay tasa cuando concurre alguna de las dos notas de coactividad del artículo 6 LTPP, y hay precio público cuando el servicio es libre y concurrente con el mercado. El desarrollo de esta frontera —con el concepto legal de precio público (art. 24) y sus consecuencias— se aborda en el epígrafe 4.

Epígrafe 2 — Hecho imponible y devengo

1. El hecho imponible: los dos supuestos de la tasa (art. 6)

El hecho imponible es el presupuesto de hecho que, al realizarse, hace nacer la obligación tributaria. En la tasa ese presupuesto no es la manifestación de una riqueza —como en el impuesto—, sino la actividad de la Administración que se dirige o afecta de modo particular a un obligado concreto. La Ley 8/1989 lo recoge en su artículo 6, ya transcrito en el epígrafe 1, con una redacción que reproduce la del artículo 2.2.a) de la Ley General Tributaria y que encierra, en una sola frase, los dos grandes supuestos en que puede consistir el hecho imponible.

El primer supuesto es la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público: el particular usa un bien público de forma que excluye o limita el uso común de los demás —una terraza en la vía pública, un vado, una cantera en terreno demanial, la ocupación del subsuelo por una canalización—. Aquí no hay servicio administrativo que se preste, sino un bien de titularidad pública que la Administración pone a disposición de un sujeto determinado, y la tasa retribuye ese uso singular.

El segundo supuesto es la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado. Este bloque tiene una nota que el primero no necesita: los dos requisitos alternativos del inciso final. El servicio o la actividad ha de reunir, al menos, una de estas dos condiciones para que la tasa sea legítima: que no sea de solicitud o recepción voluntaria para el obligado, o que no se preste o realice por el sector privado. La coactividad y su alcance se explican en el epígrafe 1.

Los dos supuestos comparten la exigencia de la particularidad: el servicio, la actividad o el uso del bien público han de referirse, afectar o beneficiar «de modo particular» a un obligado. Un servicio de disfrute general e indivisible —el alumbrado público, la seguridad ciudadana— no puede financiarse con tasas, porque no se refiere a nadie en particular. La tasa exige siempre un beneficiario o afectado identificable, aquel a quien la actuación pública singulariza.

2. La enumeración de servicios y actividades y la aplicación territorial (arts. 13 y 14)

El art. 6 define el hecho imponible en abstracto. El art. 13, ya dentro del Capítulo II («La relación jurídico-tributaria de tasa»), lo concreta ofreciendo un catálogo de servicios y actividades por los que podrán establecerse tasas. No es un precepto que cree tasas por sí mismo —cada tasa nace de su ley propia, ex art. 10—, sino que delimita el terreno en el que el legislador puede moverse.

Artículo 13 de la Ley 8/1989 · Hecho imponible

Podrán establecerse tasas por la prestación de servicios o realización de actividades en régimen de Derecho público consistentes en:

a) La tramitación o expedición de licencias, visados, matrículas o autorizaciones administrativas.

b) La expedición de certificados o documentos a instancia de parte.

c) Legalización y sellado de libros.

d) Actuaciones técnicas y facultativas de vigilancia, dirección, inspección, investigación, estudios, informes, asesoramiento, comprobación, reconocimiento o prospección.

e) Examen de proyectos, verificaciones, contrastaciones, ensayos u homologaciones.

f) Valoraciones y tasaciones.

g) Inscripciones y anotaciones en Registros oficiales y públicos.

h) Servicios académicos y complementarios.

i) Servicios portuarios y aeroportuarios.

j) Servicios sanitarios.

k) Actividades o servicios relacionados con los controles aduaneros.

l) La participación como aspirantes en oposiciones, concursos o pruebas selectivas de acceso a la Administración Pública, así como en pruebas de aptitud que organice la Administración como requisito previo para el ejercicio de profesiones reguladas de la Unión Europea.

m) Por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.

n) Servicios o actividades en general que se refieran, afecten o beneficien a personas determinadas o que hayan sido motivados por éstas, directa o indirectamente.

La enumeración se lee con dos claves. La primera es que la letra n) funciona como cláusula de cierre: recoge, en términos idénticos a los del art. 6, cualquier servicio o actividad que se refiera, afecte o beneficie a personas determinadas o esté motivado por ellas. Su presencia demuestra que la lista no es cerrada, sino enunciativa: las letras a) a m) son ejemplos típicos, y la n) abre la puerta a cualquier otro que encaje en el concepto general. La segunda clave es que el catálogo del art. 13 solo cubre el segundo supuesto del hecho imponible —servicios y actividades—; el primero, la utilización del dominio público, no se enumera aquí porque su presupuesto es distinto y se cuantifica por reglas propias (art. 19.1, valor de mercado o de la utilidad derivada).

La aplicación territorial de las tasas por servicios corrige la intuición geográfica más habitual.

Artículo 14 de la Ley 8/1989 · Aplicación territorial

Las tasas por servicios o actividades públicos se exigirán por el hecho de la prestación o realización de los mismos, sin que tenga relevancia a estos efectos que el lugar donde se preste el servicio o se realice la actividad se encuentre fuera del territorio nacional.

Lo determinante no es dónde se sitúa físicamente la actuación, sino que exista prestación efectiva de un servicio público español. Por eso una actuación consular en el extranjero —la expedición de un documento por una embajada, por ejemplo— devenga la tasa igual que si se hubiera realizado dentro de las fronteras: el criterio es funcional, no puramente territorial.

3. El devengo de la tasa (art. 15)

El devengo es el momento en que se entiende realizado el hecho imponible y nace la obligación de pago. Como en la tasa el hecho imponible puede consistir en cosas muy distintas —usar un bien público, recibir un servicio, tramitar un expediente—, la Ley no fija un instante único, sino que ofrece varias reglas «según la naturaleza» de cada hecho imponible.

Artículo 15 de la Ley 8/1989 · Devengo

1. Las tasas podrán devengarse, según la naturaleza de su hecho imponible:

a) Cuando se conceda la utilización privativa o el aprovechamiento especial o cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, sin perjuicio de la posibilidad de exigir su depósito previo.

b) Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

2. Cuando las tasas se devenguen periódicamente, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante anuncios en el «Boletín Oficial del Estado».

El apartado 1 recoge la regla general de devengo con dos momentos alternativos. La letra a) sitúa el devengo cuando se concede el uso del dominio público o cuando se inicia la prestación del servicio o la actividad: el tributo nace, por tanto, al empezar la actuación pública que lo justifica, no al concluirla. A esta regla se añade una previsión de gestión de la máxima importancia práctica, la posibilidad de exigir el depósito previo: aunque el devengo se produzca al iniciar la prestación, la ley de cada tasa puede reclamar que el obligado deposite antes su importe, de modo que la Administración cobre por anticipado y garantice el ingreso.

La letra b) contempla un devengo anticipado por conveniencia gestora: en las actuaciones que arrancan a instancia del interesado, la tasa puede devengarse ya con la presentación de la solicitud, y la propia norma condiciona la tramitación al pago —el expediente «no se realizará o tramitará» sin que se haya pagado—. Es el modelo típico de las tasas por participación en oposiciones o por expedición de documentos a instancia de parte.

El reverso del devengo es la devolución. Puesto que la tasa se paga por una actuación pública, si esa actuación finalmente no llega a producirse por una causa ajena al obligado, lo cobrado pierde su fundamento y debe reintegrarse. Lo prevé el artículo 12, pieza que se presenta aquí porque en ella se apoyan varios de los ejemplos que siguen.

Artículo 12 de la Ley 8/1989 · Devolución

Procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo.

La clave está en la no imputabilidad: no basta con que el servicio no se preste, es preciso que su frustración no se deba al propio obligado. Quien paga y desiste por su cuenta no recupera lo abonado; quien paga y ve frustrado el servicio por causa de la Administración, sí.

El apartado 2 regula el devengo periódico, propio de los servicios que no se agotan en un acto sino que se prolongan en el tiempo —una autorización de uso del dominio público que se renueva año a año, un servicio sujeto a padrón o matrícula—. Aquí la Ley no altera el momento del devengo, sino que simplifica la notificación: notificada individualmente la liquidación del alta en el registro, padrón o matrícula, las liquidaciones sucesivas —las de los períodos siguientes, que no cambian— pueden notificarse colectivamente mediante anuncio en el BOE, sin necesidad de notificación personal a cada obligado.

Epígrafe 3 — Sujeto pasivo y responsables. Gestión y liquidación

1. El sujeto pasivo de la tasa (art. 16)

Delimitado el hecho imponible de la tasa —la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, y la prestación de servicios o realización de actividades en régimen de Derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado (art. 6)—, la Ley 8/1989 identifica al obligado a satisfacerla en el artículo 16. La regla es coherente con la propia naturaleza del tributo: paga quien recibe el beneficio o queda afectado, es decir, quien se sitúa en el lado activo de esa relación con el dominio público o con el servicio.

Artículo 16 de la Ley 8/1989 · Sujeto pasivo

1. Serán sujetos pasivos de las tasas, las personas físicas o jurídicas beneficiarias de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público o a quienes afecten o beneficien, personalmente o en sus bienes, los servicios o actividades públicos que constituyen su hecho imponible.

2. En su caso, tendrán la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición.

El apartado 1 fija una doble vía para localizar al sujeto pasivo, según cuál sea la modalidad del hecho imponible. Si la tasa grava la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, es sujeto pasivo el beneficiario de ese uso —quien ocupa la acera con una terraza, quien instala un vado, quien aprovecha un tramo de costa—. Si la tasa grava un servicio o actividad, lo es aquel a quien el servicio afecta o beneficia, personalmente o en sus bienes: el que solicita el certificado, el que pide la licencia, el titular del inmueble inspeccionado. La expresión «personalmente o en sus bienes» amplía el círculo, porque no exige que el sujeto haya pedido nada: basta con que el servicio recaiga sobre su esfera personal o patrimonial, en línea con la nota de coactividad que define a la tasa (servicios de solicitud o recepción no voluntaria).

El apartado 2 añade los entes sin personalidad jurídica del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria —herencias yacentes, comunidades de bienes y, en general, unidades económicas o patrimonios separados—, que pueden ser sujetos pasivos «en su caso», esto es, cuando sean ellos quienes se beneficien del uso o resulten afectados por el servicio.

2. Los responsables de la tasa (art. 17)

Junto al sujeto pasivo, la Ley prevé la figura del responsable: un tercero al que la ley coloca junto al deudor principal para garantizar el cobro de la tasa. El artículo 17 no desplaza el régimen general —se remite a la Ley General Tributaria—, sino que añade dos supuestos propios de las tasas: uno de responsabilidad solidaria y otro subsidiaria.

Artículo 17 de la Ley 8/1989 · Responsables

1. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley General Tributaria en materia de responsabilidad y garantías de la deuda tributaria, responderán solidariamente de las tasas, las Entidades o Sociedades aseguradoras de riesgos que motiven actuaciones o servicios administrativos que constituyan el hecho imponible de una tasa.

2. En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien a los usuarios u ocupantes de viviendas, naves, locales o, en general, de inmuebles, serán responsables subsidiarios los propietarios de dicho inmuebles.

El apartado 1 declara responsables solidarios a las entidades y sociedades aseguradoras cuando el riesgo que cubren motive la actuación administrativa gravada. Es el caso típico de los servicios de extinción de incendios o de salvamento y prevención cubiertos por una póliza: la aseguradora responde solidariamente de la tasa que grava la actuación, de modo que la Administración puede dirigirse indistintamente contra el sujeto pasivo o contra ella. La responsabilidad solidaria sitúa al responsable en el mismo plano exigible que el deudor principal, sin necesidad de agotar antes el patrimonio de este.

El apartado 2 establece una responsabilidad subsidiaria a cargo de los propietarios de inmuebles cuando la tasa grava servicios o actividades que benefician a los usuarios u ocupantes de esas viviendas, naves o locales. A diferencia de la solidaria, la responsabilidad subsidiaria solo se activa tras la declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios, y previa declaración de responsabilidad, conforme al procedimiento de la Ley General Tributaria al que remite el propio art. 17.1.

3. Exenciones y bonificaciones (art. 18)

Cerrado el círculo subjetivo de la tasa, un rasgo la singulariza frente al resto de tributos: su régimen restrictivo de beneficios fiscales. El artículo 18, dentro del capítulo de la relación jurídico-tributaria, complementa al principio de capacidad económica del art. 8 con una regla tajante.

Artículo 18 de la Ley 8/1989 · Exenciones y bonificaciones

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 8, no se admitirá, en materia de tasas, beneficio tributario alguno, salvo a favor del Estado y los demás Entes públicos territoriales o institucionales o como consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales.

La regla es, como se ve, de signo prohibitivo: en las tasas no caben exenciones ni bonificaciones, con solo dos excepciones. La primera, los beneficios a favor de los entes públicos (el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los entes institucionales); la segunda, los que deriven de Tratados o Acuerdos internacionales. La razón es coherente con la naturaleza contraprestativa de la tasa: si esta tiende a cubrir el coste de un servicio del que se beneficia un sujeto concreto, exonerar a unos supondría trasladar el coste a los demás usuarios o al presupuesto general. La reserva «sin perjuicio de lo previsto en el artículo 8» deja a salvo, eso sí, la posibilidad de modular la cuantía atendiendo a la capacidad económica cuando la estructura de la tasa lo permita.

4. Elementos cuantitativos: cuantía, tarifas y coste (arts. 19 y 20)

La cuantificación de la tasa responde a dos principios rectores fijados en las normas generales del Título II: el principio de equivalencia, según el cual las tasas «tenderán a cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya su hecho imponible» (art. 7), y el principio de capacidad económica, que se tiene en cuenta «cuando lo permitan las características del tributo» (art. 8). Sobre ese fundamento, el artículo 19 —ya anticipado en el epígrafe 1 al enunciar el principio de equivalencia— traduce ambos principios en reglas concretas de cálculo, distinguiendo las dos modalidades de tasa.

Artículo 19 de la Ley 8/1989 · Elementos cuantitativos de la tasa

1. El importe de las tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público se fijará tomando como referencia el valor de mercado correspondiente o el de la utilidad derivada de aquélla.

2. En general y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.

3. Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad […] con independencia del presupuesto con cargo al cual se satisfagan.

4. La cuota tributaria podrá consistir en una cantidad fija señalada al efecto, determinarse en función de un tipo de gravamen aplicable sobre elementos cuantitativos que sirvan de base imponible o establecerse conjuntamente por ambos procedimientos.

5. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán modificar la cuantía de las tasas.

El precepto separa con nitidez las dos vías de cuantificación. En las tasas por uso del dominio público (ap. 1) la referencia es el valor de mercado de ese uso o la utilidad que reporta; no hay aquí tope de coste, porque lo que se retribuye es el aprovechamiento de un bien público. En las tasas por servicios o actividades (ap. 2) rige, en cambio, un límite máximo: el importe no puede exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio (o, en su defecto, del valor de la prestación recibida). Es la concreción del principio de equivalencia del art. 7: la tasa tiende a cubrir el coste, y no debe superarlo.

El apartado 3 detalla qué se integra en ese coste para el cálculo: no solo los costes directos, sino también los indirectos, los financieros, la amortización del inmovilizado y lo necesario para el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio, todo ello con independencia del presupuesto con cargo al cual se paguen. El apartado 4 ofrece tres técnicas de fijación de la cuota: una cantidad fija, un tipo de gravamen sobre una base imponible, o la combinación de ambos. Y el apartado 5 recuerda que la cuantía de las tasas puede actualizarse por la Ley de Presupuestos, sin necesidad de una ley específica para cada una.

La justificación de esas cifras no queda al arbitrio de quien establece la tasa. El artículo 20 exige un soporte documental —la memoria económico-financiera— cuya ausencia se sanciona con la máxima gravedad.

Artículo 20 de la Ley 8/1989 · Memoria económico-financiera

1. Toda propuesta de establecimiento de una nueva tasa o de modificación específica de las cuantías de una preexistente deberá incluir […] una memoria económico-financiera sobre el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y sobre la justificación de la cuantía de la tasa propuesta.

La falta de este requisito determinará la nulidad de pleno derecho de las disposiciones reglamentarias que determinen las cuantías de las tasas.

2. Cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público lleve aparejada una destrucción o deterioro del mismo no prevista en la memoria […], el sujeto pasivo de la tasa, sin perjuicio del pago de la misma, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación. Si los daños fuesen irreparables, la indemnización consistirá en una cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados.

La memoria es el documento que acredita que la tarifa respeta el límite de coste del art. 19: por eso su falta acarrea la nulidad de pleno derecho de la norma reglamentaria que fije las cuantías. El apartado 2 impone además al sujeto pasivo, cuando el uso del dominio público causa un deterioro no previsto, una obligación de reintegro de los gastos de reconstrucción —o de indemnización por el valor de lo destruido, si el daño es irreparable— que se suma al pago de la tasa y no lo sustituye.

5. Gestión y liquidación: pago, gestión y autoliquidación (arts. 21 a 23)

El Capítulo III del Título II cierra la regulación de las tasas con las reglas de gestión y liquidación: cómo se paga (art. 21), a quién corresponde gestionarlas (art. 22) y cuándo debe el propio sujeto pasivo autoliquidar e ingresar (art. 23). El común denominador es la remisión a la Ley General Tributaria como norma de procedimiento.

Artículo 21 de la Ley 8/1989 · Pago

El pago de las tasas podrá hacerse en efectivo o mediante el empleo de efectos timbrados, según se disponga reglamentariamente.

El pago admite, pues, dos medios: el ingreso en efectivo y el uso de efectos timbrados (el papel timbrado o las tasas fiscales tradicionales), remitiendo al reglamento la concreción de cuándo procede cada uno.

Artículo 22 de la Ley 8/1989 · Gestión

1. La gestión de las tasas corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa reguladora de la Hacienda de las Comunidades Autónomas y de las demás Haciendas Territoriales o en las Leyes reguladoras de cada tasa.

2. De acuerdo con la naturaleza y características de cada tasa, podrá establecerse reglamentariamente la participación en el procedimiento de gestión tributaria, de otros Departamentos ministeriales, Entes u Organismos distintos del Ministerio de Economía y Hacienda.

3. En la gestión de las tasas se aplicarán, en todo caso, los principios y procedimientos de la Ley General Tributaria y, en particular, las normas reguladoras de las liquidaciones tributarias, la recaudación, la inspección de los tributos y la revisión de actos en vía administrativa.

La competencia general de gestión se atribuye al Ministerio de Economía y Hacienda (ap. 1), pero con dos matices importantes: se respeta lo que dispongan las Haciendas territoriales y la ley propia de cada tasa, y se admite que otros Departamentos ministeriales u organismos participen en el procedimiento (ap. 2), lo que es habitual porque quien presta el servicio (Interior, Justicia, Sanidad…) suele intervenir en la gestión de la tasa que lo grava. En todo caso (ap. 3), la gestión se rige por los principios y procedimientos de la Ley General Tributaria —liquidación, recaudación, inspección y revisión—, de modo que la tasa se gestiona como cualquier otro tributo.

Artículo 23 de la Ley 8/1989 · Autoliquidación

Los sujetos pasivos de las tasas estarán obligados a practicar operaciones de autoliquidación tributaria y a realizar el ingreso de su importe en el Tesoro, cuando así se prevea reglamentariamente.

La autoliquidación no es la regla general automática, sino un régimen que opera cuando el reglamento lo prevea. En tal caso, es el propio sujeto pasivo quien calcula la cuota, la declara y realiza el ingreso en el Tesoro, sin esperar a una liquidación administrativa previa. El precepto conecta con el devengo del art. 15: cuando la tasa se devenga al presentar la solicitud que inicia la actuación —que no se tramita sin el pago (art. 15.1.b)—, la autoliquidación e ingreso previos son el cauce natural.

6. Las principales tasas fiscales estatales

Más allá del régimen general de la Ley 8/1989, existe un catálogo amplio de tasas fiscales del Estado. No se regulan en la LTPP —que fija el régimen común—, sino en la ley propia de cada tasa (art. 9.c).

La relación es ilustrativa: el catálogo es extenso, sin numerus clausus. A título orientativo:

• Canon de superficie y actividad minera.
• Tasas por la propiedad industrial.
• Tasas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
• Tasas de telecomunicaciones y del dominio público radioeléctrico.
• Tasas de aterrizaje y servicios aeroportuarios.
• Tasas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
• Tasas derivadas de los servicios del Catastro.

La única que se desarrolla a continuación es la tasa fiscal sobre el juego.

De todas ellas, la que tradicionalmente se destaca por su importancia recaudatoria es la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, establecida por el Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero. Grava la autorización, celebración u organización de juegos de azar (casinos, bingo, máquinas recreativas de tipo B y C, etc.); su base imponible es, por regla general, el importe de las cantidades jugadas —con reglas específicas en casinos y máquinas—, y su cuota se fija mediante tipos tributarios o cuotas fijas según la modalidad de juego, con devengo al autorizarse la actividad o, en los juegos periódicos, por períodos.

Epígrafe 4 — Los precios públicos

1. Concepto: el precio público frente a la tasa (art. 24)

Cerrado el estudio de las tasas, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, dedica su Título III a una figura de perfil bien distinto: el precio público. La distinción no es nominal ni caprichosa. Mientras la tasa es un tributo —y como tal se somete a la reserva de ley del artículo 31.3 de la Constitución y al régimen de la Ley General Tributaria—, el precio público es un ingreso público de Derecho público que no tiene naturaleza tributaria. De esa diferencia de raíz derivan todas las demás: quién lo fija, cómo se cuantifica y cómo se exige. El artículo 24 abre el Título con la definición.

Artículo 24 de la Ley 8/1989 · Concepto

Tendrán la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.

El precepto encierra cuatro notas, exactamente los requisitos que separan el precio público de la tasa.

Primera, se trata de una contraprestación pecuniaria: un pago en dinero que el administrado entrega a cambio de recibir algo. Hasta aquí coincide con la tasa, que también es una prestación pecuniaria. La diferencia no está en el pago, sino en el vínculo que lo genera.

Segunda, el pago retribuye una prestación de servicios o realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público. Es decir, quien presta el servicio es una Administración —o un organismo público— actuando como tal, no un particular ni la Administración despojada de sus potestades. Este rasgo lo comparte de nuevo con la tasa: ambas retribuyen actividad administrativa en régimen de Derecho público.

Tercera —y aquí empieza la divergencia decisiva—, el servicio o la actividad se prestan también por el sector privado. En la tasa, el servicio o la actividad, o bien no puede prestarlo el sector privado (porque implica el ejercicio de autoridad, como una inspección o la expedición de un documento oficial), o bien se refiere a bienes de dominio público. En el precio público, por el contrario, existe una oferta privada concurrente: el mismo servicio puede obtenerse acudiendo a un operador privado. Piénsese en una piscina municipal, un curso de formación, una publicación o una entrada a un museo: hay alternativa en el mercado.

Cuarta, y como consecuencia de la anterior, la recepción del servicio es de solicitud voluntaria por parte de los administrados. El ciudadano no está obligado a solicitarlo: si quiere, acude a la Administración; si no, se abstiene o recurre al privado. Falta, por tanto, la coactividad que caracteriza a la tasa. En la tasa, la solicitud no es realmente libre —bien porque el servicio es imprescindible para la vida privada o social del solicitante, bien porque viene impuesto por normas legales o reglamentarias, bien porque el sector privado no lo presta—; en el precio público, esa coactividad desaparece.

Esta es la clave doctrinal: la voluntariedad y la concurrencia con el sector privado son los dos requisitos que expulsan a la figura del ámbito tributario. Como no hay coactividad, no hay tributo; y como no hay tributo, no rige la reserva de ley. Por eso el precio público podrá fijarse por norma reglamentaria, e incluso por decisión directa de un organismo público, algo impensable en una tasa.

2. Cuantía: el suelo del coste y la bonificación por razones sociales (art. 25)

Establecido qué es un precio público, la Ley fija cómo se cuantifica. Y aquí aparece un principio que lo distingue nítidamente de la tasa: el precio público debe cubrir, al menos, el coste. La tasa tiene en el coste un techo (no puede exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio); el precio público tiene en el coste un suelo.

Artículo 25.1 de la Ley 8/1989 · Cuantía (regla general)

1. Los precios públicos se determinarán a un nivel que cubra, como mínimo, los costes económicos originados por la realización de las actividades o la prestación de los servicios o a un nivel que resulte equivalente a la utilidad derivada de los mismos.

El apartado ofrece dos criterios alternativos de cuantificación, unidos por la conjunción «o». El primero es un criterio de coste: el precio se fija a un nivel que cubra, como mínimo, los costes económicos originados por la actividad o el servicio. La expresión «como mínimo» es la que invierte la lógica de la tasa: nada impide que el precio se sitúe por encima del coste, incorporando un margen. El segundo criterio es el de utilidad: el precio puede fijarse a un nivel equivalente a la utilidad que el administrado obtiene del servicio o la actividad, con independencia de lo que a la Administración le haya costado prestarlo. Basta con satisfacer uno de los dos parámetros.

El apartado 2 introduce la excepción que permite bajar de ese suelo por motivos de interés general.

Artículo 25.2 de la Ley 8/1989 · Cuantía (rebaja por razones sociales)

2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, podrán señalarse precios públicos que resulten inferiores a los parámetros previstos en el apartado anterior, previa adopción de las previsiones presupuestarias oportunas para la cobertura de la parte del precio subvencionada.

El precepto habilita a fijar precios por debajo del coste —o de la utilidad—, pero somete esa rebaja a dos condiciones acumulativas. La primera es material: que concurran razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que la justifiquen (por ejemplo, facilitar el acceso a una actividad formativa o cultural a colectivos con menos recursos). La segunda es presupuestaria y formal: que se adopten previamente las previsiones presupuestarias que cubran la parte del precio subvencionada. Dicho de otro modo, la diferencia entre el coste y el precio reducido no desaparece: la asume el presupuesto público como subvención. La ley no admite un déficit encubierto; exige que la parte no cubierta por el usuario esté consignada como gasto.

3. Establecimiento y modificación: órganos competentes (art. 26)

La ausencia de reserva de ley se traduce en el procedimiento de fijación. Aquí se aprecia la consecuencia práctica de que el precio público no sea un tributo: no lo crea el legislador, sino la Administración por vía de Orden ministerial o incluso por decisión directa del organismo que lo percibe.

Artículo 26 de la Ley 8/1989 · Establecimiento y modificación

1. El establecimiento o modificación de la cuantía de los precios públicos se hará:

a) Por Orden del Departamento ministerial del que dependa el órgano que ha de percibirlos y a propuesta de éste.

b) Directamente por los organismos públicos, previa autorización del Departamento ministerial del que dependan.

2. Toda propuesta de establecimiento o modificación de la cuantía de precios públicos deberá ir acompañada de una memoria económico-financiera que justificará el importe de los mismos que se proponga y el grado de cobertura financiera de los costes correspondientes.

El apartado 1 distingue dos cauces según quién perciba el precio. Si lo percibe un órgano integrado en la estructura ministerial, la cuantía se establece o modifica por Orden del Departamento ministerial del que ese órgano dependa, a propuesta del propio órgano (letra a). Si, en cambio, lo percibe un organismo público con personalidad propia, este puede fijarlo directamente, aunque necesita la autorización previa del Departamento ministerial del que dependa (letra b). En ambos casos la decisión es administrativa —ni ley ni real decreto—, lo que confirma que no rige la reserva de ley propia de los tributos.

El apartado 2 impone un requisito documental común a cualquiera de los dos cauces: toda propuesta debe acompañarse de una memoria económico-financiera. Esa memoria cumple una doble función de control: justificar el importe propuesto y acreditar el grado de cobertura financiera de los costes, es decir, en qué medida el precio los cubre. Es el instrumento que permite verificar que se respeta el suelo del artículo 25.1 o, si el precio queda por debajo, que se ha activado correctamente el mecanismo de subvención del artículo 25.2.

4. Administración y cobro (art. 27)

El último artículo del Título III regula la gestión del precio público una vez fijado: cuándo se exige, cómo se paga, qué ocurre si el servicio no llega a prestarse y —punto clave— con qué garantías se cobra la deuda impagada.

Artículo 27 de la Ley 8/1989 · Administración y cobro de los precios públicos

1. La administración y cobro de los precios públicos se realizará por los Departamentos y organismos públicos que hayan de percibirlos.

2. Los precios públicos podrán exigirse desde que se inicie la prestación de servicios que justifica su exigencia.

3. El pago de los precios públicos se realizará en efectivo o mediante el empleo de efectos timbrados.

4. Podrá exigirse la anticipación o el depósito previo del importe total o parcial de los precios públicos.

5. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio público no se preste el servicio o no se realice la actividad, procederá la devolución del importe que corresponda o, tratándose de espectáculos, el canje de las entradas cuando ello fuera posible.

6. Las deudas por precios públicos podrán exigirse mediante el procedimiento administrativo de apremio, conforme a la normativa vigente.

7. En lo no previsto expresamente en la presente Ley, la administración y cobro de los precios públicos se realizará de conformidad con lo previsto en la Ley General Presupuestaria y demás normas que resulten de aplicación a los mismos.

Los siete apartados dibujan un régimen de gestión con estas piezas. La competencia para administrar y cobrar corresponde a los mismos Departamentos y organismos que perciben el precio (ap. 1): quien lo cobra, lo gestiona. La exigibilidad se anuda al inicio de la prestación del servicio (ap. 2), momento a partir del cual el precio puede reclamarse. El pago se hace en efectivo o mediante efectos timbrados (ap. 3), y la Administración puede reforzar el cobro exigiendo anticipación o depósito previo, total o parcial (ap. 4) —una cautela lógica cuando el servicio aún no se ha prestado—.

El apartado 5 resuelve el supuesto de frustración del servicio por causas no imputables al obligado: si el servicio no se presta o la actividad no se realiza por razones ajenas al usuario, procede la devolución del importe correspondiente o, en el caso singular de los espectáculos, el canje de las entradas cuando sea posible. La clave está en la no imputabilidad: si el servicio no se presta por causa del propio obligado, no hay derecho a devolución.

El apartado 6 contiene la nota práctica más relevante y, a la vez, la más contraintuitiva: aunque el precio público no es un tributo, las deudas por precios públicos pueden exigirse mediante el procedimiento administrativo de apremio. La condición de ingreso de Derecho público le confiere, así, la misma potestad de autotutela ejecutiva de la que goza la Hacienda para cobrar sus tributos. El precio público no es un tributo, pero sí un crédito de Derecho público, y esa naturaleza —no la tributaria— es la que habilita la vía de apremio.

Finalmente, el apartado 7 fija la norma supletoria: en lo no previsto expresamente por la Ley 8/1989, la administración y el cobro se rigen por la Ley General Presupuestaria y demás normas aplicables. La remisión supletoria es a la normativa presupuestaria, no a la tributaria, coherente con el encuadre del precio público como ingreso de Derecho público de naturaleza no tributaria.