Tema 14 — Derechos y deberes de los funcionarios

Bloque I Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado · Ingreso libre

1. Los deberes y derechos de los funcionarios.
2. La carrera administrativa.
3. Promoción interna.
4. Las retribuciones e indemnizaciones de los funcionarios.
5. Retribuciones básicas: sueldos, trienios y pagas extraordinarias.
6. Retribuciones complementarias y otras remuneraciones.
7. Régimen disciplinario: faltas, sanciones y procedimiento.
8. El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios.
9. La MUFACE y las clases pasivas.

Epígrafe 1 — Los deberes y derechos de los funcionarios

El régimen estatutario de los empleados públicos se articula en el Título III del TREBEP («Derechos y deberes. Código de Conducta de los empleados públicos»), estructurado en seis capítulos: derechos individuales (Cap. I), carrera profesional, promoción interna y evaluación del desempeño (Cap. II), derechos retributivos (Cap. III), derechos colectivos (Cap. IV), jornada de trabajo, permisos y vacaciones (Cap. V) y deberes y Código de Conducta (Cap. VI).

1. Derechos individuales (art. 14 TREBEP)

El art. 14 enumera diecisiete derechos individuales del empleado público (letras a-q). La letra j bis fue añadida por la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; las letras h e i fueron modificadas por la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans, incorporando la orientación e identidad sexual, la expresión de género y las características sexuales.

2. Derechos individuales ejercidos colectivamente (art. 15 TREBEP)

El art. 15 distingue cinco derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: no son derechos de un colectivo como sujeto, sino derechos de cada empleado público que solo pueden articularse con la participación de un grupo. La libertad sindical (a) y la negociación colectiva (b) se desarrollan en los arts. 31-46 TREBEP. La huelga (c) se ejerce con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales del art. 28.2 CE; su impacto retributivo se regula en el art. 30.2 TREBEP. El planteamiento de conflictos colectivos de trabajo (d) y el derecho de reunión (e) —que remite al art. 46 TREBEP— cierran la lista.

3. Derechos retributivos (arts. 21-30 TREBEP)

Las retribuciones del personal funcionario se articulan en torno a la distinción básicas / complementarias (art. 22), con régimen específico para los funcionarios interinos (art. 25), los funcionarios en prácticas (art. 26) y el personal laboral (art. 27). El conjunto se cierra con las indemnizaciones por razón del servicio (art. 28), las retribuciones diferidas (art. 29) y la deducción de retribuciones por jornada no realizada o huelga (art. 30). Los incrementos retributivos están subordinados a la Ley de Presupuestos Generales del Estado (art. 21).

Las retribuciones complementarias del art. 24 retribuyen cuatro factores:

4. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones (arts. 47-51 TREBEP + DD.AA. 13.ª, 14.ª y 16.ª)

El art. 47 fue modificado por el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, ampliando la flexibilización horaria para conciliación más allá del cuidado de hijos menores de doce años (hijos mayores de doce años, cónyuge o pareja de hecho, familiares hasta el segundo grado y otras personas convivientes que no puedan valerse por sí mismas).

El art. 48 TREBEP regula los permisos ordinarios:

El art. 49 fija los permisos por conciliación, violencia y terrorismo, con régimen mínimo de obligado cumplimiento. Los permisos a) madre biológica, b) adopción/guarda/acogimiento y c) progenitor diferente de la madre biológica tienen duración base de diecinueve semanas ampliada a treinta y dos en monoparentalidad, distribuidas en tres tramos: seis semanas obligatorias inmediatamente posteriores al parto o resolución, once semanas distribuibles hasta los doce meses (veintidós en monoparentalidad) y dos semanas adicionales disfrutables hasta los ocho años (cuatro en monoparentalidad). Los tres son derechos individuales no transferibles.

Los permisos d), e) y f) ofrecen reducción de jornada o reordenación del tiempo: violencia de género o sexual con retribución íntegra cuando la reducción es de un tercio o menos (49.d); cuidado de hijo con cáncer u otra enfermedad grave con reducción de al menos la mitad y retribuciones íntegras hasta los 23 años, 26 si discapacidad ≥ 65% (49.e); víctimas del terrorismo con adaptación del tiempo mientras sea necesaria la protección (49.f). Las vacaciones del art. 50 son 22 días hábiles (los sábados no computan).

5. Deberes de los empleados públicos: el Código de Conducta (art. 52 TREBEP)

El art. 52 articula el marco general del Código de Conducta en torno a un mandato genérico —«desempeñar con diligencia las tareas asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico»— y la enumeración de quince principios que inspiran el Código y se desarrollan en los principios éticos del art. 53 y los de conducta del art. 54.

6. Principios éticos (art. 53 TREBEP)

Los principios éticos del art. 53 son valores y compromisos de fondo que orientan la actuación del empleado público. Se articulan en doce apartados que cubren la sujeción al ordenamiento jurídico (53.1), la búsqueda del interés general con neutralidad (53.2), la lealtad y buena fe institucional (53.3), el respeto a los derechos fundamentales y la no discriminación (53.4), la prevención del conflicto de intereses (53.5 y 53.6), el rechazo del trato de favor (53.7), los principios de eficacia, economía y eficiencia (53.8), la prohibición de influencia indebida (53.9), la diligencia y resolución en plazo (53.10), la dedicación y neutralidad (53.11) y el secreto y discreción profesionales (53.12). El apartado 4 fue modificado por la Ley 4/2023, de 28 de febrero.

7. Principios de conducta (art. 54 TREBEP)

Los principios de conducta del art. 54 son reglas de comportamiento concreto, próximas a la práctica cotidiana: el trato a los ciudadanos y a la organización (54.1), la diligencia y cumplimiento de la jornada (54.2), la obediencia a los superiores con la excepción de infracción manifiesta (54.3), la información a los ciudadanos (54.4), la administración austera de los recursos públicos (54.5), el rechazo de regalos que excedan los usos habituales (54.6), la conservación documental (54.7), la formación continua (54.8), la seguridad y salud laboral (54.9), la presentación de propuestas de mejora (54.10) y la atención en la lengua oficial que el ciudadano solicite (54.11).

Epígrafe 2 — La carrera administrativa

La carrera administrativa es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional del personal funcionario de carrera, regido por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Su régimen estatutario está en los arts. 16, 17, 19 y 20 TREBEP. Su desarrollo reglamentario en la AGE conserva los arts. 70-72 RD 364/1995 sobre grado personal e intervalos de niveles —en parte desplazados por la DT 6.ª del RDL 6/2023—, y se completa con el art. 122 RDL 6/2023 que implanta la carrera horizontal en la AGE mediante un sistema de cuatro tramos.

1. Concepto y modalidades de la carrera profesional (art. 16 TREBEP)

El art. 16 reconoce el derecho a la promoción profesional (ap. 1), define la carrera como conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso sometido a igualdad, mérito y capacidad (ap. 2), enumera las cuatro modalidades que las leyes de Función Pública pueden implantar aislada o simultáneamente (ap. 3) y habilita a progresar simultáneamente en horizontal y vertical cuando ambas se hayan implantado (ap. 4).

2. La carrera horizontal: marco TREBEP y su implantación en la AGE

El art. 17 TREBEP es la norma marco de la carrera horizontal. Habilita a las leyes de Función Pública para regularla mediante un sistema de grados, categorías o escalones, con ascensos consecutivos con carácter general y con la obligación de valorar al menos la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño.

El art. 122 RDL 6/2023 implanta en la AGE la carrera horizontal con carácter voluntario, articulada en cuatro tramos por Grupo o Subgrupo y con ascensos consecutivos previo cumplimiento de plazos mínimos de permanencia. El sistema de acreditación de méritos (122.3) tiene tres criterios mínimos (trayectoria + evaluación; itinerario formativo; competencias y cualificaciones). La convocatoria es anual, con efectos económicos a partir del 1 de enero del año siguiente al reconocimiento (122.6). El complemento de carrera (122.7) tiene cuantía idéntica para todo el personal del mismo Grupo o Subgrupo en el mismo tramo.

3. La carrera vertical: el grado personal y los intervalos de niveles

El art. 70 RD 364/1995 articula el régimen del grado personal —elemento central de la carrera vertical en la AGE—. La clasificación en 30 niveles (70.1) es el armazón vertical de toda la carrera. La consolidación ordinaria (70.2 párr. 1.º) exige el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción, con independencia del sistema de provisión. La consolidación acelerada (70.2 párr. 2.º) opera cuando el funcionario obtiene un puesto superior en más de dos niveles al de su grado: consolida cada dos años el grado superior en dos niveles, con el doble límite del nivel del puesto desempeñado y del intervalo del Cuerpo o Escala. El reconocimiento del grado (70.11) corresponde al Subsecretario del Departamento. El efecto económico (70.12): el grado personal comporta el derecho a percibir, como mínimo, el complemento de destino del nivel correspondiente.

El art. 71 RD 364/1995 establece los intervalos de niveles con la nomenclatura original de Grupos A, B, C, D y E (previa al EBEP). Tras la clasificación del TREBEP en Subgrupos A1, A2, B, C1, C2 y Agrupaciones Profesionales (art. 76 TREBEP), la DT 6.ª del RDL 6/2023 fija los intervalos vigentes. La regla del art. 71.2 sobre la imposibilidad de obtener puestos fuera del intervalo del Grupo o Subgrupo se mantiene vigente. El Subgrupo C2 —al que pertenece el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado— se mueve dentro del intervalo 14-18 según la DT 6.ª RDL 6/2023.

4. Garantía del puesto de trabajo (art. 72 RD 364/1995)

El art. 72 cierra el régimen de la carrera vertical garantizando que ningún funcionario quede sin puesto tras el cese en libre designación, la remoción por concurso o la supresión del puesto. La atribución provisional (72.1) corresponde a los órganos enumerados (Subsecretarios, Presidentes o Directores de OO.AA. y Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la SS, Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles). Los puestos así cubiertos deben convocarse para provisión definitiva y el funcionario está obligado a participar (72.2). Cuando el cese se produce por alteración del contenido del puesto o por supresión en las RPT, el 72.3 garantiza la continuidad de las retribuciones complementarias del puesto de procedencia durante un plazo máximo de tres meses.

5. La evaluación del desempeño (art. 20 TREBEP)

El art. 20 TREBEP define la evaluación como procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados (ap. 1), la somete a cuatro principios estructurales —transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación— (ap. 2), lista sus cuatro efectos —carrera profesional horizontal, formación, provisión de puestos y retribuciones complementarias del 24— (ap. 3), vincula la continuidad en el puesto obtenido por concurso al resultado de la evaluación con audiencia y resolución motivada (ap. 4) y condiciona la aplicación de la carrera horizontal y de las retribuciones del 24.c a la aprobación previa de sistemas objetivos de evaluación (ap. 5).

6. La carrera profesional del personal laboral (art. 19 TREBEP)

El art. 19 TREBEP reconoce el derecho del personal laboral a la promoción profesional, pero remite su articulación a los procedimientos del Estatuto de los Trabajadores y de los convenios colectivos. La carrera del funcionario es estatutaria unilateral; la del personal laboral es convencional. El art. 122.8 RDL 6/2023 confirma esta lógica: para la carrera horizontal del laboral, convenio colectivo primero, acuerdo colectivo en defecto.

Epígrafe 3 — Promoción interna

La promoción interna es una de las cuatro modalidades de carrera profesional del art. 16.3 TREBEP. Su régimen estatutario está en el art. 18 TREBEP y su desarrollo reglamentario para la AGE en los arts. 73-80 del RD 364/1995, complementados por la regla del art. 108.3 del RDL 6/2023 sobre el porcentaje mínimo del 30% de plazas de la oferta de empleo público destinadas a promoción interna. El TREBEP distingue dos clases —vertical (16.3.c) y horizontal (16.3.d)—, ambas como ascenso o acceso entre Cuerpos y Escalas y por tanto distintas de la carrera horizontal del 17 TREBEP (progresión sin cambio de Cuerpo).

1. Concepto, principios y modalidades (art. 18 TREBEP + art. 73 RD 364/1995)

El art. 18 somete la promoción interna a los principios de igualdad, mérito y capacidad y a los seis principios procedimentales del art. 55.2 TREBEP (ap. 1); establece los tres requisitos acumulativos del funcionario (ap. 2): (i) los requisitos exigidos para el ingreso al Cuerpo o Escala superior; (ii) antigüedad mínima de dos años de servicio activo en el Subgrupo o Grupo inferior; (iii) superar las pruebas selectivas; remite a las leyes de Función Pública la articulación de los sistemas selectivos (ap. 3); e impone el deber de adoptar medidas de incentivo a la participación (ap. 4).

El art. 73 RD 364/1995 mantiene en su literal la nomenclatura de Grupos de titulación anterior al EBEP. El régimen sigue siendo doble: promoción vertical (ascenso al Grupo inmediato superior) y promoción horizontal (acceso a otros Cuerpos o Escalas del mismo Grupo).

2. Sistemas selectivos, convocatorias y porcentaje OEP

El art. 74 RD 364/1995 reduce los sistemas selectivos de promoción interna a dos modalidades: la oposición y el concurso-oposición. En el concurso-oposición, las convocatorias pueden fijar una puntuación mínima en la fase de concurso, pero la puntuación del concurso nunca puede aplicarse para superar los ejercicios de la oposición (74.2 párr. 2.º). El art. 75 habilita convocatorias independientes de las de ingreso libre cuando lo autorice el Gobierno por conveniencia de la planificación general de los recursos humanos. El porcentaje de plazas reservadas a promoción interna en la AGE está en el art. 108.3 del RDL 6/2023: no inferior al treinta por ciento de las plazas de acceso libre.

3. Requisitos de participación (art. 76 RD 364/1995)

El art. 76 RD 364/1995 desarrolla los requisitos del 18.2 TREBEP, con dos precisiones: el cómputo de la antigüedad de dos años se hace en el Cuerpo o Escala de pertenencia (no en el Subgrupo o Grupo) y se mide al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

4. Características de las pruebas, derechos del personal y acumulación de vacantes (arts. 77-79 RD 364/1995)

El art. 77 RD 364/1995 habilita —con carácter facultativo («podrá establecerse»)— la exención de pruebas respecto de materias cuyo conocimiento ya se acreditó en las pruebas de ingreso al Cuerpo o Escala de origen, para evitar la doble acreditación.

El art. 78 reconoce tres derechos al funcionario de promoción interna. La preferencia de destino (78.1) opera dentro de la respectiva convocatoria: eligen los puestos vacantes ofrecidos antes que los aprobados por acceso libre, con independencia de la puntuación. La adjudicación del puesto que vinieran desempeñando o de otros vacantes en el mismo municipio (78.2), previa solicitud, con dos límites: la convocatoria puede excluir esta posibilidad y la regla no se aplica a los Cuerpos de Seguridad del Estado. La conservación del grado personal (78.3) es a petición propia y exige que el grado consolidado esté dentro del intervalo de niveles del Cuerpo o Escala al que se accede.

El art. 79 establece la acumulación de vacantes desiertas de promoción interna a las del acceso libre, salvo en convocatorias independientes de promoción interna, en las que no opera la acumulación.

5. La promoción interna horizontal (art. 80 RD 364/1995)

El art. 80 RD 364/1995 regula la promoción interna horizontal —acceso a Cuerpos o Escalas del mismo Grupo de titulación— con tres reglas: condiciona la promoción al desempeño de actividades sustancialmente coincidentes o análogas en contenido profesional y nivel técnico (80.1); atribuye al Gobierno la determinación de los Cuerpos o Escalas accesibles cuando se deriven ventajas para la gestión de los servicios (80.2); e introduce la exención obligatoria de pruebas sobre los conocimientos ya exigidos para el acceso al Cuerpo de origen, habilitando la valoración de los cursos y programas de formación superados (80.3).

Epígrafe 4 — Las retribuciones e indemnizaciones de los funcionarios

1. La doble fuente normativa del régimen retributivo: el TREBEP como marco y la Ley 30/1984 como norma vigente

El régimen retributivo se asienta sobre una arquitectura singular: existe una norma moderna —el TREBEP, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre— que establece el marco general, pero su capítulo retributivo no es de aplicación directa. La propia disposición final cuarta del TREBEP difiere la entrada en vigor del régimen retributivo hasta que se aprueben las leyes de Función Pública de desarrollo. Mientras no existan, sigue vigente la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

El apartado 1 de la DF 4.ª difiere la aplicación del Capítulo III del Título III TREBEP (arts. 21 a 30) hasta la aprobación de las futuras leyes de Función Pública, con la única excepción del art. 25.2 TREBEP, en vigor por ordenar el reconocimiento retroactivo de trienios a los interinos. El apartado 2 es la cláusula de ultraactividad que mantiene en vigor la normativa anterior —singularmente la Ley 30/1984— hasta que las leyes de Función Pública la sustituyan, condicionada a la no oposición al TREBEP.

2. La clasificación legal de las retribuciones: básicas y complementarias

Ambas normas clasifican las retribuciones en básicas y complementarias: las básicas retribuyen el cuerpo o escala y la antigüedad; las complementarias retribuyen el puesto, la carrera, el desempeño y los resultados.

El art. 22 TREBEP marca cuatro decisiones: la clasificación binaria (ap. 1); qué retribuyen las básicas —cuerpo/escala y antigüedad— (ap. 2); qué retribuyen las complementarias —puesto, carrera, desempeño, rendimiento, resultados— (ap. 3); y la arquitectura ampliada de la paga extraordinaria —una mensualidad de básicas + la totalidad de las complementarias, salvo productividad (24.c) y gratificaciones (24.d)— (ap. 4). Frente al marco diferido del art. 22 TREBEP, la norma aplicable hoy es el art. 23 de la Ley 30/1984, con alcance materialmente más estrecho:

3. La Relación de Puestos de Trabajo como eje del sistema retributivo

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es el nexo material entre la estructura organizativa y el sistema retributivo: en ella se fija el nivel del complemento de destino y el complemento específico de cada puesto. El art. 74 TREBEP es una norma de mínimos: fija cinco elementos que cualquier RPT debe contener (denominación, grupos, cuerpos/escalas, sistemas de provisión y retribuciones complementarias) y exige su publicidad.

Para la AGE, el art. 15 Ley 30/1984 (vigente por ultraactividad) articula seis reglas materiales sobre la RPT: alcance subjetivo (puestos funcionariales, eventuales y laborales); contenido obligatorio; regla general de funcionarialización con seis excepciones tasadas; la RPT como instrumento creador; competencia de aprobación; y vínculo entre RPT y provisión. El art. 15.2 fija la adscripción indistinta (salvo adscripción exclusiva a un Cuerpo o Escala cuando la naturaleza del puesto lo exija, con necesidad funcional objetiva y acuerdo del Gobierno).

4. Clases de personal y su régimen retributivo

Las cinco clases relevantes son los funcionarios de carrera, los interinos, los funcionarios en prácticas, el personal eventual y el personal laboral.

4.1 Funcionarios de carrera. Perciben la totalidad de las retribuciones básicas del Subgrupo o Grupo de adscripción, más la totalidad de las complementarias asociadas al puesto. Constituyen el régimen general.

4.2 Funcionarios interinos. El art. 10 TREBEP los define como nombrados, por razones de necesidad y urgencia, para funciones propias de funcionarios de carrera en alguno de los cuatro supuestos del art. 10.1. Su régimen retributivo es equiparado al de los funcionarios de carrera. El ap. 1 del art. 25 (básicas íntegras + complementarias del puesto, salvo el complemento de destino si la convocatoria no lo precisa) no está en vigor. El ap. 2 del art. 25 es la única excepción expresa a la aplicación diferida: ordena el reconocimiento retroactivo de los trienios por servicios prestados antes de la entrada en vigor del Estatuto, con eficacia retributiva solo a partir de la entrada en vigor del TREBEP.

4.3 Funcionarios en prácticas. El desarrollo reglamentario vigente es el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero (modificado por el RD 213/2003). Regla base (art. 1.º): el funcionario en prácticas percibe sueldo y pagas extraordinarias del grupo de clasificación del cuerpo o escala al que aspira, sin complementos; si durante las prácticas desempeña un puesto, la retribución se incrementa en los complementos correspondientes al puesto. Quienes acceden teniendo ya una relación de servicio previa tienen un derecho de opción (art. 2.º.1): (a) las retribuciones del puesto que viniesen desempeñando + trienios; o (b) las del art. 1.º + trienios; con obligación de reincorporación al puesto de origen tras las prácticas (art. 2.º.2).

4.4 Personal eventual. Realiza funciones de confianza o asesoramiento especial. El art. 12 TREBEP: retribuido con cargo a créditos presupuestarios específicos (ap. 1); número y condiciones retributivas públicas (ap. 2); cese automático al cesar la autoridad (ap. 3); no genera mérito para acceso ni promoción (ap. 4); le es aplicable el régimen general de los funcionarios de carrera en lo adecuado a la naturaleza de su condición (ap. 5). En la AGE se completa con el art. 20.2 Ley 30/1984 (determinación de retribuciones por el órgano competente dentro de los créditos consignados al efecto).

4.5 Personal laboral. Su régimen retributivo se rige por la legislación laboral, el convenio colectivo aplicable y el contrato de trabajo (art. 27 TREBEP, marco diferido). En la AGE, el IV Convenio Único para el personal laboral (Resolución de 12/06/2019). El detalle se cierra en el Tema 8 BIV.

5. Las indemnizaciones por razón del servicio

Las retribuciones son contraprestación del trabajo; las indemnizaciones son compensaciones por gastos o circunstancias específicas del servicio. Las indemnizaciones no consolidan derechos económicos, ni se computan a efectos de antigüedad ni de pagas extraordinarias. El desarrollo material está en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, que regula las dietas (Anexo II nacional; Anexo III extranjero), los gastos de viaje, las asistencias (Anexo IV), las indemnizaciones por uso de vehículo particular y los traslados de residencia.

La indemnización por residencia es una compensación específica —no una retribución— por prestar servicios en zonas con condiciones de vida singulares. Las cinco zonas con derecho a ella son Ceuta · Melilla · Canarias · Baleares · Valle de Arán. Se percibe en doce mensualidades, sin repercusión en las pagas extraordinarias, y se imputa al Capítulo I (gastos de personal). Los funcionarios destinados en el extranjero perciben las retribuciones ordinarias más las indemnizaciones específicas del Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, también imputadas al Capítulo I y sin naturaleza retributiva.

Epígrafe 5 — Retribuciones básicas: sueldos, trienios y pagas extraordinarias

Las tres categorías que componen las retribuciones básicas en el régimen vigente son sueldo, trienios y pagas extraordinarias. Comparten el rasgo que las separa de las complementarias: su cuantía no depende del puesto de trabajo, sino del grupo o subgrupo de clasificación profesional y de la antigüedad. La norma vigente es la Ley 30/1984 (arts. 23 y 24), por ultraactividad de la DF 4.ª.2 TREBEP.

1. Concepto y caracteres de las retribuciones básicas

Las retribuciones básicas tienen tres caracteres:

• Vinculación al grupo y a la antigüedad: se calculan en función del grupo de clasificación y del tiempo de servicio, no en función del puesto.
• Igualdad en todas las Administraciones Públicas: el art. 24.1 Ley 30/1984 establece que las cuantías son iguales en todas las AAPP para cada grupo.
• Reflejo en la LPGE: las cuantías concretas se fijan ejercicio a ejercicio en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El art. 24.1 contiene dos reglas estructurales: la regla de igualdad (24.1 párr. 1.º) —las cuantías del sueldo (23.2.a) y de los trienios (23.2.b) son iguales en todas las AAPP para cada grupo; ninguna puede mejorarlas— y la regla de proporcionalidad (24.1 párr. 2.º) —el sueldo del grupo A no puede exceder en más de tres veces al del grupo E—. El art. 24.2 fija la LPGE como instrumento para concretar las cuantías; en caso de prórroga presupuestaria (art. 134.4 CE) se mantiene la última cuantía aprobada.

2. El sueldo

El sueldo retribuye la pertenencia a un grupo de clasificación, con independencia del puesto. Su cuantía se determina por el índice de proporcionalidad asignado a cada grupo. Los grupos están regulados en el art. 76 TREBEP (en vigor); la Ley 30/1984 art. 24.1 in fine mantiene la nomenclatura anterior (grupos A/B/C/D/E) por ultraactividad, y la equivalencia la fija la DT 3.ª TREBEP.

El art. 76 TREBEP articula cinco escalones según la titulación de acceso: dos subgrupos en el Grupo A (A1 y A2, ambos con título universitario de Grado), el Grupo B (Técnico Superior de Formación Profesional) y dos subgrupos en el Grupo C (C1 con Bachiller o Técnico de FP; C2 con Graduado en ESO). Por debajo del C2, las Agrupaciones Profesionales de la DA 6.ª del TREBEP, sin requisito de titulación.

3. Los trienios

Los trienios retribuyen la antigüedad: se devenga uno cada tres años de servicio en el Cuerpo, Escala, Clase o Categoría. Su cuantía es igual para todos los funcionarios del mismo grupo e independiente del puesto; varía entre grupos. El art. 23.2.b regula la movilidad entre grupos con dos reglas tasadas:

4. Las pagas extraordinarias

Las pagas extraordinarias son retribuciones básicas de periodicidad semestral: se devengan los meses de junio y diciembre. Su importe mínimo en el régimen vigente es una mensualidad del sueldo y los trienios. La fórmula del 23.2.c articula tres elementos: (i) dos pagas al año; (ii) importe mínimo de una mensualidad de sueldo y trienios; (iii) devengo en junio y diciembre. La LPGE incorpora a las pagas también el complemento de destino, pero no el específico, la productividad ni las gratificaciones.

Epígrafe 6 — Retribuciones complementarias y otras remuneraciones

Las retribuciones complementarias —los cuatro complementos del art. 23.3 Ley 30/1984— y las otras remuneraciones —el complemento de carrera del RDL 6/2023 y las indemnizaciones por razón del servicio del RD 462/2002—. Frente a las básicas (ligadas al grupo y a la antigüedad), las complementarias se asocian al puesto de trabajo concreto y permiten diferenciar la retribución entre funcionarios del mismo grupo según la dificultad, la responsabilidad, el rendimiento o las condiciones del puesto.

1. Visión de conjunto: cuatro complementos del art. 23.3 + el complemento de carrera

El art. 23.3 Ley 30/1984 (vigente por ultraactividad) enumera cuatro retribuciones complementarias. A ellas se añade, para el personal funcionario de la AGE, el complemento de carrera vinculado a la carrera horizontal del art. 122 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en desarrollo del derecho a la carrera profesional del art. 16 TREBEP (ya en vigor).

2. El complemento de destino

El complemento de destino retribuye el nivel del puesto de trabajo. Cada puesto tiene asignado un nivel en la RPT, y a cada nivel le corresponde una cuantía fijada anualmente en la LPGE, igual en todas las AAPP. La RPT (art. 15.1.b) fija el nivel —número entero entre 1 y 30 en la AGE, distribuido por intervalos según el grupo o subgrupo—; la LPGE (art. 24.2) fija la cuantía de cada nivel, igual en todas las AAPP, lo que lo hace el único complemento con uniformidad interadministrativa. Se percibe en doce mensualidades y se incluye en las dos pagas extraordinarias.

3. El complemento específico

El complemento específico retribuye las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo, consignadas en la RPT. El precepto enumera seis factores tasados:

• Especial dificultad técnica del desempeño.
• Dedicación, cuando el puesto exige disponibilidad mayor que la jornada ordinaria.
• Responsabilidad, cuando comporta carga decisoria o de mando especial.
• Incompatibilidad, en los casos del factor regulado en la Ley 53/1984.
• Peligrosidad, en puestos con riesgo objetivo para la integridad física.
• Penosidad, cuando las condiciones conllevan carga física o psicológica adicional.

La RPT debe motivar cuál o cuáles concurren. No todos los puestos tienen complemento específico («algunos puestos»), y la cuantía puede ser cero. Regla absoluta: máximo un complemento específico por puesto, aunque concurran varios factores. Se percibe en doce mensualidades más dos adicionales en junio y diciembre por previsión de la LPGE (no son propiamente pagas extraordinarias del 23.2.c).

4. El complemento de productividad

El complemento de productividad retribuye el rendimiento individual del funcionario: el rendimiento especial, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa. A diferencia del destino y del específico (vinculados al puesto), se vincula al desempeño personal. Se construye sobre tres reglas:

• Cuantía global limitada: la cuantía global por programa y por órgano no puede exceder de un porcentaje —fijado en la LPGE— sobre los costes totales de personal.
• Distribución individual descentralizada: la cuantía individual la decide el responsable de la gestión de cada programa de gasto, dentro de las dotaciones presupuestarias.
• Publicidad obligatoria: las cantidades percibidas son de conocimiento público de los demás funcionarios del Departamento u Organismo y de los representantes sindicales.

Como característica derivada, el complemento de productividad no genera derecho a su percepción en períodos sucesivos: cada período de devengo es independiente.

5. Las gratificaciones por servicios extraordinarios

Las gratificaciones por servicios extraordinarios retribuyen el trabajo prestado fuera de la jornada normal. Son, junto con la productividad, el segundo concepto complementario de carácter variable. El precepto contiene una prohibición doble: las gratificaciones no pueden ser fijas en su cuantía y periódicas en su devengo.

6. El complemento de carrera (art. 122 RDL 6/2023)

El complemento de carrera es el quinto concepto complementario del personal funcionario de la AGE y se asocia a la carrera horizontal: progresar profesionalmente y ver reconocido económicamente ese progreso sin cambiar de puesto de trabajo. Fue introducido por el art. 122 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en desarrollo del art. 16 TREBEP, y se aplica al personal funcionario al servicio de la AGE y de sus organismos.

7. Otras remuneraciones e indemnizaciones por razón del servicio

«Otras remuneraciones» abre el epígrafe a conceptos que no son técnicamente retribuciones sino compensaciones por gastos o resarcimientos del servicio. El anclaje legal es el art. 23.4 Ley 30/1984, con desarrollo material en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

La comisión de servicio con derecho a indemnización exige cuatro requisitos acumulativos (art. 3): (i) cometido especial, distinto del trabajo habitual; (ii) circunstancial, no permanente; (iii) ordenado por la Administración; (iv) fuera del término municipal de la residencia oficial. El apartado 2 introduce la regla anti-duplicidad (si el servicio está retribuido por otra vía por importe igual o superior, no procede la indemnización; si es inferior, se completa la diferencia). El apartado 3 excluye las comisiones a iniciativa propia, salvo funciones obligadas del alto cargo o renuncia expresa.

El art. 9 enumera las tres clases de indemnización: la dieta (estancia diaria fuera de la residencia oficial en comisiones ordinarias del art. 5); la indemnización de residencia eventual (comisiones de larga duración de los arts. 6 o 7); y los gastos de viaje (coste del transporte). El régimen de devengo de las dietas se articula sobre la duración de la comisión y tres horas de referencia (14:00, 16:00 y 22:00):

El RD 462/2002 regula además los traslados de residencia (Cap. III), las asistencias (Cap. V, arts. 27-32: Consejos de Administración u Órganos Colegiados, tribunales de oposiciones y concursos, colaboración en centros de formación) y la indemnización por uso de vehículo particular (art. 18). La cláusula del art. 1.2 establece que toda concesión de indemnizaciones que no se ajuste en su cuantía o requisitos a los preceptos del RD se considerará nula.

Epígrafe 7 — Régimen disciplinario: faltas, sanciones y procedimiento

El régimen disciplinario del personal funcionario de la AGE se articula entre dos normas: (i) el TREBEP (RDLeg 5/2015), que en sus arts. 93 a 98 fija los principios, las faltas muy graves, el catálogo de sanciones, los plazos de prescripción y los principios del procedimiento; y (ii) el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, que desarrolla las faltas graves y leves, las reglas de aplicación de las sanciones y el procedimiento, en lo que no resulte desplazado por el TREBEP.

1. Responsabilidad disciplinaria y principios de la potestad disciplinaria (arts. 93 y 94 TREBEP)

El art. 93.1 delimita los sujetos: funcionarios públicos y personal laboral. El art. 93.2 equipara la responsabilidad del inductor a la del autor principal. El art. 93.3 tipifica el encubrimiento con dos requisitos acumulativos: (i) que la falta encubierta sea muy grave o grave y (ii) que se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. El art. 93.4 establece el régimen supletorio: para el personal laboral, en lo no previsto, rige la legislación laboral.

El art. 94.1 admite una triple responsabilidad por el mismo hecho: disciplinaria, patrimonial y penal, no alternativas. El art. 94.2 enumera los cinco principios rectores: legalidad y tipicidad (con predeterminación normativa, salvo en personal laboral, donde puede operar por convenio colectivo); irretroactividad de lo desfavorable y retroactividad de lo favorable; proporcionalidad (en la clasificación y la aplicación); culpabilidad y presunción de inocencia. El art. 94.3: ante indicios fundados de criminalidad, se suspende la tramitación disciplinaria y se comunica al Ministerio Fiscal; los hechos declarados probados por resolución judicial firme vinculan a la Administración.

2. Las faltas: muy graves del 95.2 TREBEP, graves del art. 7 RD 33/1986 y leves del art. 8 RD 33/1986

El art. 95.1 TREBEP clasifica las faltas en muy graves, graves y leves. Las muy graves se tipifican directamente en el art. 95.2 con un catálogo cerrado de dieciséis letras (a-o) más una cláusula de apertura (p). Las graves y leves se reservan a la legislación de desarrollo: para los funcionarios de la AGE rigen, en tanto no se apruebe la Ley de FP, los arts. 7 (graves) y 8 (leves) del RD 33/1986. El catálogo de faltas muy graves del art. 6 RD 33/1986 está superado por el art. 95.2 TREBEP, norma básica posterior y aplicable directamente.

La redacción del 95.2.b fue ampliada por la Ley 4/2023, de 28 de febrero (en vigor desde el 02/03/2023), incorporando la discriminación por identidad sexual, características sexuales y orientación sexual, y elevando a falta muy grave el acoso moral y sexual y el acoso por expresión de género. El 95.3 delega en leyes o convenios colectivos la tipificación de las faltas graves; el 95.4 remite las faltas leves a las leyes de FP.

El catálogo del art. 7.1 RD 33/1986 comprende dieciséis letras (a-p, con ñ entre n y o) que tipifican las faltas graves. La regla del 7.2 define «mes» como el período natural del primero al último día, criterio para los umbrales del 7.1.l) (10 horas/mes de incumplimiento de jornada) y 7.1.m) (3 faltas injustificadas en 3 meses). El art. 8 RD 33/1986 tipifica cinco faltas leves: incumplimiento de horario que no llegue a falta grave, una falta de asistencia injustificada, incorrección con público/superiores/compañeros/subordinados, descuido o negligencia en el ejercicio de funciones y la cláusula de cierre e) (incumplimiento de deberes que no llegue a muy grave o grave).

3. Las sanciones (art. 96 TREBEP) y las reglas de aplicación (arts. 14-17 RD 33/1986)

El art. 96.1 TREBEP enumera el catálogo de sanciones aplicable a todo el personal del sector público. El RD 33/1986 (arts. 14-17) fija las reglas de aplicación para los funcionarios de la AGE. El catálogo del 96.1 TREBEP es más amplio que el del 14 RD 33/1986: incorpora el demérito y la cláusula «cualquier otra que se establezca por ley», y diferencia separación del servicio (funcionarios) y despido disciplinario (laboral). El art. 14.d) RD 33/1986 (multa) está derogado.

El art. 96.1 enumera siete categorías: separación del servicio (funcionarios; en interinos comporta revocación del nombramiento; solo por muy graves), despido disciplinario (laboral; solo por muy graves), suspensión firme de funciones o de empleo y sueldo (máximo 6 años), traslado forzoso con o sin cambio de localidad, demérito, apercibimiento y cualquier otra por ley. El 96.3 fija los criterios de graduación: intencionalidad o negligencia, daño al interés público, reiteración o reincidencia y grado de participación. El art. 15 reserva la separación del servicio exclusivamente a las faltas muy graves (su imposición corresponde al Consejo de Ministros, art. 47.1).

4. Prescripción de las faltas y sanciones (art. 97 TREBEP frente a arts. 20-21 RD 33/1986)

El art. 97 TREBEP regula la prescripción con plazos uniformes para todo el sector público. Como norma básica posterior, sus plazos prevalecen sobre los del art. 20 RD 33/1986 (faltas) y 21 RD 33/1986 (sanciones). La regla del 20.2 RD 33/1986 sobre interrupción y reanudación del plazo por paralización del expediente más de seis meses sigue siendo aplicable.

5. Extinción de la responsabilidad disciplinaria (arts. 19, 11 y 22 RD 33/1986)

El 19.1 enumera las causas de extinción: cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción (de la falta o de la sanción), indulto y amnistía. El 19.2 disciplina la pérdida de la condición de funcionario durante el procedimiento: extinción por declaración expresa, archivo de actuaciones (salvo continuación a instancia de parte) y levantamiento de las medidas provisionales, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal. El art. 11 delimita el ámbito temporal: solo cabe exigir responsabilidad por actos cometidos mientras se ostentaba la condición funcionarial. El art. 22 remite la amplitud y efectos de los indultos de sanciones disciplinarias a las disposiciones que los concedan.

6. Estructura del procedimiento disciplinario (art. 98 TREBEP + art. 18 RD 33/1986) y la suspensión provisional (art. 98.3-4 TREBEP + art. 33 RD 33/1986)

El art. 98.1 TREBEP combinado con el art. 18 RD 33/1986 delimita dos tipos de procedimiento: ordinario (con expediente instruido conforme al Título II del RD 33/1986) para faltas graves o muy graves, y sumario para faltas leves —sin expediente, pero el trámite de audiencia al inculpado es preceptivo en todo caso—. El art. 98.2 consagra el principio de separación instructor/sancionador: el instructor formula la propuesta de resolución; quien decide la sanción es siempre un órgano distinto.

El art. 98.3 TREBEP y el art. 33 RD 33/1986 regulan la suspensión provisional como medida cautelar:

• Plazo máximo: 6 meses salvo paralización del procedimiento imputable al interesado.
• Suspensión durante procedimiento judicial: cabe mientras dure la prisión provisional u otras medidas judiciales que impidan el desempeño. Si excede de 6 meses por causa judicial, no supone pérdida del puesto de trabajo.
• Régimen económico: el suspenso provisional percibe las retribuciones básicas (sueldo base y trienios) y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. No percibe las complementarias.

El 98.4 TREBEP disciplina la liquidación al final del procedimiento: si la suspensión provisional se eleva a definitiva, el funcionario devuelve lo percibido; si no llega a convertirse en sanción, la Administración restituye la diferencia con plenitud de derechos. El tiempo de permanencia en provisional es de abono para el cumplimiento de la firme; si la suspensión no es declarada firme, ese tiempo se computa como servicio activo con reincorporación inmediata al puesto.

7. Iniciación del procedimiento: información reservada, incoación, instructor y abstención (arts. 23, 27-32 RD 33/1986)

El art. 23 fijaba la coordinación con el orden penal, hoy desplazado por el art. 94.3 TREBEP, que impone la suspensión ante indicios fundados de criminalidad sin distinción de tipo delictivo. El art. 27 fija dos reglas: la iniciación es siempre de oficio (cuatro modalidades: propia iniciativa, orden superior, moción razonada de subordinados o denuncia) y, si deriva de denuncia, se comunica al denunciante (la denuncia no obliga a incoar). El art. 28 abre la posibilidad de una información reservada previa, actuación preliminar e informal que no genera derechos de defensa ni se notifica al interesado.

El art. 29 distribuye la competencia para incoar: en todo caso el Subsecretario del Departamento; concurrentemente, los Directores Generales y los Delegados del Gobierno o Gobernadores Civiles en su ámbito territorial. El art. 31 articula la notificación de la incoación y del nombramiento del instructor, presupuesto de la recusación del inculpado y del deber de abstención de los designados. El art. 30 exige que el instructor sea funcionario de cuerpo o escala de igual o superior grupo al del inculpado (el secretario es facultativo). El art. 32 somete instructor y secretario al régimen de abstención y recusación; la recusación se resuelve por la Autoridad que acordó el nombramiento en el término de 3 días.

8. Instrucción: pliego de cargos, prueba y propuesta de resolución (arts. 34-44 RD 33/1986)

El art. 34 abre la instrucción: el instructor tiene la dirección material del expediente, debe recibir declaración al presunto inculpado como primera actuación, y toda la Administración queda obligada por un deber de colaboración. El pliego de cargos (art. 35) es el acto cardinal: plazo 1 mes desde la incoación (ampliable); contenido: hechos imputados + falta presuntamente cometida + sanciones aplicables; forma clara y precisa, en párrafos separados y numerados. El plazo de contestación al pliego es de 10 días, en los que el inculpado debe solicitar las pruebas. El instructor dispone de 1 mes para la práctica de pruebas (art. 37.1) y puede denegar las innecesarias motivando la denegación. El art. 44 cierra la instrucción remitiendo el expediente completo al órgano que acordó la incoación, que lo eleva al órgano competente para resolver.

9. Terminación: órganos competentes, resolución, ejecución y registro de sanciones (arts. 45-51 RD 33/1986)

La resolución debe adoptarse en 10 días desde la remisión, salvo separación del servicio (acuerdo del Consejo de Ministros). Debe ser motivada y no puede aceptar hechos distintos de los del pliego de cargos y la propuesta, sin perjuicio de distinta valoración jurídica (art. 45). El art. 46 abre una vía de retorno excepcional al instructor para diligencias imprescindibles (no meramente convenientes), con nueva vista al inculpado de 10 días.

El art. 49 fija un plazo máximo de ejecución de 1 mes desde la firmeza. El art. 50 permite la inejecución (Ministro de la Presidencia) y la suspensión temporal (órgano competente para resolver) por tiempo inferior al de su prescripción; si la sanción es de separación, ambos acuerdos los toma el Consejo de Ministros. El art. 51 ordena la anotación en el Registro Central de Personal y remite la cancelación al art. 93.2 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964; en ningún caso se computan a efectos de reincidencia las sanciones canceladas o que hubieran podido serlo.

Epígrafe 8 — El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios

1. Funcionarios y laborales: distinto punto de partida

El régimen de Seguridad Social aplicable depende de la naturaleza jurídica de la relación con la Administración. El TREBEP (RDLeg 5/2015) distingue cuatro clases de empleados públicos en su art. 8. La línea divisoria a efectos de Seguridad Social no es la que separa a los funcionarios de carrera de los interinos, sino la que distingue a todo personal funcionario del personal laboral y del personal eventual: estos quedan integrados sin matices en el Régimen General. El TREBEP no regula el régimen de Seguridad Social de nadie: esa competencia corresponde al TRLGSS (RDLeg 8/2015) y a las leyes de cada régimen especial.

2. Los funcionarios en el Sistema de la Seguridad Social: régimen especial y panorama general

El TRLGSS incluye a los funcionarios públicos en el campo de aplicación del Sistema (art. 7.1.e) y los clasifica en un régimen especial propio (art. 10.2.c), con tendencia a la homogeneidad con el Régimen General. El régimen especial no es uno solo: hay tres mutualidades diferenciadas según el ámbito administrativo, complementadas para las pensiones por el Régimen de Clases Pasivas (ingreso ≤ 31/12/2010) o por el RGSS (ingreso ≥ 1/1/2011, DA 3.ª TRLGSS).

3. Quién va al Régimen General: el art. 136.2 TRLGSS

El art. 136.2 TRLGSS declara comprendidos en el Régimen General a colectivos del sector público que no se integraron en un régimen especial o fueron excluidos de él. La letra l) opera como regla residual —solo van al RGSS los funcionarios salvo que estén en Clases Pasivas o en otro régimen por ley especial—, lo que confirma la existencia de las mutualidades. La letra ñ) cubre exclusivamente a los altos cargos sin condición de funcionario público. Entran por esta vía los funcionarios de la Administración Local (el Real Decreto 480/1993 integró en el Régimen General al personal de la extinguida MUNPAL) y el personal estatutario de los servicios de salud (la Ley 55/2003 del Estatuto Marco califica su vínculo como relación funcionarial especial, pero reconoce su encuadramiento en el RGSS).

4. El gran cambio de 2011: la DA 3.ª TRLGSS

Hasta el 31 de diciembre de 2010, todo funcionario de carrera generaba sus pensiones a través del Régimen de Clases Pasivas del Estado (Texto Refundido aprobado por RDL 670/1987, de 30 de abril). Desde el 1 de enero de 2011, la DA 3.ª del TRLGSS integra a los nuevos entrantes en el Régimen General a los exclusivos efectos de la pensión, conservando su afiliación al mutualismo administrativo para las prestaciones activas. La DA 3.ª articula tres reglas:

• Excepción permanente del personal de la letra i) del art. 2.1 RDL 670/1987 (DA 3.ª.1 y 4): los ex Presidentes, Vicepresidentes y Ministros del Gobierno —y demás cargos del art. 51— nunca se integran en el RGSS; continúan indefinidamente en Clases Pasivas.
• Excepción del reingreso sin solución de continuidad (DA 3.ª.3): quien ya estaba en Clases Pasivas a 31/12/2010 y reingresa sin interrupción sigue en Clases Pasivas; cualquier interrupción rompe la regla.
• Alcance estrictamente pensional (DA 3.ª.1): la inclusión en el RGSS opera «a los exclusivos efectos» de las pensiones; las mutualidades siguen operando igual para todos sus afiliados.

5. Consecuencia estructural: Clases Pasivas en extinción y mutualidades indefinidas

El Régimen de Clases Pasivas del Estado ya no incorpora nuevos afiliados —salvo el reingreso sin solución de continuidad (DA 3.ª.3) y la excepción permanente de la letra i) (DA 3.ª.4)—, de modo que su población de cotizantes decrece año a año hasta la extinción natural. Las mutualidades administrativas —MUFACE, MUGEJU e ISFAS— seguirán funcionando indefinidamente: la integración en el RGSS solo afecta al pilar de pensiones.

Epígrafe 9 — La MUFACE y las clases pasivas

1. MUFACE: campo de aplicación, naturaleza, afiliación, altas, bajas y cotización

1.1 Campo de aplicación. El art. 3 del RDL 4/2000 delimita el ámbito de MUFACE con una doble lista: los incluidos obligatoriamente (ap. 1) y los excluidos (ap. 2). MUFACE es exclusivamente el régimen de la Administración Civil del Estado stricto sensu: cada ámbito con especificidades propias —local, militar, de Justicia, autonómico o universitario— tiene su propio régimen o queda integrado en el RGSS.

1.2 Naturaleza, adscripción y régimen jurídico. MUFACE es un organismo público con personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión, adscrito a la AGE. La denominación «Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado» y el acrónimo «MUFACE» están protegidos por el art. 4.2 del RD 375/2003 y goza del mismo tratamiento fiscal que el Estado (art. 5.3 RDL 4/2000).

1.3 Afiliación de oficio. La afiliación a MUFACE opera de pleno derecho en el momento de la toma de posesión: no hace falta solicitarla ni cabe renunciar. El art. 7 fija una lista cerrada de seis situaciones del 7.1 y un supuesto adicional del 7.2 (jubilación) en que la condición de mutualista se conserva, y un 7.3 (Ley 3/2017) para la promoción interna a Escalas de organismos autónomos o de CCAA.

1.4 Bajas obligatorias, alta voluntaria y suspensión. El art. 8 establece cuatro causas tasadas de baja obligatoria. Para tres de ellas el legislador abre un mantenimiento facultativo del alta, asumiendo el funcionario el coste íntegro de las dos cuotas (la suya y la del Estado). Para los servicios especiales en organizaciones internacionales con régimen de previsión propio, el 8.3 permite suspender voluntariamente el alta sin causar baja definitiva.

1.5 Cotización. La base no es el salario real del funcionario, sino el haber regulador que fija cada año la LPGE para cada grupo de clasificación —cifra abstracta, igual para todos los mutualistas del mismo grupo—. El tipo lo fija también la LPGE anualmente. La cuota mensual sigue una mecánica específica (división por catorce y abono doble en junio y diciembre).

2. MUFACE: naturaleza jurídica, organización, órganos y beneficiarios

2.1 Organismo público con personalidad propia. El RDL 4/2000 (art. 5) y el RD 375/2003 (art. 4) coinciden: MUFACE es un organismo público con personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión. Puede actuar en el tráfico jurídico con autonomía (suscribir conciertos, gestionar su presupuesto, contratar personal) y goza del mismo tratamiento fiscal que el Estado.

2.2 Órganos de gobierno, administración y representación. La norma de desarrollo es el Real Decreto 577/1997, de 18 de abril. La organización responde a una lógica tripartita:

2.3 Beneficiarios. La protección alcanza a los familiares o asimilados a cargo del mutualista, siempre que cumplan los tres requisitos acumulativos del art. 15 RD 375/2003: convivencia Y límite de ingresos Y ausencia de protección propia por otro régimen. El límite de ingresos es el doble del SMI.

3. MUFACE: la acción protectora

3.1 Catálogo de contingencias y prestaciones. Los arts. 11 (contingencias) y 12 (prestaciones) del RDL 4/2000 forman el catálogo cerrado de la acción protectora, modificados por la Ley 6/2024, de 20 de diciembre (en vigor 03/03/2025), que incorporó la situación especial de incapacidad temporal por donación de órganos o tejidos para trasplante.

3.2 Asistencia sanitaria. Cubre enfermedad común o profesional, accidente común o en acto de servicio, donación de órganos, embarazo, parto y puerperio. Su contenido es análogo al del Sistema Nacional de Salud, pero MUFACE no gestiona hospitales propios: actúa mediante conciertos con entidades públicas o privadas.

3.3 Incapacidad temporal. Exige tres requisitos simultáneos: un proceso patológico que impida temporalmente el desempeño, asistencia sanitaria de MUFACE y licencia por enfermedad. La duración máxima coincide con la del RGSS. La prestación económica tiene dos tramos: los tres primeros meses el funcionario cobra la totalidad de sus retribuciones a cargo del órgano de personal; desde el cuarto mes se activa el subsidio de MUFACE, calculado sobre las retribuciones del tercer mes y fijo e invariable durante toda la IT.

3.4 Incapacidad permanente. Requiere derivarse de una IT previa: no puede declararse directamente. Los grados son los mismos cuatro que en el RGSS —parcial, total, absoluta y gran invalidez—, pero la IP total y la absoluta conducen a la jubilación del funcionario, y la gran invalidez añade un complemento mensual específico a cargo de MUFACE para remunerar al asistente personal.

3.5 Protección a la familia, servicios sociales y asistencia social. No todo lo gestiona MUFACE: la prestación por hijo a cargo no minusválido la gestionan las unidades de personal (art. 29.3); la prestación por hijo a cargo minusválido sí la gestiona MUFACE (art. 29.4). La asistencia social del art. 31 es una lista abierta, subordinada a los créditos presupuestarios disponibles y sin posibilidad de comprometer recursos del ejercicio siguiente: su carácter discrecional la distingue de las prestaciones regladas.

4. Las clases pasivas: régimen, campo de aplicación y cotización. Jubilación ordinaria y extraordinaria

4.1 Un régimen en extinción. El Régimen de Clases Pasivas del Estado no es un régimen de la Seguridad Social: es un sistema de derechos pasivos del Estado, regulado por el RDL 670/1987, de 30 de abril, y financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (no hay fondo capitalizado). Conviene distinguir financiación de gestión: desde la reforma del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril (redacción vigente de la Ley 22/2021), el reconocimiento de las prestaciones corresponde al INSS y su pago material a la TGSS —antes lo asumía la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas—, sin que el traspaso altere su naturaleza. Su carácter de régimen en extinción deriva de la DA 3.ª TRLGSS: desde el 1/1/2011 los nuevos funcionarios generan sus pensiones en el RGSS.

4.2 Campo de aplicación. El art. 2 del RDL 670/1987 delimita quiénes generan derechos pasivos. La lista es cerrada: solo puede ampliarse o restringirse por ley (ap. 2).

4.3 Naturaleza de los derechos pasivos. El art. 6 RDL 670/1987 define cuatro caracteres: inembargabilidad, irrenunciabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad. El art. 7 modula la imprescriptibilidad: los efectos económicos del reconocimiento tienen una retroactividad máxima de tres meses.

4.4 Cuota de derechos pasivos. La cotización a Clases Pasivas se denomina «cuota de derechos pasivos» y sigue una mecánica paralela a la de MUFACE (base igual al haber regulador, tipo porcentual, cuota mensual dividiendo por catorce y abono doble en junio y diciembre). El tipo es del 3,86% general y del 1,93% reducido para determinado personal militar profesional no de carrera. La recaudación se ingresa en el Tesoro Público, no en la TGSS.

4.5 Jubilación ordinaria. El art. 28 establece tres modalidades: forzosa, voluntaria e por incapacidad permanente para el servicio, todas con la misma carencia mínima de 15 años de servicios efectivos al Estado (art. 29). La cuantía se calcula aplicando a los haberes reguladores el porcentaje que corresponda a los años completos de servicios (art. 31), con escala progresiva que alcanza el 100% del haber regulador a los 35 o más años de servicio.

4.6 Incompatibilidades de la pensión: la jubilación activa tras el RDL 11/2024. La pensión de jubilación ordinaria es, con carácter general, incompatible con un puesto en el sector público y con cualquier actividad que dé lugar a la inclusión en un régimen público de Seguridad Social. El art. 33 articula la jubilación activa —solo para la jubilación forzosa— a porcentaje reducido según los años de demora. El precepto fue reformado por el Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre (en vigor 01/04/2025), que introdujo el incremento adicional de 5 puntos por cada 12 meses ininterrumpidos.

4.7 Jubilación extraordinaria. Es la que se genera cuando la incapacidad permanente para el servicio o el fallecimiento se produce en acto de servicio o como consecuencia de él. Dos notas distintivas: no exige período de carencia alguno y el haber regulador se toma al 200%. El art. 47.4 presume el acto de servicio, salvo prueba en contrario, cuando la incapacidad o el fallecimiento acaecen en el lugar y tiempo de trabajo.

5. Las clases pasivas: pensiones en favor de familiares y complementos a mínimos

5.1 Pensión de viudedad. El art. 38 RDL 670/1987 acoge cinco supuestos: matrimonio vigente al fallecimiento, separación o divorcio, nulidad matrimonial, pareja de hecho vigente y pareja de hecho extinguida. Todos comparten la misma causa de extinción (ap. 6, añadido por la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, en vigor 01/01/2023): el matrimonio o constitución de nueva pareja de hecho.

5.2 Cuantía de la viudedad. La base reguladora es siempre la pensión de jubilación o retiro del causante (real si ya estaba jubilado, teórica si falleció antes), calculada con el art. 31. El porcentaje general es del 50%, con un incremento de 8 puntos (o 4 si el porcentaje era el 25% por pensión extraordinaria) cuando concurran los cuatro requisitos acumulativos del 39.3.

5.3 Pensión de orfandad. Funciona en dos escalones: un derecho básico hasta los 21 años (o sin límite si hay incapacidad para todo trabajo) y una extensión hasta los 25 años condicionada a la situación económica. La Ley 31/2022 modificó los apartados 1 y 2; la Ley 3/2019 y la LO 2/2022 incorporaron el régimen reforzado por violencia contra la mujer (42.9 y 42.10).

5.4 Pensión a favor de los padres. Es la más subsidiaria: solo se reconoce cuando no existe cónyuge supérstite con derecho a viudedad ni hijos con derecho a orfandad. Si existen, el derecho queda en suspenso hasta el fallecimiento o pérdida de aptitud del último de ellos. No hay acrecimiento entre los dos progenitores (art. 45.3).

5.5 Complementos a mínimos. El art. 27 RDL 670/1987 regula la revalorización anual, los complementos a mínimos y las limitaciones en el crecimiento de las pensiones. Ninguna pensión puede quedar por debajo del importe mínimo de la LPGE, pero el complemento tiene un techo (no puede superar la cuantía de la pensión no contributiva) y está condicionado a que el beneficiario no tenga ingresos superiores al límite de la LPGE y resida en territorio español.