Tema 6 — Igualdad, no discriminación y dependencia

Bloque I Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado · Especialidad de Agentes de la Hacienda Pública · Ingreso libre

1. Políticas de igualdad de género, no discriminación y contra la violencia de género.
2. Discapacidad y dependencia: régimen jurídico.

Epígrafe 1 — Políticas de igualdad de género, no discriminación y contra la violencia de género

1. Marco normativo de la igualdad de género

1.1 Marco internacional

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico de alcance universal asumido por España hace décadas. El hito más relevante es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983.

A la CEDAW se suman cuatro Conferencias Mundiales de la ONU sobre la Mujer: México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Pekín (1995). La de Pekín consolidó dos ejes que han guiado las políticas posteriores: la transversalidad del principio de igualdad en todas las políticas públicas y la representación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones.

1.2 Marco de la Unión Europea

El Tratado de Ámsterdam (en vigor desde el 1 de mayo de 1999) elevó la igualdad entre mujeres y hombres a misión y objetivo de la Unión. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea la consagra en tres preceptos consecutivos: el art. 20 (igualdad ante la ley), el art. 21 (prohibición general de toda discriminación) y el art. 23 (igualdad específica entre mujeres y hombres, con apertura expresa a las acciones positivas).

La Ley Orgánica 3/2007 transpuso al Derecho español dos directivas de la Unión: la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002 (modificación de la Directiva 76/207/CEE sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en el empleo) y la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004 (igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro).

1.3 Fundamento constitucional español

La Constitución contiene dos preceptos base de toda política de igualdad. El art. 14 CE garantiza la igualdad formal: los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna «por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». El art. 9.2 CE añade la dimensión material: corresponde a los poderes públicos «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas» y «remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud».

Las dos leyes troncales del epígrafe se anclan expresamente en estos preceptos:

• La Ley Orgánica 3/2007, en su art. 1.1, declara que su objeto se persigue «en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución».
• La Ley 15/2022, en su art. 1.1, amplía el anclaje constitucional incorporando el art. 10 CE: su finalidad es promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación «en desarrollo de los artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución».

2. La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, fue la primera gran ley española de igualdad real entre mujeres y hombres y articula las políticas públicas de género en torno a un principio general (igualdad de trato y de oportunidades), una tutela frente a la discriminación y una serie de instrumentos sectoriales: empleo público, empleo privado, organización institucional, bienes y servicios, responsabilidad social, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2.1 Objeto y ámbito de aplicación (arts. 1-2)

El art. 1 declara que mujeres y hombres «son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes» y fija como objeto «hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer» en cualquier ámbito de la vida. La ley actúa por tanto en un triple plano: establece principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas (públicas y privadas) y prevé medidas correctoras de toda forma de discriminación por razón de sexo.

El art. 2 fija el ámbito de aplicación: todas las personas gozan de los derechos derivados del principio de igualdad de trato, y las obligaciones de la ley alcanzan a «toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia». Su ámbito subjetivo es por tanto el más amplio posible.

2.2 El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación (Título I, arts. 3-13)

El Título I sostiene el régimen general de la ley sobre cuatro pilares: definición del principio, tipos de discriminación, consecuencias jurídicas y mecanismos de tutela.

El art. 3 define el principio de igualdad de trato como «la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo», y, especialmente, de las derivadas «de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil». El art. 4 lo eleva a principio informador del ordenamiento jurídico, que «se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas». El art. 5 garantiza la igualdad en el ámbito del empleo (público y privado) en cinco órbitas: acceso al empleo —incluido el trabajo por cuenta propia—, formación profesional, promoción profesional, condiciones de trabajo (con mención expresa de las retributivas y de despido) y afiliación y participación en organizaciones sindicales y empresariales.

2.3 Tipos de discriminación: directa, indirecta, acoso y embarazo (arts. 6-9)

Los arts. 6 a 9 tipifican las conductas discriminatorias por razón de sexo:

• Discriminación directa (art. 6.1): situación en que una persona es, ha sido o pudiera ser tratada «en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable».
• Discriminación indirecta (art. 6.2): «disposición, criterio o práctica aparentemente neutros» que ponen a personas de un sexo en desventaja particular, salvo justificación objetiva por finalidad legítima con medios necesarios y adecuados. En todo caso, es discriminatoria toda orden de discriminar (art. 6.3).
• Acoso sexual (art. 7.1): «cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual» que atente contra la dignidad de una persona, en particular creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
• Acoso por razón de sexo (art. 7.2): comportamiento «realizado en función del sexo» de una persona con el mismo efecto. Ambos son siempre discriminatorios (art. 7.3).
• Discriminación por embarazo o maternidad (art. 8): «todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad» es discriminación directa.
• Indemnidad frente a represalias (art. 9): es discriminación el trato adverso que sufra una persona por presentar queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso destinados a exigir el cumplimiento del principio de igualdad.

2.4 Tutela judicial, acciones positivas y prueba (arts. 10-13)

• Consecuencias jurídicas (art. 10): los actos y cláusulas que constituyan o causen discriminación por razón de sexo «se considerarán nulos y sin efecto» y darán lugar a responsabilidad mediante un sistema de reparaciones o indemnizaciones reales, efectivas y proporcionadas, y de sanciones eficaces y disuasorias.
• Acciones positivas (art. 11): los poderes públicos adoptarán «medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho». Su rasgo característico es la temporalidad: son aplicables «en tanto subsistan» dichas situaciones, y han de ser razonables y proporcionadas. La ley extiende expresamente esta posibilidad a las personas físicas y jurídicas privadas (art. 11.2).
• Tutela judicial efectiva (art. 12): cualquier persona puede recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad (art. 53.2 CE), incluso tras terminar la relación; la legitimación corresponde a las personas con interés legítimo, salvo en los litigios sobre acoso, en los que la persona acosada es la única legitimada (art. 12.3).
• Prueba (art. 13): en los procedimientos fundados en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, «corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación». Esta inversión de la carga de la prueba no se aplica a los procesos penales (art. 13.2).

2.5 Los doce criterios generales de actuación de los Poderes Públicos (art. 14)

El art. 14 enumera doce criterios generales de actuación de los poderes públicos a los fines de la ley. Entre ellos: el compromiso con la efectividad del derecho de igualdad (1.º); la integración del principio en el conjunto de las políticas para evitar la segregación laboral y la brecha retributiva (2.º); la cooperación entre Administraciones (3.º); la participación equilibrada en candidaturas electorales y toma de decisiones (4.º); la erradicación de la violencia de género, familiar y del acoso (5.º); la atención a los colectivos de especial vulnerabilidad (6.º); la protección de la maternidad (7.º); las medidas de conciliación y corresponsabilidad (8.º); la colaboración con los agentes sociales y asociaciones de mujeres (9.º); el fomento de la igualdad entre particulares (10.º); la implantación de un lenguaje no sexista (11.º); y la integración de todos estos puntos en la cooperación internacional para el desarrollo (12.º).

2.6 Transversalidad, planificación y estadísticas (arts. 15-22)

El art. 15 consagra la transversalidad: el principio de igualdad «informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos», que lo integrarán de forma activa en sus disposiciones normativas y en la presupuestación de las políticas públicas. Los arts. 17 a 21 articulan los instrumentos de planificación, evaluación y colaboración:

3. Planes de igualdad en empresas y distintivo empresarial (arts. 45-50)

3.1 Quién está obligado a tener plan de igualdad (art. 45)

El art. 45 obliga a todas las empresas a respetar la igualdad de trato en el ámbito laboral y a adoptar medidas, negociadas con la representación legal de los trabajadores, para evitar la discriminación. La obligación formal de elaborar un plan de igualdad recae sobre tres grupos: las empresas de cincuenta o más trabajadores (art. 45.2), las que así lo prevea su convenio colectivo (art. 45.3) y aquellas a las que la autoridad laboral se lo imponga como sustitutivo de sanciones accesorias en un procedimiento sancionador (art. 45.4). Para el resto, la elaboración es voluntaria (art. 45.5).

3.2 Concepto y diagnóstico previo: las nueve materias del art. 46

El art. 46 define los planes de igualdad como «un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación», que fijan objetivos concretos de igualdad, estrategias para alcanzarlos y sistemas de seguimiento y evaluación. Con carácter previo se elabora un diagnóstico negociado que debe abarcar al menos nueve materias (art. 46.2): a) selección y contratación · b) clasificación profesional · c) formación · d) promoción profesional · e) condiciones de trabajo, con auditoría salarial · f) corresponsabilidad · g) infrarrepresentación femenina · h) retribuciones · i) prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

El art. 46.4 crea el Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, integrado en los Registros de convenios y acuerdos colectivos dependientes de la Dirección General de Trabajo y de las Autoridades Laborales autonómicas, en el que las empresas están obligadas a inscribir sus planes (art. 46.5). El Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, desarrolla el contenido, las auditorías salariales, los sistemas de seguimiento y evaluación y el régimen de inscripción en el registro.

3.3 El distintivo «Igualdad en la Empresa» (art. 50 + RD 1615/2009)

El art. 50 ordena crear un distintivo para reconocer a las empresas que destaquen por su política de igualdad, que podrán utilizarlo en el tráfico comercial y con fines publicitarios. Para su concesión se valoran, entre otros criterios, la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección y categorías profesionales, la adopción de planes de igualdad y la publicidad no sexista de productos y servicios.

El desarrollo reglamentario está en el Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, que denomina el distintivo «Igualdad en la Empresa». La concesión tiene una vigencia inicial de cinco años (art. 15) y es prorrogable por igual plazo a solicitud de la empresa (art. 16.4). La convocatoria y la resolución corresponden al Ministerio de Igualdad; la tramitación se canaliza a través del Instituto de las Mujeres O.A. (organismo autónomo). La prórroga se solicita antes de expirar la vigencia y, transcurridos seis meses sin resolución expresa, opera el silencio administrativo positivo (art. 16.5).

4. El principio de igualdad en el empleo público (Título V LO 3/2007)

4.1 Los siete criterios de actuación de las Administraciones públicas (art. 51)

El art. 51 impone a las Administraciones públicas siete deberes en aplicación del principio de igualdad: a) remover los obstáculos a la igualdad efectiva en el acceso al empleo público y la carrera profesional; b) facilitar la conciliación sin menoscabo de la promoción; c) fomentar la formación en igualdad; d) promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración; e) establecer medidas de protección frente al acoso sexual y por razón de sexo; f) eliminar la discriminación retributiva; y g) evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad.

4.2 El Plan de Igualdad en la Administración General del Estado (art. 64)

El art. 64 ordena al Gobierno aprobar, «al inicio de cada legislatura», un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la AGE y en los organismos públicos vinculados o dependientes. El Plan fija los objetivos en materia de igualdad en el empleo público, es objeto de negociación con la representación legal de los empleados públicos y su cumplimiento «será evaluado anualmente por el Consejo de Ministros».

5. La organización institucional del Título VIII (arts. 76-78 + DA 1.ª)

El Título VIII LO 3/2007 articula tres órganos con funciones complementarias: la Comisión Interministerial de Igualdad (art. 76), órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas de los departamentos ministeriales; las Unidades de Igualdad (art. 77), red descentralizada que se encomienda a un órgano directivo en cada ministerio con cinco funciones (estadísticas, estudios, asesoramiento sobre el informe de impacto de género, formación y vigilancia del cumplimiento); y el Consejo de Participación de la Mujer (art. 78), órgano colegiado de consulta y asesoramiento y cauce de participación de las mujeres. Cada uno tiene su propio desarrollo reglamentario.

La disposición adicional primera define la composición equilibrada como la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de que se trate, «las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento».

6. La Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación

La Ley 15/2022, de 12 de julio, complementa la LO 3/2007 ampliando la tutela frente a la discriminación a un catálogo abierto de causas y reconociendo modalidades nuevas de conducta discriminatoria. Mientras la LO 3/2007 protege específicamente frente a la discriminación por razón de sexo, la Ley 15/2022 protege frente a la discriminación por cualquier motivo del art. 2.1.

6.1 Objeto, causas y ámbito objetivo (arts. 1-3)

El art. 1 fija como objeto «garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación» y respetar la igual dignidad de las personas, en desarrollo de los arts. 9.2, 10 y 14 CE. El art. 2.1 reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato «con independencia de su nacionalidad, de si son menores o mayores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal», y prohíbe la discriminación por un catálogo de causas que cierra con una cláusula abierta («o cualquier otra condición o circunstancia personal o social»). El art. 3.1 delimita el ámbito objetivo enumerando dieciséis ámbitos de aplicación (a-o), entre los que destacan, como novedosos, internet, redes sociales y aplicaciones móviles (n) y la inteligencia artificial y gestión masiva de datos (o), anticipándose a la discriminación algorítmica.

6.2 El catálogo de modalidades de conducta del artículo 6

El art. 6 define las modalidades de conducta. Junto a la discriminación directa e indirecta (que ya existían en la LO 3/2007, aunque solo por sexo), la ley introduce figuras nuevas en el ordenamiento español: la discriminación por asociación, por error, múltiple e interseccional, además de generalizar el acoso discriminatorio, la inducción, las represalias y la segregación escolar a todas las causas del art. 2.1. Dentro de la directa, la ley califica expresamente como discriminación la denegación de ajustes razonables a las personas con discapacidad.

El apartado 7 del art. 6 no es una modalidad discriminatoria, sino la definición de las medidas de acción positiva: diferencias de trato lícitas, temporales y proporcionadas, dirigidas a prevenir, eliminar y compensar la discriminación.

6.3 Estrategia Estatal y Autoridad Independiente (arts. 34 y 40-41)

La Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (art. 34) es el instrumento principal de colaboración territorial del Estado, tiene carácter cuatrienal y se reparte entre tres actores: la Conferencia Sectorial de Igualdad la prepara, sigue y evalúa; el Consejo de Ministros la aprueba; y el Ministerio de Igualdad elabora el informe de evaluación y lo traslada al Consejo de Ministros, a los Consejos de Gobierno autonómicos y a la Comisión competente del Congreso y del Senado.

Los arts. 40-41 crean la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, entidad de derecho público del art. 109 de la Ley 40/2015, con personalidad jurídica propia, plena capacidad pública y privada e independencia funcional respecto de las Administraciones; sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. Ejerce funciones de asistencia y orientación a las víctimas, mediación o conciliación (con consentimiento expreso de las partes y excluidas las materias penales y laborales), investigación de oficio, ejercicio de acciones judiciales, dictámenes preceptivos sobre la Estrategia Estatal e informe anual al Congreso, al Gobierno y al Defensor del Pueblo. Está dirigida por la persona titular de su presidencia, nombrada por el Gobierno mediante Real Decreto, con un mandato de cinco años sin posibilidad de renovación.

6.4 Régimen de infracciones y sanciones (arts. 47-49)

El art. 47 califica las infracciones como leves, graves o muy graves. Son leves las irregularidades formales sin efecto ni razón discriminatoria; graves los actos de discriminación directa, indirecta, por asociación o por error, la inducción u orden de discriminar, las represalias, el incumplimiento de un requerimiento administrativo específico y la acumulación de tres leves en un año; y muy graves la discriminación múltiple, el acoso discriminatorio, la presión grave sobre autoridad o personal en el ejercicio de potestades administrativas y la acumulación de tres graves en dos años. El art. 48 fija las multas, cuya recaudación se destina a sensibilización para la igualdad de trato (art. 48.3); y el art. 49.3 impone su aplicación en grado máximo cuando el infractor sea funcionario público en el ejercicio de su cargo.

7. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género es la primera norma española que aborda la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja desde un enfoque transversal: educativo, sanitario, mediático, laboral, asistencial, institucional, penal y procesal. Su carácter orgánico se justifica por el desarrollo del derecho fundamental a la integridad física y moral del art. 15 CE y por las medidas penales y procesales que articula.

La ley está estructurada en un Título Preliminar (objeto y principios rectores), cinco Títulos sustantivos (sensibilización · derechos de las víctimas · tutela institucional · tutela penal · tutela judicial) y un cierre con 21 disposiciones adicionales · 2 transitorias · 1 derogatoria · 7 finales.

8. Objeto y principios rectores de la LO 1/2004 (Título Preliminar, arts. 1-2)

8.1 Objeto y ámbito subjetivo (art. 1)

El art. 1 define la violencia de género como aquella que, «como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres», se ejerce sobre éstas «por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia». Comprende «todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad». El concepto legal tiene tres elementos cumulativos:

• Sujeto activo: quien sea o haya sido cónyuge de la víctima, o quien esté o haya estado ligado a ella por relación similar de afectividad. Cubre relaciones presentes y pasadas, tanto matrimoniales como análogas.
• Sujeto pasivo: la mujer en esa relación, no cualquier persona ni cualquier mujer.
• Vínculo: relación de afectividad equivalente al matrimonio, aun sin convivencia. La convivencia no es requisito, ni actual ni pasada.

El art. 1.4 —añadido por la LO 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia— extiende la cobertura de la ley a la violencia vicaria: la ejercida sobre familiares o allegados menores de edad con el objetivo de causar perjuicio o daño a la mujer.

8.2 Los once principios rectores (art. 2)

El art. 2 articula un conjunto integral de medidas en torno a once fines (a-k): a) fortalecer la sensibilización y prevención en los ámbitos educativo, social, sanitario y mediático; b) consagrar derechos de las víctimas exigibles ante las Administraciones; c) reforzar los servicios sociales de información, atención, emergencia y recuperación; d) garantizar derechos laborales y funcionariales; e) garantizar derechos económicos; f) establecer un sistema integral de tutela institucional a través de la Delegación del Gobierno y el Observatorio Estatal; g) reforzar el marco penal y procesal; h) coordinar los recursos de los poderes públicos; i) promover la participación de la sociedad civil; j) fomentar la especialización de los profesionales; y k) garantizar la transversalidad atendiendo a las necesidades específicas de cada mujer víctima.

9. Medidas de sensibilización, prevención y detección (LO 1/2004, Título I, arts. 3-16)

9.1 El Plan Estatal de Sensibilización y Prevención (art. 3)

El art. 3 ordena poner en marcha un Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género con carácter permanente, dirigido tanto a hombres como a mujeres, con un programa de formación de los profesionales que intervienen y controlado por una Comisión de amplia participación (a crear en el plazo máximo de un mes) en la que se asegure la presencia de las víctimas, las instituciones y los profesionales. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, oída la Comisión, elabora el informe anual de evaluación del Plan y lo remite a las Cortes Generales.

9.2 Ámbito educativo (arts. 4-9)

El sistema educativo integra la formación en igualdad y la prevención de la violencia de género en todos los niveles, adaptando los objetivos a cada etapa: la resolución pacífica de conflictos en Educación Infantil y Primaria, el respeto a la igualdad de oportunidades en la ESO y el análisis crítico de las desigualdades de sexo en Bachillerato y Formación Profesional. Las Universidades incluirán y fomentarán la formación, docencia e investigación en igualdad de género de forma transversal (art. 4.7).

El art. 5 garantiza la escolarización inmediata de los hijos e hijas afectados por un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género. El art. 7 exige formación específica del profesorado para la detección precoz de la violencia en el ámbito familiar.

9.3 Publicidad y medios de comunicación (arts. 10-14)

El art. 10 declara ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. La acción de cesación de esa publicidad la pueden ejercer cuatro sujetos legitimados (art. 12):

9.4 Ámbito sanitario (arts. 15-16)

El art. 16 ordena constituir, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, una Comisión contra la Violencia de Género en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). La Comisión apoya técnicamente las medidas sanitarias, evalúa el protocolo sanitario y emite un informe anual que se remite al Observatorio Estatal y al Pleno del CISNS.

10. Derechos de las mujeres víctimas (LO 1/2004, Título II, arts. 17-28 ter)

El Título II reconoce un catálogo cerrado de derechos exigibles ante las Administraciones públicas: información, asistencia social integral, asistencia jurídica gratuita, derechos laborales y de Seguridad Social, derechos económicos, acceso a vivienda y derecho a la reparación.

10.1 Garantía de los derechos y servicios esenciales (art. 17)

El art. 17 garantiza a todas las víctimas los derechos reconocidos en la ley sin discriminación en su acceso, y declara servicios esenciales los de información y orientación, atención psicosocial inmediata, asesoramiento jurídico 24 horas y acogida y asistencia social integral.

10.2 Información, atención integral y atención sanitaria (arts. 18, 19 y 19 bis)

El art. 18 garantiza el derecho a recibir plena información y asesoramiento adaptado a la situación personal de la víctima, en formato accesible para mujeres con discapacidad (lengua de signos y otros sistemas alternativos y aumentativos) y en la lengua oficial del territorio para quienes desconozcan el castellano.

El art. 19.2 concreta que la atención multidisciplinar implicará especialmente: a) información a las víctimas; b) atención psicológica; c) apoyo social; d) seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer; e) apoyo educativo a la unidad familiar; f) formación preventiva en valores de igualdad; y g) apoyo a la formación e inserción laboral. El art. 19.5 extiende la asistencia social integral a los menores bajo la patria potestad o guarda y custodia de la víctima, o que convivan en contextos de violencia, exigiendo profesionales de psicología infantil para los hijos e hijas menores víctimas de violencia vicaria.

El art. 19 bis reconoce el derecho de las víctimas y de sus hijos e hijas a la atención sanitaria del Sistema Público de Salud, con especial atención psicológica y psiquiátrica y seguimiento hasta su total recuperación.

10.3 Asistencia jurídica gratuita (art. 20)

Las víctimas tienen derecho a asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia y a defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. Una misma dirección letrada asume la defensa en todos los procesos. El derecho asiste también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos.

10.4 Derechos laborales y de Seguridad Social (art. 21)

El art. 21.1 reconoce a la trabajadora víctima, en los términos del Estatuto de los Trabajadores, seis derechos:

El art. 21.3 reconoce a las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a víctimas de violencia de género una bonificación del 100 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante todo el período de suspensión o durante seis meses en los supuestos de movilidad o cambio de centro de trabajo.

El art. 21.5 suspende durante seis meses la obligación de cotización de las trabajadoras autónomas víctimas que cesen su actividad para hacer efectiva su protección, considerándose ese período como cotización efectiva y la situación como asimilada al alta.

10.5 Derechos de las funcionarias públicas (arts. 24-25)

El art. 24 reconoce a la funcionaria víctima tres derechos en los términos de su legislación específica: reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica de centro de trabajo y excedencia. El art. 25 considera justificadas las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida.

10.6 Acreditación de la situación de violencia de género (art. 23)

El art. 23 establece que las situaciones de violencia de género que dan lugar a los derechos de la ley se acreditarán por cinco vías: sentencia condenatoria; orden de protección u otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima; informe del Ministerio Fiscal que indique indicios; informe de los servicios sociales, especializados o de acogida de la Administración competente; o cualquier otro título previsto en las disposiciones sectoriales. En el caso de víctimas menores de edad, la acreditación puede realizarse además por documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial.

10.7 Ayudas sociales y vivienda (arts. 27-28)

El art. 27 reconoce una ayuda de pago único a las víctimas que carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 % del salario mínimo interprofesional (excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias) y que, por su edad, falta de preparación y circunstancias sociales, tengan especiales dificultades para obtener empleo. El importe se gradúa en función de la situación de la víctima:

El art. 28 sitúa a las mujeres víctimas como colectivo prioritario en el acceso a viviendas protegidas y a residencias públicas para mayores, en los términos de la legislación aplicable. Es una vía complementaria —no alternativa— a las ayudas económicas del art. 27.

10.8 Derecho a la reparación (arts. 28 bis y 28 ter — añadidos por LO 10/2022)

El art. 28 bis reconoce a las víctimas el derecho a la reparación, que comprende la compensación económica por los daños y perjuicios, las medidas para su completa recuperación física, psíquica y social, la reparación simbólica y las garantías de no repetición. El art. 28 ter exige que la indemnización cubra al menos cinco partidas: el daño físico y psicológico (incluido el moral y a la dignidad) · la pérdida de oportunidades (educación, empleo, prestaciones sociales) · los daños materiales y la pérdida de ingresos (lucro cesante) · el daño social (proyecto de vida) · el tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva.

11. Tutela institucional de la LO 1/2004 (Título III, arts. 29-30)

La LO 1/2004 articula la tutela institucional sobre dos órganos de naturaleza distinta. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (art. 29), adscrita al Ministerio de Igualdad, es el órgano administrativo que formula las políticas públicas, elabora la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres y coordina e impulsa las actuaciones; su persona titular está legitimada ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos tutelados por la ley. El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (art. 30) es un órgano colegiado de asesoramiento, evaluación y propuesta que remite al Gobierno y a las CC. AA., con periodicidad anual, un informe sobre la evolución de la violencia y la efectividad de las medidas, con los datos desagregados por sexo. La DA 21.ª (añadida por la LO 10/2022) fija la periodicidad mínima trienal de la Macroencuesta.

12. Tutela judicial (LO 1/2004, Título V) — Secciones de Violencia sobre la Mujer

El Título V (arts. 43-72 LO 1/2004) construye el modelo español de tutela judicial especializada en violencia de género. La denominación literal del texto consolidado de la LO 1/2004 sigue siendo «Juzgados de Violencia sobre la Mujer». Sin embargo, tras la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, los arts. 87 bis, 87 ter y 87 quáter LOPJ —donde la propia LO 1/2004 había adicionado en su día la regulación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer— han sido suprimidos, y el régimen operativo se ha trasladado al art. 89 LOPJ, que articula las Secciones de Violencia sobre la Mujer integradas dentro del nuevo Tribunal de Instancia.

12.1 Organización territorial: del Juzgado a la Sección de Violencia sobre la Mujer

En la redacción originaria de la LO 1/2004 (art. 43, que adicionaba el art. 87 bis LOPJ), en cada partido judicial había uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital y jurisdicción en todo su ámbito territorial, pudiendo excepcionalmente extender su jurisdicción a dos o más partidos de la misma provincia. Tras la LO 1/2025, el art. 89 LOPJ traslada ese esquema a las Secciones de Violencia sobre la Mujer dentro del Tribunal de Instancia: la Sección se crea en función de la carga de trabajo y extiende su jurisdicción a todo el partido judicial; donde no la haya, el CGPJ puede atribuir el conocimiento a un juez o jueza de la Sección de Instrucción; y el Gobierno, por real decreto a propuesta del CGPJ, puede establecer Secciones que abarquen dos o más partidos de la misma provincia.

12.2 Competencias de la Sección de Violencia sobre la Mujer

El art. 89 LOPJ (tras la LO 1/2025) amplía sustancialmente las competencias respecto del literal del art. 44 LO 1/2004. La regulación operativa vigente es la del art. 89 LOPJ. La atribución expresa de la violencia sexual a estas Secciones (letra h del apdo. 5) entró en vigor el 3 de octubre de 2025, conforme a la disposición final 38.3 de la LO 1/2025.

12.3 Medidas judiciales de protección y seguridad (arts. 64-67 LO 1/2004)

Las medidas judiciales de protección y seguridad son compatibles con cualquier otra medida cautelar civil o penal y pueden acordarse de oficio o a instancia de parte. El texto consolidado mantiene una distinción crítica entre medidas potestativas e imperativas: el Juez podrá ordenar la salida del domicilio, el alejamiento y la prohibición de comunicaciones (art. 64), suspender la patria potestad, guarda, custodia, tutela o curatela (art. 65) y suspender la tenencia, porte y uso de armas (art. 67); en cambio, el Juez ordenará la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación con los menores (art. 66), salvo que el interés superior del menor justifique no acordarla, en cuyo caso debe pronunciarse motivadamente.

Epígrafe 2 — Discapacidad y dependencia: régimen jurídico

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (TRLGDPD). Es texto refundido del art. 82 CE: el Gobierno regulariza, aclara y armoniza tres leyes anteriores en un único cuerpo normativo, sin innovar el ordenamiento más allá del mandato delegante.

1. Marco normativo y reforma del artículo 49 CE

1.1 La evolución de la legislación española

El tratamiento jurídico de la discapacidad en España se refunde en el TRLGDPD a partir de tres normas anteriores:

El TRLGDPD se ancla constitucionalmente en los arts. 9.2, 10, 14 y 49 CE y en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Nueva York, 2006), que España ratificó en 2007 y entró en vigor en 2008. La Convención consagra el modelo social de la discapacidad: las personas con discapacidad son sujetos titulares de derechos —no destinatarios de políticas asistenciales— y los poderes públicos deben garantizar el ejercicio pleno y efectivo de esos derechos.

1.2 La reforma del artículo 49 CE (2024)

El art. 49 CE, en su redacción original de 1978, empleaba un lenguaje desfasado («disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos») y un enfoque asistencial. La Reforma constitucional de 15 de febrero de 2024 (BOE-A-2024-3099, en vigor 17/02/2024) actualizó el precepto al modelo social de la discapacidad. Es la tercera reforma de la Constitución desde 1978, tras la del art. 13.2 CE (1992, sufragio pasivo de extranjeros) y la del art. 135 CE (2011, estabilidad presupuestaria).

Artículo 49 CE · Personas con discapacidad (redacción vigente tras la Reforma de 15 de febrero de 2024)

1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.

2. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.

2. Objeto, definiciones y principios (Título Preliminar, arts. 1-3)

Artículo 1 · Objeto

El art. 1 fija un doble objeto: a) garantizar la igualdad de oportunidades y de trato y el ejercicio real de derechos de las personas con discapacidad —mediante la autonomía personal, la accesibilidad universal, el acceso al empleo y la inclusión en la comunidad—, conforme a los arts. 9.2, 10, 14 y 49 CE y a la Convención Internacional; y b) establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantiza las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

Artículo 2 · Quince definiciones (a-o)

El art. 2 contiene quince definiciones (a-o). La nuclear es la de discapacidad, entendida en clave de modelo social:

a) Discapacidad: es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Los quince conceptos del precepto son: a) discapacidad · b) igualdad de oportunidades (incluye la acción positiva) · c) discriminación directa · d) discriminación indirecta · e) discriminación por asociación · f) acoso · g) medidas de acción positiva · h) vida independiente · i) normalización · j) inclusión social · k) accesibilidad universal (comprende la accesibilidad cognitiva: lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas) · l) diseño universal o diseño para todas las personas · m) ajustes razonables · n) diálogo civil · o) transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. Los ajustes razonables (letra m) son «las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal […] que no impongan una carga desproporcionada o indebida».

Artículo 3 · Trece principios (a-m)

El art. 3 enumera trece principios (a-m) sin volver a definirlos: a) respeto de la dignidad inherente, autonomía individual e independencia · b) vida independiente · c) no discriminación · d) respeto por la diferencia y aceptación de la diversidad · e) igualdad de oportunidades · f) igualdad entre mujeres y hombres · g) normalización · h) accesibilidad universal · i) diseño universal o diseño para todas las personas · j) participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad · k) diálogo civil · l) respeto al desarrollo de la personalidad, en especial de las niñas y los niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad · m) transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.

3. Titulares y ámbito (arts. 4-5)

Artículo 4 · Titulares de los derechos

1. Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Las disposiciones normativas de los poderes y las Administraciones públicas, las resoluciones, actos, comunicaciones y manifestaciones de estas y de sus autoridades y agentes, cuando actúen en calidad de tales, utilizarán los términos «persona con discapacidad» o «personas con discapacidad» para denominarlas.

2. Además de lo establecido en el apartado anterior, a los efectos de esta ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

Sin perjuicio de lo anterior, a los efectos de la sección 1.ª del capítulo V y del capítulo VIII del título I, así como del título II, se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

3. El reconocimiento del grado de discapacidad deberá ser efectuado por el órgano competente en los términos desarrollados reglamentariamente.

La acreditación del grado de discapacidad se realizará en los términos establecidos reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional.

Artículo 5 · Ámbito de aplicación en igualdad, no discriminación y accesibilidad

Más allá de los derechos del Título I, las medidas de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal se aplican (art. 5) en nueve ámbitos (a-i): a) telecomunicaciones y sociedad de la información · b) espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación · c) transportes · d) bienes y servicios a disposición del público · e) relaciones con las administraciones públicas · f) Administración de justicia · g) participación en la vida pública y procesos electorales · h) patrimonio cultural · i) empleo.

4. Derechos del Título I — visión general

El Título I despliega los derechos en nueve capítulos. Los preceptos con mayor densidad normativa son los relativos a la igualdad como punto de partida (art. 7), la prevención de deficiencias (art. 11), la educación inclusiva (art. 18), la vivienda (art. 32) y el empleo (arts. 35-47).

Artículo 7 · Derecho a la igualdad

1. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos conforme a nuestro ordenamiento jurídico.

2. Para hacer efectivo este derecho a la igualdad, las administraciones públicas promoverán las medidas necesarias para que el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos de las personas con discapacidad sea real y efectivo en todos los ámbitos de la vida.

3. Asimismo, las administraciones públicas protegerán de manera singularmente intensa a aquellas personas o grupo de personas especialmente vulnerables a la discriminación múltiple como las niñas, niños y mujeres con discapacidad, mayores con discapacidad, mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, personas con pluridiscapacidad u otras personas con discapacidad integrantes de minorías.

Artículo 11.1 · Prevención de deficiencias e intensificación

1. La prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades constituye un derecho y un deber de todo ciudadano y de la sociedad en su conjunto y formará parte de las obligaciones prioritarias del Estado en el campo de la salud pública y de los servicios sociales. La prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades atenderá a la diversidad de las personas con discapacidad, dando un tratamiento diferenciado según las necesidades específicas de cada persona.

Artículo 18 · Contenido del derecho (selección de apartados 1 y 2)

1. Las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás.

2. Corresponde a las administraciones educativas asegurar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles educativos así como la enseñanza a lo largo de la vida y garantizar un puesto escolar a los alumnos con discapacidad en la educación básica, prestando atención a la diversidad de necesidades educativas del alumnado con discapacidad, mediante la regulación de apoyos y ajustes razonables para la atención de quienes precisen una atención especial de aprendizaje o de inclusión.

5. Vivienda y empleo (arts. 32, 37, 42, 43, 46)

Dos medidas de acción positiva con datos numéricos críticos: la reserva de viviendas protegidas (4 %) y la cuota laboral (2 %). No deben confundirse: son medidas en ámbitos distintos con porcentajes distintos.

Artículo 32.1 · Reserva de viviendas para personas con discapacidad

1. En los proyectos de viviendas protegidas, se programará un mínimo de un cuatro por ciento con las características constructivas y de diseño adecuadas que garanticen el acceso y desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con discapacidad.

Artículo 37.2 · Tipos de empleo (tres modalidades)

2. Las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho al trabajo a través de los siguientes tipos de empleo:

a) Empleo ordinario, en las empresas y en las administraciones públicas, incluido los servicios de empleo con apoyo.

b) Empleo protegido, en centros especiales de empleo y en enclaves laborales.

c) Empleo autónomo.

Artículo 42.1 · Cuota de reserva del 2 % en empresas de 50 o más trabajadores

1. Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad. El cómputo mencionado anteriormente se realizará sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquélla y cualquiera que sea la forma de contratación laboral que vincule a los trabajadores de la empresa. Igualmente se entenderá que estarán incluidos en dicho cómputo los trabajadores con discapacidad que se encuentren en cada momento prestando servicios en las empresas públicas o privadas, en virtud de los contratos de puesta a disposición que las mismas hayan celebrado con empresas de trabajo temporal.

De manera excepcional, las empresas públicas y privadas podrán quedar exentas de esta obligación, de forma parcial o total, bien a través de acuerdos recogidos en la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su defecto, de ámbito inferior, a tenor de lo dispuesto en el artículo 83.2 y 3, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, bien por opción voluntaria del empresario, debidamente comunicada a la autoridad laboral, y siempre que en ambos supuestos se apliquen las medidas alternativas que se determinen reglamentariamente.

Artículo 43.2 · Centros especiales de empleo (CEE)

2. La plantilla de los centros especiales de empleo estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el 70 por 100 de aquélla. A estos efectos no se contemplará el personal sin discapacidad dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social.

Artículo 43.4 · CEE de iniciativa social

Son CEE de iniciativa social (art. 43.4) los que, cumpliendo los requisitos de los apartados 1.º y 2.º, son promovidos y participados en más de un 50 % por entidades sin ánimo de lucro o con carácter social reconocido en sus Estatutos (asociaciones, fundaciones, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la economía social), y se obligan a la reinversión íntegra de sus beneficios en la creación de empleo para personas con discapacidad.

Artículo 46 · Enclaves laborales

Para facilitar la transición al empleo ordinario de las personas trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades para el acceso al mismo, se pueden constituir enclaves laborales, cuyas características y condiciones se establecen reglamentariamente.

Los enclaves laborales son grupos de trabajadores de un CEE que prestan servicios temporalmente en una empresa ordinaria. Su finalidad última es facilitar el tránsito al empleo ordinario, pero formalmente son empleo protegido (art. 37.2.b).

6. Protección social y arquitectura institucional (arts. 51-56)

Clases de servicios sociales — síntesis (art. 51)

Los servicios sociales del art. 51 se estructuran en nueve categorías: (1) apoyo familiar · (2) orientación e información · (3) prevención de deficiencias y promoción de la autonomía personal · (4) atención domiciliaria · (5) servicios de vivienda (atención residencial, viviendas tuteladas y otros alojamientos de apoyo) · (6) centros de día y de noche · (7) promoción de residencias, centros de día y de noche y viviendas tuteladas (por las Administraciones públicas, las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones) · (8) actividades deportivas, culturales, de ocio y tiempo libre (con principio de accesibilidad universal) · (9) derecho a residir en establecimiento especializado cuando la especificidad y necesidad de apoyos lo requiera.

Artículo 52 · Centros ocupacionales

1. Los centros ocupacionales tienen como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a las personas con discapacidad con el objeto de lograr su máximo desarrollo personal y, en los casos en los que fuera posible, facilitar su capacitación y preparación para el acceso al empleo.

Artículo 55 · Consejo Nacional de la Discapacidad

El Consejo Nacional de la Discapacidad es el órgano colegiado interministerial, de carácter consultivo, en el que se institucionaliza la colaboración del movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias y la Administración General del Estado, para la definición y coordinación de las políticas públicas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad. Su composición y funciones se establecerán reglamentariamente.

En particular, corresponderá al Consejo Nacional de la Discapacidad la promoción de la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.

El desarrollo reglamentario está en el Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre. Su art. 3 fija la composición:

Artículo 56 · Oficina de Atención a la Discapacidad

La Oficina de Atención a la Discapacidad es el órgano del Consejo Nacional de la Discapacidad, de carácter permanente y especializado, encargado de promover la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

7. Igualdad de oportunidades y garantías (Título II, arts. 63-77)

Artículo 63 · Vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades

Se entenderá que se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, definidas en el artículo 4.1, cuando, por motivo de o por razón de discapacidad, se produzcan discriminaciones directas o indirectas, discriminación por asociación, acosos, incumplimientos de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas.

Artículo 73 · Observatorio Estatal de la Discapacidad

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (art. 73) es un instrumento técnico de la AGE —a través de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad— para la recopilación, sistematización y difusión de información sobre discapacidad. Con carácter anual confecciona un informe sobre la situación y evolución de la discapacidad en España, con especial atención al género, que se eleva al Consejo Nacional de la Discapacidad.

Artículo 74 · Arbitraje

El art. 74 prevé un sistema arbitral que resuelve las quejas y reclamaciones de las personas con discapacidad en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, «sin formalidades especiales» y «con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes». El sometimiento es voluntario y debe constar por escrito.

Artículo 75 · Tutela judicial y protección contra represalias

La tutela judicial (art. 75.1) comprende todas las medidas necesarias para poner fin a la violación del derecho, prevenir violaciones ulteriores y restablecer al perjudicado. La indemnización no está limitada por un tope máximo fijado «a priori» y la indemnización por daño moral procede aun cuando no existan perjuicios económicos (art. 75.2).

Artículo 77 · Criterios especiales sobre la prueba

1. En aquellos procesos jurisdiccionales en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por motivo de o por razón de discapacidad, corresponderá a la parte demandada la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de la conducta y de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

2. Lo establecido en el apartado anterior no es de aplicación a los procesos penales ni a los contencioso-administrativos interpuestos contra resoluciones sancionadoras.

8. Régimen de infracciones y sanciones (Título III, arts. 78-87)

El Título III (arts. 78-87) establece un régimen sancionador propio en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Las infracciones se gradúan en leves, graves y muy graves (art. 81): la discriminación directa o indirecta y el incumplimiento de las exigencias de accesibilidad o de ajustes razonables son graves, mientras que el acoso y el incumplimiento reiterado de requerimientos administrativos son muy graves. Las sanciones son multas de cuantía creciente según la gravedad, con un techo máximo de un millón de euros para las muy graves; cabe imponer además sanciones accesorias (prohibición de concurrir a ayudas oficiales y, en su caso, inhabilitación para actividades de cuidado).

9. La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia es la respuesta del legislador español al envejecimiento poblacional y al aumento de la esperanza de vida. Crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y configura la atención a la dependencia como derecho subjetivo de ciudadanía —exigible ante los tribunales—, no como prestación graciable o asistencial.

10. Objeto y naturaleza jurídica del SAAD (Ley 39/2006, art. 1)

Artículo 1 · Objeto de la Ley

El art. 1 declara que la Ley regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, mediante la creación del SAAD, con la garantía por la AGE de un contenido mínimo común de derechos en todo el territorio. El Sistema responde a una acción coordinada y cooperativa de la AGE y las CC. AA., con participación, en su caso, de las Entidades Locales.

El SAAD se configura como una red de utilización pública que integra de forma coordinada centros y servicios, públicos y privados (art. 6.2). La integración no altera el régimen jurídico de titularidad, administración, gestión ni dependencia orgánica de los centros (art. 6.3).

11. Las ocho definiciones (Ley 39/2006, art. 2)

Artículo 2 · Definiciones

El art. 2 contiene ocho definiciones. La nuclear es la de dependencia:

2. Dependencia: el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.

Las ocho definiciones son: 1) autonomía (capacidad de tomar por iniciativa propia las decisiones personales y desarrollar las ABVD) · 2) dependencia · 3) Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) (cuidado personal, actividades domésticas básicas, movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes sencillas) · 4) necesidades de apoyo para la autonomía personal (discapacidad intelectual o mental) · 5) cuidados no profesionales (familia o entorno, en el domicilio, sin vinculación profesionalizada) · 6) cuidados profesionales (institución o entidad, con o sin ánimo de lucro, o profesional autónomo) · 7) asistencia personal · 8) tercer sector.

12. Los dieciocho principios (Ley 39/2006, art. 3)

El art. 3 enumera dieciocho principios (a-q, incluida la letra ñ) que inspiran la Ley: a) carácter público de las prestaciones · b) universalidad en el acceso · c) atención integral e integrada · d) transversalidad · e) valoración con criterios de equidad · f) personalización de la atención · g) prevención, rehabilitación y estímulo social y mental · h) promoción de la mayor autonomía posible · i) permanencia en el entorno habitual · j) calidad, sostenibilidad y accesibilidad · k) participación de las personas y sus familias · l) colaboración de los servicios sociales y sanitarios · m) participación de la iniciativa privada · n) participación del tercer sector · ñ) cooperación interadministrativa · o) integración en las redes de servicios sociales de las CC. AA. · p) perspectiva de género · q) atención preferente a la gran dependencia (Grado III).

13. Derechos, obligaciones y titularidad (Ley 39/2006, arts. 4-5)

El art. 4 reconoce un catálogo cerrado de doce derechos especiales (a-l) y, en su apartado 4, las obligaciones del beneficiario y de sus familiares. El art. 5 fija los tres requisitos cumulativos de la titularidad.

Artículo 4.2 · Doce derechos especiales

El art. 4.2 reconoce, con carácter especial, doce derechos (a-l) además de los derechos generales de la legislación vigente: a) derechos humanos y libertades fundamentales, con respeto de la dignidad e intimidad · b) información completa y continuada, en términos comprensibles y accesibles · c) ser advertido del uso de los procedimientos con fines docentes o de investigación (autorización previa, expresa y por escrito) · d) confidencialidad en el tratamiento de sus datos · e) participar en las políticas que afecten a su bienestar · f) decidir sobre la tutela de su persona y bienes · g) decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial · h) ejercicio pleno de derechos jurisdiccionales en internamientos involuntarios, con proceso contradictorio · i) ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales · j) iniciar las acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa de su derecho · k) igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal · l) no sufrir discriminación por razón de orientación o identidad sexual.

Artículo 4.4 · Obligaciones del beneficiario y de sus familiares

4. Las personas en situación de dependencia y, en su caso, sus familiares o quienes les representen, así como los centros de asistencia, estarán obligados a suministrar toda la información y datos que les sean requeridos por las administraciones competentes para la valoración de su grado de dependencia, a comunicar todo tipo de ayudas personalizadas que reciban, a aplicar las prestaciones económicas a las finalidades para las que fueron otorgadas y a cualquier otra obligación prevista en la legislación vigente.

Artículo 5.1 · Titulares de derechos

1. Son titulares de los derechos establecidos en la presente Ley los españoles que cumplan los siguientes requisitos:

a) Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

b) Para los menores de 3 años se estará a lo dispuesto en la disposición adicional decimotercera.

c) Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Para los menores de cinco años el periodo de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia.

14. Configuración del SAAD: niveles y Consejo Territorial (Ley 39/2006, arts. 6-8)

Artículo 7 · Tres niveles de protección

La protección de la situación de dependencia por parte del Sistema se prestará en los términos establecidos en esta Ley y de acuerdo con los siguientes niveles:

1.º El nivel de protección mínimo establecido por la Administración General del Estado en aplicación del artículo 9.

2.º El nivel de protección que se acuerde entre la Administración General del Estado y la Administración de cada una de las Comunidades Autónomas a través de los Convenios previstos en el artículo 10.

3.º El nivel adicional de protección que pueda establecer cada Comunidad Autónoma.

Artículo 8 · Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD

El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD (art. 8) es el instrumento de cooperación del Sistema, adscrito al Ministerio competente. Lo preside la persona titular del Ministerio y lo integran los Consejeros autonómicos competentes, recayendo la vicepresidencia en uno de ellos; en su composición tienen mayoría los representantes de las comunidades autónomas. Pueden incorporarse asesores especialistas con voz pero sin voto.

Las funciones del Consejo Territorial (art. 8.2) más relevantes son: acordar el Marco de cooperación interadministrativa y el baremo de valoración · establecer los criterios de intensidad de protección de los servicios del Catálogo · acordar las condiciones y cuantía de las prestaciones económicas · adoptar los criterios de copago · aprobar planes, proyectos y programas conjuntos · servir de cauce de cooperación, comunicación e información entre Administraciones · informar la normativa estatal de desarrollo en materia de dependencia.

15. Cooperación interadministrativa (Ley 39/2006, arts. 9-12)

El art. 9 atribuye a la AGE la determinación del nivel mínimo, oído el Consejo Territorial. La asignación a las CC. AA. se calcula con tres variables simultáneas: número de beneficiarios + grado de dependencia + prestación reconocida. La financiación corre íntegramente a cargo de la AGE (art. 32.2).

El art. 10 prevé que, en el seno del Consejo Territorial, AGE y cada CA acuerden objetivos, medios y recursos mediante Convenios bilaterales, con criterios de reparto que tengan en cuenta la población dependiente, la dispersión geográfica, la insularidad, los emigrantes retornados y otros factores.

El art. 11.1 atribuye a las Comunidades Autónomas ocho funciones (a-h): planificar y ordenar los servicios en su territorio · gestionar los recursos para la valoración y atención · establecer los procedimientos de coordinación sociosanitaria · crear y actualizar el Registro de Centros y Servicios · asegurar la elaboración de los Programas Individuales de Atención (PIA) · inspeccionar y sancionar los incumplimientos · evaluar periódicamente el funcionamiento del Sistema · aportar a la AGE la información necesaria para los criterios de financiación.

El art. 12 reconoce a las Entidades Locales la participación en la gestión de los servicios conforme a la normativa de su comunidad autónoma y dentro de las competencias que la legislación vigente les atribuye, así como la posibilidad de participar en el Consejo Territorial.

16. Prestaciones y Catálogo de servicios (Ley 39/2006, arts. 14-15)

Artículo 14.2 · Prioridad de los servicios

2. Los servicios del Catálogo del artículo 15 tendrán carácter prioritario y se prestarán a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales por las respectivas Comunidades Autónomas mediante centros y servicios públicos o privados concertados debidamente acreditados.

Artículo 14.8 · Inembargabilidad de las prestaciones económicas

8. Las prestaciones económicas establecidas en virtud de esta Ley son inembargables, salvo para el supuesto previsto en el artículo 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 15.1 · Catálogo de servicios

El Catálogo del art. 15 comprende cinco categorías (a-e) con subtipos cerrados: a) servicios de prevención de la dependencia y de promoción de la autonomía personal · b) Teleasistencia · c) Ayuda a domicilio (atención de las necesidades del hogar · cuidados personales) · d) Centro de Día y de Noche (Centro de Día para mayores · para menores de 65 años · de atención especializada · Centro de Noche) · e) Atención Residencial (residencia de personas mayores en situación de dependencia · centro de atención por tipo de discapacidad).

17. Las tres prestaciones económicas (Ley 39/2006, arts. 17-20)

Artículo 18.1 · Carácter excepcional de la prestación por cuidados familiares

1. Excepcionalmente, cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar, y se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 14.4, se reconocerá una prestación económica para cuidados familiares.

Artículo 20 · Cuantía de las prestaciones económicas

La cuantía de las prestaciones económicas reguladas en los artículos de esta Sección se acordará por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para su aprobación posterior por el Gobierno mediante Real Decreto.

18. Régimen de incompatibilidad (Ley 39/2006, art. 25 bis)

Artículo 25 bis · Régimen de incompatibilidad de las prestaciones

El art. 25 bis fija la regla general de incompatibilidad de las prestaciones del Sistema, con la teleasistencia como gran excepción transversal:

19. Los grados de dependencia y su valoración (Ley 39/2006, arts. 26-27 y DA 17.ª)

Artículo 26 · Grados de dependencia

1. La situación de dependencia se clasificará en los siguientes grados:

a) Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.

b) Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.

c) Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Disposición adicional decimoséptima · Grado III+ de dependencia extrema

Régimen jurídico de las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.

1. Se crea un nuevo Grado III+ de dependencia extrema, que incluye a las personas que, teniendo reconocido el Grado III de dependencia están diagnosticadas con Esclerosis Lateral Amiotrófica en aquella fase avanzada de la enfermedad que determina una dependencia completa para actividades básicas de la vida diaria, así como asistencia instrumental y personal derivada de problemas respiratorios y disfagia. También se incluye a las personas que, teniendo reconocido el Grado III de dependencia, están diagnosticadas con otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, conforme a los criterios establecidos en el reglamento que determine el ámbito de aplicación de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, conforme a lo establecido en su disposición final séptima.

2. A este Grado III+ de dependencia extrema se le asignará un nivel mínimo de protección específico, garantizado por la Administración General del Estado, en función de la prestación o servicio que se disfrute.

Las personas que tengan reconocido un Grado III+ de dependencia extrema tendrán reconocido el acceso a una prestación económica vinculada al servicio, de conformidad con el artículo 17, que únicamente podrá ser destinada a ayuda a domicilio, o a una prestación económica de asistencia personal, en los términos previstos en el artículo 19.

La DA 17.ª fue añadida por el art. 1 del Real Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre (en vigor desde el 23 de octubre de 2025) y crea un Grado III+ de dependencia extrema como categoría adicional al art. 26: no sustituye los tres grados de la Ley 39/2006, sino que se superpone al Grado III para personas con ELA en fase avanzada o con otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. La cobertura material se limita a dos prestaciones: la prestación económica vinculada al servicio (PEVS, art. 17), únicamente destinada a ayuda a domicilio, o la prestación económica de asistencia personal (art. 19).

Artículo 27.2 · Exclusividad del baremo

No será posible determinar el grado de dependencia mediante otros procedimientos distintos a los establecidos por este baremo.

El baremo de valoración (acordado por el Consejo Territorial y aprobado por el Gobierno mediante Real Decreto — actualmente RD 174/2011) es el único procedimiento válido para la valoración del grado. Toma como referente la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF-OMS). Los órganos de valoración los determinan las CC. AA. y, en todo caso, tienen carácter público.

20. Reconocimiento del derecho y Programa Individual de Atención (Ley 39/2006, arts. 28-30)

Artículo 28.6 · Indelegabilidad de la valoración y prescripción

6. Los servicios de valoración de la situación de dependencia, la prescripción de servicios y prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas previstas en la presente Ley, se efectuarán directamente por las Administraciones Públicas no pudiendo ser objeto de delegación, contratación o concierto con entidades privadas.

Artículo 29.1 · Programa Individual de Atención (PIA)

1. En el marco del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y las prestaciones correspondientes, los servicios sociales correspondientes del sistema público establecerán un programa individual de atención en el que se determinarán las modalidades de intervención más adecuadas a sus necesidades de entre los servicios y prestaciones económicas previstos en la resolución para su grado, con la participación, previa consulta y, en su caso, elección entre las alternativas propuestas por parte del beneficiario y, en su caso, de su familia o entidades tutelares que le representen.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la determinación de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar corresponderá a la Administración competente, a propuesta de los servicios sociales.

El art. 30 prevé la revisión del grado por (a) mejoría o empeoramiento de la situación o (b) error de diagnóstico o en la aplicación del baremo. El PIA puede revisarse a instancia del interesado, de oficio por la CA con la periodicidad que su normativa establezca o con motivo de cambio de residencia a otra comunidad autónoma (art. 29.2).

21. Financiación, copago y órganos consultivos (Ley 39/2006, arts. 32, 33, 40-41)

Artículo 32 · Financiación del Sistema por las Administraciones Públicas (selección, apartado 3)

1. La financiación del Sistema será la suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a las Administraciones Públicas competentes y se determinará anualmente en los correspondientes Presupuestos.

2. La Administración General del Estado asumirá íntegramente el coste derivado de lo previsto en el artículo 9.

3. En el marco de cooperación interadministrativa previsto en el artículo 10, los Convenios que se suscriban entre la Administración General del Estado y cada una de las administraciones de las Comunidades Autónomas determinarán las obligaciones asumidas por cada una de las partes para la financiación de los servicios y prestaciones del Sistema. Dichos Convenios, que podrán ser anuales o plurianuales, recogerán criterios de reparto teniendo en cuenta la población dependiente, la dispersión geográfica, la insularidad, emigrantes retornados y otros factores, y podrán ser revisados por las partes.

La aportación de la Comunidad Autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado como consecuencia de lo previsto en este apartado y en el anterior.

Artículo 33.4 · Garantía de cobertura universal

4. Ningún ciudadano quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos.

El art. 33 regula la participación del beneficiario en el coste: capacidad económica personal + tipo y coste del servicio. El Consejo Territorial fija los criterios. Para fijar la participación, se distingue entre servicios asistenciales y servicios de manutención y hoteleros.

Comité Consultivo del SAAD (art. 40)

El Comité Consultivo es el órgano asesor del SAAD. Su composición es tripartita (Administraciones, organizaciones empresariales y organizaciones sindicales) y paritaria entre las Administraciones por una parte y las organizaciones sociales por otra.

Los acuerdos del Comité se adoptan por mayoría de los votos emitidos en cada una de las partes: requieren simultáneamente la mayoría de los votos de las Administraciones públicas y la mayoría de los votos de las organizaciones sindicales y empresariales.

Artículo 41 · Cuatro órganos consultivos

Serán órganos consultivos de participación institucional del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia los siguientes:

El Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

El Consejo Estatal de Personas Mayores.

El Consejo Nacional de la Discapacidad.

El Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.