Tema 2 — Los servicios de información administrativa

Bloque II Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado · Ingreso libre

1. Los servicios de información administrativa.
2. Iniciativas, reclamaciones y quejas.
3. Peticiones.

Epígrafe 1 — Los servicios de información administrativa

Marco normativo: Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano (BOE-A-1996-4997).

1. ¿Qué es la información administrativa?

El art. 1 RD 208/1996 define la información administrativa como un cauce a través del cual los ciudadanos pueden conocer sus derechos y obligaciones y utilizar los bienes y servicios públicos. La definición es sencilla, pero encierra la filosofía del modelo: la Administración no solo ejecuta, también tiene el deber de explicarse. El ciudadano tiene derecho a saber qué puede exigir, cómo hacerlo y ante quién. La información encomendada a las unidades y oficinas del capítulo II del Real Decreto podrá ser general o particular.

2. Información general e información particular (arts. 2 y 3)

El RD 208/1996 distingue dos modalidades con regímenes jurídicos completamente distintos. Conviene precisar bien sus diferencias.

Equivalencias actuales (no son el literal del BOE del RD 208/1996, pero sí el régimen jurídico aplicable hoy):

• Ley 30/1992 LRJAP-PAC (citada en arts. 31, 32 y 37) → derogada por las Leyes 39/2015 y 40/2015. El concepto de interesado está hoy en el art. 4 Ley 39/2015; la representación en el art. 5 Ley 39/2015; el acceso a archivos y registros (antiguo art. 37 Ley 30/1992) se rige por la Ley 19/2013, de transparencia.
• LO 5/1992 LORTAD → derogada por la LO 15/1999 LOPD, a su vez derogada por la LO 3/2018 LOPDGDD. Régimen vigente: Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) + LO 3/2018.

3. La red informativa (arts. 5 a 10)

El RD 208/1996 organiza la atención al ciudadano en una red de tres niveles: las unidades departamentales de cada Ministerio, el Centro de Información Administrativa (CIA) como pieza central, y las oficinas de información y atención que dan soporte territorial y sectorial.

A) Unidades departamentales de información administrativa (art. 5)

En cada Ministerio, el titular de la Subdirección General que tenga encomendada la competencia sobre información administrativa ostenta la jefatura de la unidad departamental de información administrativa. Esta unidad mantiene una interrelación activa y permanente con los centros directivos, entidades y organismos del Departamento, que deben transmitirle las variaciones que se produzcan en sus bases de datos.

Sus funciones (art. 5.3) se sintetizan en siete grandes ámbitos:

• Dirigir las oficinas de información y atención al ciudadano del Departamento, incluidas las sectoriales territoriales.
• Crear y mantener actualizada la base de datos de información administrativa del Departamento.
• Aportar apoyo documental y técnico a las demás unidades de información del Departamento.
• Impulsar y supervisar el intercambio de material informativo entre centros directivos y entidades del Departamento.
• Participar en la elaboración y distribución de las publicaciones y demás medios de difusión informativa del Departamento, manteniendo actualizado su catálogo.
• Colaborar con la Comisión Ministerial de Información Administrativa, gestionando los asuntos que esta le encomiende.
• Representar al Departamento ante los órganos colegiados de información administrativa.

B) Centro de Información Administrativa — CIA (art. 6)

El CIA es la pieza central de la red informativa. El BOE consolidado del art. 6.1 RD 208/1996 sigue citando literalmente su adscripción al Ministerio para las Administraciones Públicas, a la Secretaría de Estado para la Administración Pública a través de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública (IGSAP), con nivel orgánico de Subdirección General (conforme al art. 5 del RD 221/1987).

Sus funciones específicas (art. 6.2), además de las propias de las unidades departamentales, son:

• Mantener actualizadas y distribuir las bases de datos de la AGE, con la colaboración de las demás unidades departamentales.
• Sostener un sistema de información administrativa al ciudadano, eminentemente telefónico, sobre los servicios públicos y trámites de toda la AGE (antecedente funcional del actual teléfono 060, cuya base normativa expresa está hoy en el art. 8.1.h RD 210/2024: véase realidad institucional vigente más abajo).
• Cooperar en el desarrollo de las unidades de información de los demás Departamentos y organismos de la AGE.
• Actuar como órgano ejecutivo permanente de la Comisión Interministerial de Información Administrativa (referencia hoy letra muerta: la Comisión Interministerial fue suprimida por el RD 776/2011 — véase el apartado 4 (La derogación del RD 776/2011) al final del epígrafe).
• Promover y organizar, en colaboración con el INAP, cursos de capacitación en materias relacionadas con la información administrativa.

Realidad institucional vigente. El RD 210/2024, de 27 de febrero (estructura orgánica básica del MTDFP) atribuye en su art. 8.1.h a la Dirección General de Gobernanza Pública —dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública— «la gobernanza del teléfono 060, la gestión del Centro de Información Administrativa y la normalización de documentos e imagen institucional». La titularidad de la IGSAP recae sobre la persona titular de esa DG (art. 8.3 RD 210/2024); dentro de ella existe una Subdirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano.

C) Oficinas de información y atención al ciudadano (arts. 7 a 9)

Todas las oficinas realizan las funciones del Capítulo I (las seis funciones del art. 4) y los cometidos de gestión interna que el CIA o la unidad departamental les encomienden (art. 7).

La red se divide en cuatro tipos según su ubicación y carácter:

D) Colaboración entre Administraciones públicas (art. 10)

El art. 10 permite que, mediante convenio de colaboración suscrito por distintas Administraciones públicas, se acuerde que desde las oficinas de información y atención de cualquiera de ellas pueda ofrecerse a los ciudadanos la información administrativa de las otras, articulándose los mecanismos de comunicación para el intercambio de información, así como la creación de oficinas integradas con participación de varias Administraciones públicas.

Esto abre la puerta a las oficinas integradas multinivel (Estado + CC.AA. + Entidades Locales) que dan soporte hoy a la Red de Oficinas de Asistencia en Materia de Registros (Red OAMR) y al sistema de ventanilla única.

4. La derogación del RD 776/2011 — un punto a controlar

El Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, por el que se suprimieron determinados órganos colegiados (BOE-A-2011-9736), derogó los siguientes artículos del RD 208/1996:

• Art. 11 y art. 12: Comisión Interministerial de Información Administrativa (función y composición). Derogados por la disposición derogatoria principal.
• Art. 13: Comisiones Ministeriales de Información Administrativa. Derogado por la disposición derogatoria única.c) del propio RD 776/2011 (lista taxativa).

Aunque las dos Comisiones quedaron suprimidas en 2011, el RD 208/1996 sigue mencionándolas en artículos vigentes que no fueron reformados y han quedado como letra muerta: arts. 5.3.a y 5.3.f (Comisión Ministerial) y art. 6.2.d (Comisión Interministerial). El BOE solo señala la derogación con una nota a pie en el art. 6.

Epígrafe 2 — Iniciativas, reclamaciones y quejas

Marco normativo: Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado (BOE-A-2005-14836).

1. Marco general y ámbito de aplicación (arts. 1 a 4)

El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, establece el paraguas normativo bajo el que se encuadran todos los esfuerzos de calidad de la Administración General del Estado. Tras la corrección de errores del 22 de septiembre de 2005 y dos modificaciones puntuales (publicadas el 14/12/2006 y el 30/06/2009), el RD 951/2005 no se ha vuelto a reformar: la versión vigente en 2026 es la consolidada de 2009. Su desarrollo operativo está hoy en la Resolución de 11 de diciembre de 2021 de la Secretaría de Estado de Función Pública (BOE-A-2021-21334).

Su finalidad triple (art. 2) es:

• Mejorar la calidad de los servicios públicos.
• Proporcionar a los poderes públicos información consolidada para la toma de decisiones.
• Fomentar la transparencia mediante la información y difusión pública del nivel de calidad ofrecido a los ciudadanos.

El ámbito de aplicación (art. 4) alcanza a la Administración General del Estado, a sus organismos autónomos y a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

2. Los seis programas de calidad (art. 3.1)

El art. 3.1 integra el marco general para la mejora de la calidad de la AGE en seis programas: a) análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción de los usuarios; b) cartas de servicios; c) quejas y sugerencias; d) evaluación de la calidad de las organizaciones; e) reconocimiento; f) Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos.

3. Análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción (arts. 5 a 7)

El programa se articula en dos tipos de trabajos con finalidades distintas pero complementarias:

Garantías metodológicas (art. 6). Los trabajos de investigación —encuestas, sondeos, entrevistas, grupos de discusión u otros— se diseñan con modelos de referencia que permitan la consolidación y comparación de resultados a escala de toda la AGE. Se desarrollan dentro del marco metodológico general que establece el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) de acuerdo con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los participantes tienen garantizada la confidencialidad.

Financiación (art. 5.4). Los gastos asociados los asume cada órgano u organismo con cargo a sus presupuestos ordinarios: no hay financiación central para este programa.

4. Cartas de servicios (arts. 8 a 13): régimen jurídico

Definición y tipos (art. 8)

Las cartas de servicios son documentos que informan a los ciudadanos sobre los servicios encomendados, los derechos que les asisten y los compromisos de calidad en la prestación. El art. 8 distingue tres tipos posibles de cartas:

• Cartas generales del órgano u organismo (art. 8.1): conjunto de servicios que gestiona.
• Cartas de un servicio específico (art. 8.2): un único servicio del órgano.
• Cartas interorganizativas o interadministrativas (art. 8.3): servicios en cuya prestación participan varios órganos u organismos, dependientes de la AGE o de distintas Administraciones públicas. Se tramitan conforme al procedimiento que determine el Ministerio de Administraciones Públicas.

Estructura y contenido (art. 9)

Las cartas se estructuran en cuatro apartados obligatorios:

Elaboración, aprobación y difusión (arts. 10 y 11)

Las cartas estarán disponibles en las dependencias de atención al público, en el Servicio de Atención e Información al Ciudadano de cada Ministerio, en las Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares y en la dirección de Internet www.administracion.es (art. 11.4).

Seguimiento y certificación (art. 12)

Cartas de servicios electrónicos (art. 13)

Los departamentos y organismos con servicios electrónicos operativos publicarán, además de la carta general, cartas de servicios electrónicos, en las que informarán sobre los servicios accesibles electrónicamente y las especificaciones técnicas de uso. Se tramitan conforme a los arts. 10, 11 y 12 y deben estar disponibles en Internet y en soporte impreso.

5. Quejas y sugerencias (arts. 14 a 19)

Presentación y tramitación (arts. 14 y 15)

Cada órgano u organismo determina la unidad responsable de gestionar las quejas y sugerencias (art. 14). Las quejas se pueden formular por tres vías (art. 15.2):

• Presencialmente — el ciudadano cumplimenta y firma el formulario diseñado por el órgano. Puede ser auxiliado por los funcionarios responsables (art. 15.3).
• Por correo postal.
• Por medios telemáticos (correo electrónico o Internet) — deben estar suscritas con la firma electrónica del interesado.

El ciudadano recibe constancia de presentación por el medio que indique. Las quejas se clasifican conforme a una estructura básica de códigos que determine la SGAP, para suministrar información relevante sobre la prestación del servicio (art. 15.5).

Plazos de contestación (art. 16)

Seguimiento y efectos (arts. 17, 18 y 19)

La Inspección General de Servicios de cada departamento hace el seguimiento de las quejas y sugerencias relativas a sus órganos centrales y periféricos (art. 17.1). El seguimiento de las quejas de los servicios periféricos integrados en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno corresponde a la IGS del Ministerio de Administraciones Públicas (art. 17.2). Cada unidad responsable remite a la IGS de su Ministerio, en el mes de enero de cada año, un informe global de las quejas y sugerencias recibidas en el año anterior (art. 17.3).

6. Evaluación, reconocimiento y Observatorio (arts. 20 a 28)

Evaluación de las organizaciones (arts. 20 y 21)

La evaluación se articula en dos niveles (art. 20.1):

• Autoevaluación (art. 20.2): la propia organización analiza sus procesos y resultados, identifica puntos fuertes y deficiencias y elabora planes de mejora.
• Evaluación externa (art. 20.3): examen agregado de ámbito ministerial realizado por la Inspección General de Servicios del departamento, conforme al modelo de aprendizaje e innovación diseñado por el MAP.

Los modelos de gestión de calidad reconocidos para la realización de las autoevaluaciones están hoy fijados en la Resolución de 11 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública (BOE-A-2021-21334), que derogó la anterior Resolución de 6 de febrero de 2006 (BOE-A-2006-3516) y entró en vigor el 13 de enero de 2022. Son cuatro modelos:

Reconocimiento (arts. 22 a 25)

Dos subprogramas (art. 22):

a) Reconocimiento a la excelencia (art. 23). Certificación por el MAP de las organizaciones conforme a los modelos del art. 20, con concesión de un sello según el nivel de excelencia comprobado. Solo pueden solicitarlo las organizaciones que hayan completado su autoevaluación (art. 21).

b) Premios a la calidad e innovación en la gestión pública (arts. 24 y 25). Reconocen y galardonan a las organizaciones públicas que se hayan distinguido en alguno de tres ámbitos (art. 24.1):

• Excelencia del rendimiento global por comparación a modelos de referencia reconocidos.
• Innovación en la gestión de la información, el conocimiento y las tecnologías.
• Calidad e impacto de las iniciativas singulares de mejora implantadas.

Los premios se convocan por orden del Ministro de Administraciones Públicas (art. 25.2).

Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos (arts. 26 a 28)

El Observatorio está adscrito al MAP a través de la SGAP (art. 26.2) e integra a representantes de los órganos y organismos prestadores de los servicios y de los agentes socioeconómicos; al constituirse, se adecúa al criterio de paridad entre hombres y mujeres. Articula un sistema de comunicación con informadores clave representativos de los agentes socioeconómicos, propuestos por los órganos de representación y designados por el Secretario General para la Administración Pública (art. 28.2). Anualmente presenta y difunde públicamente un informe de evaluación global del conjunto de los servicios públicos analizados (art. 28.3).

7. Desfases ley/realidad acumulados en el RD 951/2005

El RD 951/2005 cita literalmente varias normas y órganos hoy desaparecidos. No se ha reformado desde 2009; el literal vigente es el del BOE consolidado, pero conviene conocer las equivalencias actuales para entender el régimen aplicable hoy.

• Ley 30/1992 (arts. 1 y 9.c) → derogada por las Leyes 39/2015 y 40/2015. Responsabilidad patrimonial: sustantiva en arts. 32-37 LRJSP + procedimental en arts. 65, 67, 81, 91-92 y 96.4 LPAC.
• RD 429/1993 (art. 9.c, Reglamento de procedimientos de responsabilidad patrimonial) → derogado por la disp. derog. única.2.b de la Ley 39/2015 (efectos 2-oct-2016); sin reglamento separado en el régimen vigente.
• Ley 6/1997 LOFAGE (arts. 1 y 3.3) → derogada por la Ley 40/2015 LRJSP (principios en arts. 3-4; organización en arts. 54-86).
• MAP / SGAP / IGSAP → hoy MTDFP / DG de Gobernanza Pública / titular de la DG (RD 210/2024, art. 8). Detalle en el apartado 4 del Epígrafe 1.
• «Ministerio de Economía y Hacienda» (arts. 9.c y 11.1) → hoy Ministerio de Hacienda para el informe favorable preceptivo sobre medidas económicas de subsanación.

Epígrafe 3 — Peticiones

Marco normativo: Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición (BOE-A-2001-21090).

1. Base constitucional: arts. 29 y 77 CE

El art. 29 CE reconoce el derecho de petición en dos apartados. El art. 29.1 lo reconoce con carácter general: «Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley». El art. 29.2 establece la gran excepción institucional: los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar pueden ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a su legislación específica.

El art. 77 CE regula las peticiones a las Cámaras Legislativas: pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas (art. 77.1); pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban, y el Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido siempre que las Cámaras lo exijan (art. 77.2).

Tutela reforzada del art. 53.2 CE

El derecho de petición, por estar incluido en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I CE (arts. 14 a 30), goza de la tutela jurisdiccional reforzada del art. 53.2 CE: cualquier ciudadano puede recabar su tutela ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

2. Titulares y destinatarios (arts. 1 y 2)

El art. 1.1 LO 4/2001 establece que toda persona natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente, sin que de su ejercicio pueda derivarse perjuicio alguno para el peticionario; no obstante, no quedan exentos de responsabilidad quienes con ocasión del ejercicio del derecho incurriesen en delito o falta.

El art. 1.2 quedó sin contenido por la disposición final 3.ª de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas (BOE-A-2011-12961). Su redacción original regulaba el ejercicio del derecho por militares y miembros de cuerpos disciplinarios; hoy ese régimen está en el art. 16 LO 9/2011 (véase apartado 3 de este epígrafe).

Destinatarios (art. 2). El derecho podrá ejercerse ante cualquier institución pública, administración o autoridad, así como ante los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades vinculados o dependientes de las Administraciones públicas, respecto de las materias de su competencia, cualquiera que sea su ámbito territorial o funcional.

3. Régimen específico de las Fuerzas Armadas (art. 29.2 CE + LO 9/2011)

El art. 29.2 CE establece una excepción constitucional al ejercicio colectivo del derecho de petición para los miembros de las FFAA y Cuerpos disciplinarios. La LO 9/2011, de 27 de julio, desarrolla este precepto en su art. 16: el militar podrá ejercer el derecho de petición sólo individualmente, en los supuestos y con las formalidades de la LO 4/2001; no son objeto de este derecho las solicitudes, quejas o sugerencias con procedimiento específico distinto, y para las cuestiones internas del servicio existen las vías del art. 28 LO 9/2011.

4. Objeto de las peticiones (arts. 3 y 8)

El art. 3 LO 4/2001 establece que las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto o materia comprendido en el ámbito de competencias del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo o general. No son objeto de este derecho las solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento establezca un procedimiento específico distinto al regulado en la Ley.

El derecho de petición tiene carácter residual: opera cuando el ordenamiento no prevé un cauce específico (recurso, reclamación, queja sectorial…). No sustituye a los recursos ni a los procedimientos administrativos previstos para cada materia.

5. Formalización de la petición (arts. 4, 5 y 6)

Forma y contenido (art. 4)

Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio (incluso electrónico) que permita acreditar su autenticidad, y deben incluir necesariamente:

• Identidad del solicitante.
• Nacionalidad si la tuviere.
• Lugar o medio elegido para la práctica de notificaciones.
• Objeto de la petición.
• Destinatario de la petición.

Peticiones colectivas (art. 4.2): además de los requisitos anteriores, firmadas por todos los peticionarios, debiendo figurar junto a la firma de cada uno su nombre y apellidos.

Cuenta a otra institución (art. 4.3): el peticionario podrá dar cuenta del ejercicio de su derecho a institución u órgano diferente de aquél ante quien dirigió la petición, remitiéndole copia del escrito sin otro efecto que el de su simple conocimiento.

Confidencialidad (art. 4.4): los peticionarios podrán exigir la confidencialidad de sus datos.

Lenguas cooficiales (art. 5)

En el ámbito territorial de las CCAA con cooficialidad lingüística, los peticionarios pueden formular sus peticiones a la AGE u organismos públicos vinculados en cualquiera de las lenguas oficiales y obtener respuesta en la lengua de su elección (art. 5.1). Si la documentación debe surtir efectos fuera del territorio autonómico, la institución instructora la traducirá al castellano, salvo que deba surtir efectos en otra CCAA donde sea cooficial esa misma lengua, en cuyo caso no será precisa la traducción (art. 5.3).

Presentación y acuse de recibo (art. 6)

El escrito puede presentarse ante cualquier registro o dependencia admitido por la legislación de procedimiento administrativo común (art. 6.1). La administración o autoridad que reciba la petición acusará recibo y lo comunicará al interesado dentro de los 10 días siguientes a su recepción (art. 6.2).

6. Tramitación, plazos y silencio (arts. 6 a 11)

Los cuatro plazos del derecho de petición

Subsanación e inadmisión (arts. 7 y 9)

Si el escrito no reúne los requisitos del art. 4 o no refleja los datos con suficiente claridad, se requerirá al peticionario para que subsane los defectos en 15 días hábiles, con apercibimiento de tenerle por desistido si no lo hiciera (art. 7.2). La declaración de inadmisibilidad será siempre motivada y debe acordarse y notificarse en los 45 días hábiles siguientes a la presentación (art. 9.1). En otro caso, se entiende que la petición ha sido admitida a trámite (art. 9.2).

Remisión por incompetencia (art. 10)

Tramitación y contestación de peticiones admitidas (art. 11)

Una vez admitida a trámite, la autoridad u órgano competente vendrá obligado a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación, pudiendo convocar a los peticionarios en audiencia especial si lo considera necesario (art. 11.1). Cuando la petición se estime fundada, vendrá obligado a atenderla y a adoptar las medidas oportunas para lograr su plena efectividad, incluido el impulso de los procedimientos necesarios para adoptar una disposición de carácter general (art. 11.2). La contestación recogerá, al menos, los términos en que la petición ha sido tomada en consideración y las razones y motivos por los que se acuerda acceder a ella o no, agregándose el acuerdo, medida o resolución específica que se haya adoptado (art. 11.3). Podrá acordarse la inserción de la contestación en el diario oficial que corresponda (art. 11.4), y anualmente se confeccionará una memoria de actividades derivadas de las peticiones recibidas (art. 11.5).

Silencio en el derecho de petición — los tres niveles

En el derecho de petición confluyen tres reglas distintas de silencio que conviene no confundir:

• Silencio positivo de admisión a trámite (art. 9.1 LO 4/2001): si en 45 días hábiles la Administración no declara la inadmisibilidad, la petición se entiende admitida. Silencio procesal, sobre la admisibilidad.
• Silencio negativo sobre el fondo (art. 24.1, párr. 2.º LPAC): admitida la petición, si la Administración no contesta en 3 meses, opera el silencio desestimatorio. Literal: «El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución». Es una excepción a la regla general del silencio positivo a instancia del interesado.
• Omisión recurrible (art. 12.b LO 4/2001): la omisión del deber de contestar en plazo es por sí misma motivo de recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales (arts. 114 y ss. LJCA), independientemente del efecto desestimatorio del silencio.

7. Protección jurisdiccional (art. 12)

El art. 12 LO 4/2001 declara el derecho de petición susceptible de tutela judicial por las vías del art. 53.2 CE, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones. Podrán ser objeto de recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales (arts. 114 y ss. Ley 29/1998 LJCA): a) la declaración de inadmisibilidad de la petición; b) la omisión de la obligación de contestar en plazo; c) la ausencia en la contestación de los requisitos mínimos del artículo anterior.

8. Regímenes especiales (Disposiciones Adicionales)

La LO 4/2001 contiene tres disposiciones adicionales que excepcionan o complementan el régimen general.

DA 1.ª — Cámaras Legislativas y Asambleas Autonómicas

Las peticiones dirigidas al Congreso de los Diputados, al Senado o a las Asambleas Legislativas de las CCAA se tramitarán de conformidad con sus respectivos Reglamentos, que deberán recoger la posibilidad de convocar en audiencia especial a los peticionarios cuando se considere oportuno. Las decisiones que adopten estas instituciones quedan sujetas, en todo caso, al régimen de garantías fijado en el art. 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (recurso de amparo contra decisiones o actos sin valor de ley emanados de las Cortes o de las Asambleas autonómicas).

DA 2.ª — Defensor del Pueblo e instituciones autonómicas análogas

DA 3.ª — Internos en instituciones penitenciarias

Las peticiones formuladas por los internos en el ámbito penitenciario se ajustan a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (LOGP), no a la LO 4/2001.