Tema 4 — El Poder Judicial

Bloque I Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado · Ingreso libre

1. El Poder Judicial.
2. El Consejo General del Poder Judicial.
3. El Tribunal Supremo.
4. La organización judicial española.

Epígrafe 1 — El Poder Judicial

1. ¿Qué es el Poder Judicial?

El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, junto con el Legislativo (Cortes Generales) y el Ejecutivo (Gobierno). Su régimen está en el Título VI de la Constitución (arts. 117 a 127) y, en desarrollo de éste, en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ).

Jueces y Magistrados de carrera forman un Cuerpo único (art. 122.1 CE). La distinción terminológica clásica entre Juzgados (unipersonales) y Tribunales (colegiados) se detalla en el Epígrafe 4, atendiendo a la organización resultante de la LO 1/2025.

Artículo 117 · Independencia y exclusividad jurisdiccional

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.

3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.

5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.

6. Se prohíben los Tribunales de excepción.

El art. 117 es la columna vertebral del Poder Judicial. Sus seis apartados condensan todos los principios: independencia, inamovilidad, responsabilidad, sometimiento al imperio de la ley, exclusividad jurisdiccional positiva y negativa, unidad jurisdiccional y prohibición de tribunales de excepción.

La potestad jurisdiccional consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Es exclusiva de Juzgados y Tribunales: ningún otro poder del Estado puede ejercerla.

Las cuatro notas del estatuto del juez (art. 117.1)

Principios de la jurisdicción (art. 117.3-6)

2. Principios y garantías del sistema judicial

Los arts. 118 a 121 CE configuran las garantías que rodean la actividad jurisdiccional: la obligación de cumplir y colaborar con la justicia, la gratuidad para quien no pueda costearla, los principios procesales de publicidad, oralidad y motivación, y la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Artículo 118 · Colaboración con la Justicia

Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

El art. 118 impone dos obligaciones universales: cumplir las sentencias y resoluciones firmes, y colaborar con la justicia cuando sea requerido (testificar, aportar documentos, etc.). Afecta a todos: ciudadanos, empresas y poderes públicos.

Artículo 119 · Gratuidad de la Justicia

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

La gratuidad tiene dos vías: (1) cuando la ley la establezca para determinados procedimientos, y (2) siempre para quienes acrediten insuficiencia de recursos. La materia se desarrolla por la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Artículo 120 · Publicidad, oralidad y motivación

1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.

2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.

3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

Tres principios procesales: publicidad de las actuaciones (con las excepciones legales), oralidad predominante (especialmente en lo penal) y motivación obligatoria de todas las sentencias, que además se pronuncian en audiencia pública.

Artículo 121 · Responsabilidad patrimonial del Estado por la Administración de Justicia

Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

Dos supuestos indemnizables: error judicial (equivocación del juez) y funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (retrasos injustificados, pérdida de documentos, etc.). En ambos casos la indemnización es a cargo del Estado, no del juez personalmente. Se conecta con el art. 106.2 CE (responsabilidad patrimonial de la Administración por funcionamiento de los servicios públicos).

Epígrafe 2 — El Consejo General del Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Su función nuclear es garantizar la independencia de los jueces y magistrados frente al Ejecutivo y al Legislativo. No juzga: gobierna (nombra, asciende, inspecciona y sanciona disciplinariamente).

Artículo 122 · El CGPJ

1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

El art. 122 cumple tres funciones: (1) reserva a la LOPJ la regulación de la constitución y gobierno de Juzgados y Tribunales, (2) crea el CGPJ como órgano de gobierno del Poder Judicial, y (3) fija la composición constitucional del CGPJ.

1. Composición del CGPJ: CE vs. LOPJ vigente

2. Funciones principales del CGPJ (art. 560 LOPJ)

3. Comisiones del CGPJ (art. 595.2 LOPJ)

El CGPJ ejerce sus atribuciones en Pleno o a través de Comisiones. Las Comisiones legalmente previstas son seis:

1. Permanente
2. De Calificación
3. Disciplinaria
4. De Asuntos Económicos
5. De Igualdad
6. De Supervisión y Control de Protección de Datos

La disposición transitoria 15.ª de la LO 1/2025, de 2 de enero, aplaza la entrada en vigor de la nueva redacción del art. 595 LOPJ (junto con los arts. 236 nonies, 610 ter y 620 bis) hasta la constitución del primer Consejo General del Poder Judicial posterior a la entrada en vigor de esa ley orgánica. Hasta entonces, la Comisión de Supervisión y Control de Protección de Datos no resulta operativa, por lo que las comisiones efectivamente en funcionamiento son las cinco anteriores.

Epígrafe 3 — El Tribunal Supremo

Artículo 123 · El Tribunal Supremo

1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.

2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

El TS tiene dos rasgos constitucionales: jurisdicción en toda España y órgano superior en todos los órdenes jurisdiccionales. La salvedad «en materia de garantías constitucionales» se refiere al Tribunal Constitucional, que NO forma parte del Poder Judicial. La LOPJ añade que el TS tiene su sede en la villa de Madrid y que ningún otro Tribunal podrá tener el título de Supremo (art. 53 LOPJ).

1. El Presidente del Tribunal Supremo (arts. 585-587 LOPJ)

2. Las cinco Salas del Tribunal Supremo (art. 55 LOPJ)

Epígrafe 4 — La organización judicial española

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) desarrolla el Título VI CE. Es la norma básica que organiza los órdenes jurisdiccionales, la planta y la demarcación judicial, los órganos que ejercen la potestad jurisdiccional y los principios que rigen la Administración de Justicia. Junto a ella, los arts. 124-127 CE configuran el Ministerio Fiscal, la participación ciudadana en la Justicia, la policía judicial y el régimen de incompatibilidades del Poder Judicial.

1. El Ministerio Fiscal (art. 124 CE)

Artículo 124 · El Ministerio Fiscal

1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

El Ministerio Fiscal tiene una triple misión: promover la acción de la justicia, velar por la independencia de los Tribunales y procurar la satisfacción del interés social.

Se rige por cuatro principios (art. 124.2): unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad. Hay dependencia jerárquica pero NO independencia (a diferencia de los jueces): todos los fiscales actúan en el mismo sentido, conforme a las instrucciones de la Fiscalía. Su régimen está en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre.

2. La participación ciudadana en la Justicia (art. 125 CE)

Artículo 125 · Participación ciudadana en la Justicia

Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

Tres formas de participación ciudadana:

1. Acción popular: cualquier ciudadano puede ejercitar la acción penal, no sólo la víctima.
2. Jurado: sólo en los procesos penales que la ley determine. Regulado por la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
3. Tribunales consuetudinarios y tradicionales: el art. 19 LOPJ reconoce cuatro:
   • El Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana.
   • El Consejo de Hombres Buenos de Murcia (añadido por LO 13/1999, de 14 de mayo).
   • El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco (añadido por LO 10/2021, de 14 de diciembre).
   • El Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia (añadido por LO 10/2021, de 14 de diciembre).

3. La policía judicial (art. 126 CE)

Artículo 126 · Policía judicial

La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.

La policía judicial depende orgánicamente de la Administración o cuerpo policial correspondiente — Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y policías locales (art. 547 LOPJ) — pero funcionalmente depende de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal cuando realiza funciones de investigación criminal. Son dos dependencias distintas y compatibles.

4. Incompatibilidades del Poder Judicial (art. 127 CE)

Artículo 127 · Incompatibilidades del Poder Judicial

1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.

2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.

Tres prohibiciones mientras estén en activo: (1) no otros cargos públicos, (2) no partidos políticos, (3) no sindicatos. Pero sí pueden pertenecer a asociaciones profesionales de jueces, magistrados y fiscales, cuyo régimen fija la ley.

5. Los cuatro órdenes jurisdiccionales

La jurisdicción ordinaria se divide en cuatro órdenes jurisdiccionales. Junto a ellos, la CE reconoce la jurisdicción militar, integrada por la LO 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, en el Poder Judicial del Estado pero limitada al ámbito estrictamente castrense y al estado de sitio.

6. Organización territorial y demarcación judicial

Artículo 30 LOPJ · Organización territorial

El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en Municipios, Partidos, Provincias y Comunidades Autónomas.

La organización territorial judicial no crea una red paralela: utiliza las mismas demarcaciones administrativas que ya existen, salvo el partido judicial, que es la única demarcación específicamente judicial.

Artículo 35 · Demarcación judicial

1. La demarcación judicial, que determinará la circunscripción territorial de los órganos judiciales, se establecerá por ley o, en los casos expresamente contemplados en esta norma, por real decreto.

2. A tal fin, las Comunidades Autónomas participarán en la organización de la demarcación judicial de sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a solicitud de éste, una propuesta de la misma en la que fijarán los partidos judiciales.

3. El Ministerio de Justicia, vistas las propuestas de las Comunidades Autónomas, redactará la correspondiente disposición normativa, que será informada por el Consejo General del Poder Judicial en el plazo de dos meses.

4. Emitidos los precitados informes, el Gobierno procederá a la tramitación del oportuno proyecto normativo.

5. La demarcación judicial será revisada cada cinco años o antes si las circunstancias lo aconsejan, mediante ley elaborada conforme al procedimiento anteriormente establecido.

6. Las Comunidades Autónomas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, determinarán, por ley, la capitalidad de los partidos judiciales.

Artículo 36 LOPJ · Creación de Secciones y plazas judiciales

La creación de las Secciones de las Audiencias y Tribunales y de plazas judiciales, siempre que no suponga alteración de la demarcación judicial, corresponderá al Gobierno, oídos preceptivamente la comunidad autónoma afectada y el Consejo General del Poder Judicial.

Si la creación altera la demarcación, hace falta ley; si no la altera, basta un acto del Gobierno con audiencia preceptiva a la CCAA y al CGPJ.

La planta judicial

La planta judicial (número y composición de los órganos judiciales) está regulada por la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, expresamente citada en la LOPJ tras la reforma de la LO 1/2025 (arts. 84.2 y 92.3).

7. Los órganos jurisdiccionales tras la LO 1/2025

Artículo 26 LOPJ · Catálogo de órganos jurisdiccionales

Los Tribunales a los que se atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional son los siguientes:

a) Jueces y juezas de paz.

b) Tribunales de Instancia.

c) Audiencias Provinciales.

d) Tribunales Superiores de Justicia.

e) Tribunal Central de Instancia.

f) Audiencia Nacional.

g) Tribunal Supremo.

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero ha sustituido los antiguos juzgados unipersonales especializados por Tribunales de Instancia y Tribunal Central de Instancia, con estructura interna en Secciones.

Órganos por nivel territorial

8. Los Juzgados de Paz (arts. 99-102 LOPJ)

9. Los Tribunales de Instancia (arts. 84-94 LOPJ)

Estructura del Tribunal de Instancia (art. 84 LOPJ)

Habrá un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, con sede en su capital, de la que tomará su nombre.

Estructura interna en Secciones:

• Regla general: una Sección Única, de Civil y de Instrucción.
• En los supuestos previstos por la Ley 38/1988: una Sección Civil y otra Sección de Instrucción separadas.
• Además, podrán existir alguna o varias de las siguientes Secciones especializadas:

Cada Tribunal de Instancia cuenta con una Presidencia. Las Secciones cuentan con Presidencia de Sección cuando concurren tres requisitos del art. 84.3: dos o más Secciones en el Tribunal, ocho o más plazas judiciales en la Sección y total de plazas del Tribunal igual o superior a doce.

Equivalencias respecto a la denominación clásica

10. Las Audiencias Provinciales (arts. 80-83 LOPJ)

11. Los Tribunales Superiores de Justicia (arts. 70-79 LOPJ)

El TSJ culmina la organización judicial en su Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo. Toma el nombre de la CCAA y extiende su jurisdicción a todo su territorio.

Las tres Salas del TSJ (art. 72.1 LOPJ)

12. La Audiencia Nacional (arts. 62-69 LOPJ)

13. El Tribunal Central de Instancia (art. 95 LOPJ)

En la Villa de Madrid y con jurisdicción en todo el territorio nacional existe un Tribunal Central de Instancia, que sustituye los antiguos Juzgados Centrales por un único Tribunal organizado en cinco Secciones especializadas (art. 95 LOPJ tras la LO 1/2025):

14. Aspectos complementarios

Nombramiento de Jueces y Magistrados (art. 316 LOPJ)

Año judicial y tiempo hábil (arts. 179-186 LOPJ)

Conflictos de jurisdicción (arts. 38-39 LOPJ)

En ambos casos, el Secretario es el Secretario de Gobierno del TS y el Presidente del Tribunal Supremo tiene voto de calidad en caso de empate.